Juan VeledÃaz
Guillermo Galván Galván recibió hace un par de meses en su domicilio un requerimiento judicial del juez décimo de distrito en el Estado de Chihuahua para que compareciera en un juicio por violaciones a derechos humanos de civiles. Tuvieron que pasar varias semanas para que el ex secretario de la Defensa Nacional, cargo que desempeñó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, contestara a un cuestionario que se le envió para que aclarara algunos aspectos detrás de las órdenes que dictó y que se ventilan en el proceso contra varios oficiales por lo sucedido en Ojinaga durante la âOperación Conjunta Chihuahuaâ. El hoy general en retiro y asesor del alto mando de la Sedena, quizá no imaginó que los âerrores del ejercicio del mandoâ, siguen configurando un escenario inédito en materia judicial dentro de este caso que sigue su curso en tribunales civiles.
En aquellos primeros meses del año 2008 el general de división Guillermo Galván Galván visitó Chihuahua para reunirse con los mandos militares en la entidad en medio de la peor crisis de seguridad que por entonces atravesaba esta región del paÃs. En una de aquellas juntas el entonces secretario de la Defensa Nacional, según declaraciones que se encuentran en documentos judiciales, ordenó implementar âmedidas enérgicasâ contra el narcotráfico en la zona.
En abril de aquel año comenzó la âOperación Conjunta Chihuahuaâ, como se llamó a la estrategia de seguridad federal que tuvo como objetivo desarticular las redes de tráfico de drogas, decomisar armamento y detener a los cabecillas de las organizaciones que por entonces operaban en la entidad y habÃan hecho de Ciudad Juárez, territorio de muerte y desolación.
En aquel año la cifra de muertos se incrementó de tal manera que Ciudad Juárez fue considerada la metropoli mas violenta del mundo. Las desapariciones forzadas de civles, los asesinatos de defensores de derechos humanos y de periodistas en la frontera, se dispararon de tal forma que la región fue declarada zona de alto riesgo para la vida cotidiana.
Ante el reclamo de violaciones graves a los derechos humanos en el verano del 2009 comenzó una serie de detenciones âselectivasâ de jefes, oficiales y tropa de unidades como la Tercera CompañÃa de InfanterÃa No Encuadrada (C.I.N.E.) con cuartel en Ojinaga; el 76 batallón de infanterÃa de Parral y el 35 de infanterÃa en Nuevo Casas Grandes. Lo que por entonces llamó la atención fue que otras unidades involucradas en denuncias graves de violaciones a los derechos humanos, que eran manejadas directamente por el general de brigada Felipe de Jesús Espitia Hermández comandante de la quinta zona militar en Chihuahua, como el 20 regimiento de caballerÃa y el 23 batallón de infanterÃa, no fueron llamadas a cuentas pese a que estaba documentada su participación en sucesos graves.
Tiempo después algunos de los militares detenidos de otras unidades, aseguraron que esas dos corporaciones estaban bajo âprotección polÃticaâ de la secretarÃa de la Defensa Nacional porque se buscaba âprotegerâ al general Espitia de ser llamado a juicio.
Al paso del tiempo cada uno de los juicios tomó su real dimensión. El caso Ojinaga, documentado desde hace varios años en este blog, ha sido uno de los referentes en cuanto a lo que los detenidos llaman âfabricación de culpablesâ y âmontajesâ detrás de un juicio del que han aflorado diversar irregularidades.
Preguntas para el general Galván
Desde enero pasado la abogada Brenda Patricia Briano Alamillo solicitó de nueva cuenta al juez décimo de distrito en Chihuahua, que llamara a declarar al general Galván Galván para que aclarara una serie de órdedes dictadas durante la âOperación Conjunta Chihuahuaâ. El año pasado y antepasado el ex secretario de la Defensa Nacional se habÃa negado a ser interrogado aduciendo que en su carácter de âalto funcionarioâ estaba exento de comparecer ante citatorios judiciales.
El general basó su dicho en un decreto de 1976, al finalizar el sexenio de Luis EcheverrÃa, donde el militar que dejaba de ser secretario de la Defensa Nacional en automático se convertÃa en asesor del alto mando y continuaba como âalto funcionarioâ.
El decreto fue impugnado judicialmente por uno de los oficiales procesados en el caso Ojinaga y después de varios años, el pasado mes de junio el general Galván compareció por escrito en el jucio.
