Miércoles, 24 de Julio de 2019
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 28 de Junio al 04 de Julio de 2019

Medina y Stevens, los lastres de corrupción del Carrerismo

Medina y Stevens, los lastres de corrupción del Carrerismo

Fernando Garduza


“Los potosinos no quieren funcionarios públicos corruptos y que no se apeguen a la Ley… Yo tampoco”, fue la frase que Juan Manuel Carreras López lanzó en su toma de protesta como gobernador en el año 2015, cuando aseguró que su gobierno lucharía contra la corrupción. Ahora el mandatario destaca justamente, por lo contrario, pues está señalado de “propiciar un letargo que alcanza tintes surrealistas”. Los ejemplos pasan por los hermanos Medina Salazar, Leopoldo Stevens, y la única víctima hasta ahora, la exdiputada Martha Orta.

En su portada del lunes 17 de junio, el periódico “Reforma” publicó como nota principal un artículo titulado: “Atoran en estados plan anticorrupción”. En el cual da cuenta de omisiones que han cometido algunas entidades y que obstaculizan el buen gobierno y la rendición de cuentas.

La consultora Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, la cual se especializa en temas de gobierno, corrupción y transparencia, reveló que San Luis Potosí es el séptimo estado del país con mayor tasa de incidencia de corrupción en trámites oficiales.

Dicha información aparece en el reporte “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, el cual afirma que en San Luis Potosí no avanza la creación del sistema local anticorrupción por motivos políticos. En particular señala la lentitud y desorganización que han impedido en San Luis Potosí la conformación del sistema local, lo cual beneficia al Ejecutivo.

Entre otras cosas, el estudio destaca que San Luis Potosí se ubica en el séptimo lugar de incidencia de casos de corrupción en trámites oficiales, con 28 mil 807 casos por cada cien mil personas, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi.

EJEMPLOS, VARIOS
El 19 de mayo pasado el analista político y asesor legislativo, Oswaldo Ríos escribió en Twitter: “¡Buenas tardes, PINCHES CORRUPTOS! Empresa del titular de la Comisión Estatal del Agua recibió 29 millones de pesos en obras. El funcionario lo admite en su declaración de intereses y luego dice que se trata de ‘Un error’”; en la publicación aparecía el link de una nota del periódico PULSO sobre el caso de los beneficios que ha recibido la familia Medina Salazar de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

También EMSAVALLES dio a conocer el hecho y esto generó un posicionamiento mediático de la propia SCT mediante su página de Internet respaldado a la empresa de los hermanos Medina Salazar, la cual consiguió un contrato por unos 100 millones de pesos para obras en la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale.

El propio titular de la CEA, Jesús Alfonso Medina Salazar, fue entrevistado sobre lo mismo y ante los cuestionamientos agredió a un reportero. El gobernador Carreras López no ha hecho un pronunciamiento y tampoco ha cumplido su palabra de no “querer a funcionarios públicos corruptos”. Lo mismo ha ocurrido con el titular de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

Leopoldo Stevens Amaro respondió a EMSAVALLES el 16 de mayo con respecto a una nota publicada un día antes, en la que este medio detalla que la empresa Desarrolla y Constructora Stevens fue beneficiada con una obra, también de la SCT, en la misma carretera, pero en este caso por aproximadamente 55 millones de pesos para la construcción de puentes.

El titular de Seduvop dijo mediante un escrito: “(…) quiero aclarar que dicha empresa no es de mi propiedad, no soy accionista y nunca he tenido alguna intervención en la toma de decisiones de la misma. Señalando que si bien, se trata de un concurso en el que participa un familiar en tercer grado, éste es un proceso de índole federal, por lo que, como servidor público del estado, no tengo ninguna injerencia”.

CASOS DOCUMENTADOS E INADMISIBLES
La organización Ciudadanos Observando ha denunciado diversos casos que por ahora han quedado solamente para la anécdota, pues el gobernador Carreras López no ha actuado, simplemente los ha dejado pasar, situación que ha ocurrido con los ya mencionados Medina Salazar y Stevens Amaro.

La semana pasada, Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización, anunció una protesta que se llevaría a cabo el domingo 23 de junio en Casa de Gobierno para exigir la destitución de Martha Orta Rodríguez como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sippina).

El ruido generado en redes sociales por parte de la organización fue suficiente para que la exdiputada presentara su renuncia el sábado, lo cual frenó la manifestación de Ciudadanos Observando. En su anuncio, Orta Rodríguez dijo que dejaba el cargo “por ser transparente y siempre con la vista al frente”, y para que el trabajo en el organismo “continúe sin contratiempos”.

Orta Rodríguez es señalada por la organización, por supuestamente haber sido parte de una red de corrupción de exdiputados que usaron empresas fantasmas para desviar recursos públicos de apoyos sociales. Además de que la relacionó con la desaparición de un acta de la Comisión de Vigilancia relacionada con el tema de la “fiesta fantasma” de la Auditoría Superior del Estado.

HOSPITAL CENTRAL, SIN CASTIGO
Otro caso documentado por Ciudadanos Observando tiene que ver con la compra irregular de medicamentos por parte del Hospital Central, del cual la organización asegura, el gobernador Carreras López tuvo conocimiento a detalle desde hace más de un año.

Comercializadora Ismalog SA de CV es una empresa “fantasma” que recibió, según detalló la organización, pagos por más de un millón de pesos por presuntamente suministrar medicamentos oncológicos para el cáncer de mama.

Esta empresa recibió compras por adjudicación directa por parte del director del Hospital Central, Francisco Alcocer Gouyonnet, que superaron el millón de pesos, ante lo cual, Ciudadanos Observando confirmó de manera oficial con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) que Comercializadora Ismalog SA de CV, no cuenta con ningún permiso sanitario para poder vender medicamentos y menos oncológicos.

“También esta empresa fantasma fue usada por los diputados panistas Mariano Niño, Josefina Salazar, Xitlálic Sánchez y Jorge Díaz Salinas, pero ahora para simular la compra de material de construcción y despensas. Actualmente existen siete denuncias penales contra varios de estos diputados por victimas que aseguran jamás firmaron ni recibieron ningún apoyo. Mariano Niño ya fue vinculado a proceso penal”, explicó Ciudadanos Observando.

Además, advierte el organismo, en mayo del 2018 Carreras López exigió al contralor general del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, una investigación seria y a fondo, sin embargo “nada pasó. Otro acto más de simulación y vil encubrimiento. Con un alto nivel de cinismo, Rosillo Iglesias declaró que, de acreditarse estos hechos con responsabilidad para los servidores públicos, ‘serían no sólo lamentables sino inaceptables’”, sin embargo, no ha pasado nada.

“De este nivel son las corruptelas y desviaciones de recursos públicos ante la terrible complicidad de Gabriel Rosillo y del Mandatario Juan Manuel Carreras que mantiene los ojos cerrados ante tanta ilegalidad de su administración”, sentencia Ciudadanos Observando.

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