Fueron tres preguntas formuladas por la abogada Briano Alamillo, defensora de oficio federal del mayor de infanterÃa Alejandro Rodas Cobón, quien era segundo comandante de la Tercera C.I.N.E. en aquellos años. Dos de las tres interrogantes, la segunda se omitió, iban sobre un solo sentido, conocer si Galván impuso un arresto sabiendo lo que ese correctivo implicaba. Dice el documento:
âQué diga el testigo si reconoce como suya la firma del correctivo disciplinario impuesto al mayor de infanterÃa Alejandro Rodas Cobón el dÃa 28 de agosto del año 2009?â.
âRespuesta: Siâ.
âEn caso de que su respuesta a la interrogante número uno sea en sentido positivo, que nos diga el motivo por el cual impuso un correctivo disciplinario por el término de quince 15 dÃas, cuando el mayor de infanterÃa Alejandro Rodas Cobón estaba siendo sujeto de investigación dentro de la averiguación previa GT/OJ/66/09â.
âRespuesta: Porque los correctivos disciplinarios con motivo de faltas administrativas se imponen al personal militar sin perjuicio de la investigación ministerial o proceso que se siga en su contraâ.
Hasta ahà el interrogatorio.
Ilegalidades en órdenes dictadas
El mayor Rodas Cobón hizo llegar a este blog una serie de observaciones a las respuestas que su abogada hizo al ex secretario de la Defensa Nacional que estuvo en funciones durante la llamada âguerra contra el narcoâ. El texto del ex segundo comandante de la Tercera C.I.N.E., dice:
âLa prueba recién recabada consistente en las respuestas del exsecretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván a tres preguntas relacionadas a mi detención ilegal durante la averiguación previa de donde derivaron las acusaciones en el caso Ojinaga por el cual se me juzga desde septiembre del año 2009, son de gran ayuda a mi defensa jurÃdica, porque citado funcionario reconoce haberme impuesto la orden de arresto que motivó mi reclusión durante la averiguación previa GN. OJINAGA/66/09, hecho que anuló mi derecho a una adecuada defensa al encontrarme durante citada averiguación previa incomunicado y por lo mismo sin poder ser asistido por un abogado durante las declaraciones ministeriales del 27 y 31 de Agosto del 2009.
Por sà sólo, el correctivo disciplinario que me impuso el general Galván no es violatorio de mi derecho a una adecuada defensa, porque imponerme el arresto estuvo dentro de sus facultades como mi superior jerárquicoâ.
âLo ilegal estriba en que no motivó dicha sanción al citar en el texto que el motivo fue por: âPermitir que personal bajo mi mando violara los Derechos Humanos de los habitantes de Ojinaga Chihuahua, siendo segundo comandante de la Tercera CompañÃa de InfanterÃa No Encuadradaâ.
âEn primer lugar mi cargo fue de segundo comandante de la compañÃa, por tanto no fue mi responsabilidad directa conducir al personal de dicha unidad militar durante la operación conjunta Chihuahua, sino de coadyuvancia al comandante de la misma teniente coronel de infanterÃa DEM José Julián Juarez RamÃrez, en quien recayó la responsabilidad directa de acuerdo a las leyes y reglamentos militaresâ.
âEn segundo lugar el general Galván no expone claramente a que personas y con que hechos violé sus derechos humanos. Y lo principal en el cuestionamiento del correctivo disciplinario en donde radica la ilegalidad principal es que sirvió para privarme de mi libertad durante el periodo de tiempo en que el ministerio público militar mayor de justicia militar Honorio Ãlavrez Félix (hoy retirado) integró la averiguación y solicito mi vinculación a proceso sin darme oportunidad de ejercer mi derecho de defensa consagrado en el artÃculo 20 constitucional. Honorio Ãlvarez Félix primero ordenó mi detención y luego investigo hechos supuestamente ocurridos un año atrás (2009)â.
âHay que recordar que mis compañeros del caso Ojinaga y yo llevamos casi diez años en prisión preventiva en un montaje de la entonces procuraria de justicia militar, que con âhuesos de animales mamÃferos de mediano a gran tamañoâ montó su âinvestigaciónâ realizada por los ahora militares retirados, mayor Carlos Alberto Rivera Medeles y coronel Sergio Hernández Cancino, encabezados por el general David Enrique Velarde Sigüenza, famoso por serl el general que no vio la construcción del túnel por donde escapó del penal del Altiplano JoaquÃn El Chapo Guzmán, realizándose dicho túnel a 500 metros de su comandancia del octavo regimiento blindado de reconocimiento en Almoloya de Juárez, Estado de Méxicoâ.
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