Lunes, 15 de Octubre de 2018
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Semana del 29 de Septiembre al 05 de Octubre de 2018

Cuatro años del regreso del 27 de infantería

Cuatro años del regreso del 27 de infantería

Juan Veledíaz


Su negro historial en Guerrero lo ubica como uno de los batallones clave en la “Guerra Sucia” en los años setenta, que dejó centenares de desaparecidos durante la campaña militar contra la guerrilla de Lucio Cabañas, y tiempo después contra todo tipo de movimientos sociales que bajo el criterio castrense estuviera considerado “subversivo”. Una posible Comisión de la Verdad que indague sobre el destino de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa, que este miércoles 26 de septiembre cumplen cuatro años sin que se sepa su paradero, tendría que llamar a cuentas no a uno sino a varios ex comandantes de esta unidad, la cual es el picaporte para explicar en qué momento las tácticas contrainsurgentes abrieron la puerta a la posibilidad de utilizar paramilitares al servicio de las bandas del narcotráfico.

El general José Rodríguez Pérez iniciará su jornada laboral este miércoles 26 de septiembre como si no pasara nada. Quizá recordará en algún momento del día que hace cuatro años, cuando era coronel y tenía el mando del 27 batallón de infantería, su estrella cambió ya que ese mismo año fue ascendido a brigadier en medio de la tormenta social desatada por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Quizá Rodríguez Pérez a partir del próximo 1 de diciembre podría empezar a preocuparse si el blindaje que le procuró quien para esa fecha será ex secretario de la Defensa Nacional, no aguanta las presiones que vendrán día con día desde la subsecretaria de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, donde se tiene contemplado comenzar los trabajos que lleven a crear una Comisión de la Verdad por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Porque Rodríguez Pérez sigue siendo uno de los mandos militares a los cuales se le tienen reservadas una serie de preguntas por el papel que tuvieron las tropas bajo su mando la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, cuando grupos de comando del 27 de infantería se desplegaron en varios puntos de Iguala para monitorear y rastrear la ruta de los normalistas que entraron al municipio.

Hubo un momento hace un par de años, en el cenit de los ataques de la prensa oficialista que hacían eco de la irritación gubernamental por las interrogantes básicas de cualquier investigación judicial independiente, que se detuvo la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obtuviera información sobre el papel de los militares la noche en que desparecieron los 43 estudiantes y así despejar dudas sobre el rol que tuvieron.

Al igual que Rodríguez Pérez, en la cadena de mando aparece uno de los actores centrales que era comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo, el entonces general de brigada Alejandro Saavedra Hernández, hoy divisionario y actual jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Las preguntas formuladas por el GIEI, que molestaron demasiado al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien en dos meses dejará la titularidad de la Sedena, fueron sobre cuál había sido la participación de elementos del ejército, “qué actividades realizaron, bitácoras, entrevistas que tomaron a los jóvenes heridos y que se encontraban en la clínica”, donde los normalistas habían trasladado a uno de sus compañeros herido de gravedad.

Las columnas oficiosas, cuyos autores fueron beneficiarios este sexenio con millones de pesos del presupuesto oficial en publicidad para sus portales que nadie visita ni lee, no escatimaron las descalificaciones contra el GIEI. Los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidieron fotos, filmaciones, reportes escritos, grabaciones hechas por el C-4, que es el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo al que tiene acceso fuerzas federales y que controla el ejército desde donde se monitoreó con cámaras de seguridad el municipio, e informes a nivel de comando del ejército sobre la región de Iguala, Cocula y Chilpancingo, área que en su mayoría es jurisdicción del 27 de infantería.

Pidieron también los nombres de los militares, rango y unidad a la que pertenecían que realizaron labores de inteligencia, registro y control en Iguala durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, “durante los momentos previos, concomitados y posteriores a la desaparición de los 43 estudiantes”. De manera particular solicitaron los nombres de los miembros del ejército que se apersonaron en el hospital “Cristina” de Iguala, así como el nombre y rango del oficial que iba al mando del grupo que tomó la clínica donde se encontraba un grupo de estudiantes.

Los expertos del GIEI tenían información sobre los elementos de las policías de Iguala y Cocula que habían servido en el ejército de donde se habían retirado o dado de baja años atrás.

Algunos de ellos como Felipe Flores Vázquez, ex director de la corporación municipal en Iguala que estuvo prófugo dos años, habían pertenecido al 27 de infantería a donde rendían informes con regularidad. Otro que también pasó por el batallón fue César Nava González, ex subdirector de la policía de Cocula, vinculado a la organización criminal conocida como “Guerreros Unidos”.

Algo que también irritó al alto mando militar fue que se considerara la posibilidad de dar a conocer las operaciones clandestinas que realizan dos de los grupos especiales del ejército de los que muy poco se sabe y se conoce en la opinión pública. Ambos aparecen mencionados en documentos militares generados la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes.

Es el caso del llamado Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), iniciales que aparecen en varios de los documentos militares generados esa noche. De acuerdo a fuentes militares de inteligencia, esta unidad está conformada por agentes de la Policía Judicial Federal Militar (hoy ministerial), dedicados a labores de investigación e información. Están organizados por células, y están al mando de oficiales de la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

En 2016 se dio a conocer un informe, dentro del libro “La guerra que nos ocultan”, que señalaba que el celular de uno de los estudiantes asesinados, el joven que apareció con el rostro desollado a la mañana siguiente del ataque, tuvo actividad desde las instalaciones del Campo Militar número uno de la ciudad de México entre los días 27 de septiembre del 2014, horas después del ataque, y el 15 de abril del 2015.

En su momento en este Blog se publicó que, por la ubicación geográfica del teléfono móvil dentro de las instalaciones militares, la única instalación en esa área era la sede del AGESEB. Llamaba la atención que uno de los oficiales mencionados en la noche de Iguala, el entonces capitán José Martínez Crespo quien encabezó a uno de los grupos de comando del 27 de infantería, estuvo de servicio en la Judicial Militar.

Otro de las unidades especiales que se mencionan en los documentos es el Grupo de Análisis de Orden Interno (GAOI), área que depende de la subsección de Asuntos Especiales también en la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Varios de los mensajes antes, durante y después de la noche de Iguala, iban dirigidos al general Saavedra, comandante de la 35 zona militar, y al GAOI, unidad que se encarga de analizar información relacionada con organizaciones armadas clandestinas como el EPR y EZLN, y se enfoca a dar seguimiento a grupos guerrilleros en siete estados del país.

Furia y provocación
En esa mezcla entre el reclamo y el ataque vandálico, el pasado jueves 20 de septiembre un grupo de supuestos estudiantes normalistas de la normal “Isidro Burgos” algunos de los cuales se asumieron como integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), llegaron al cuartel del 27 batallón de infantería en Iguala a bordo de 12 autobuses para realizar una protesta que devino en ataques con petardos y bombas molotov a las instalaciones.

Los rijosos reprocharon a los militares que la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre cuando eran perseguidos por miembros de la delincuencia organizada, les hayan negado el apoyo y, por el contrario, hayan actuado en aparente colusión para que 43 de sus compañeros fueron secuestrados y desaparecidos.
Acompañados por padres de los desaparecidos, la protesta tomó visos de provocación como en años anteriores después de que incendiaran un cajero automático de Banejército y realizaran pintas en la barda perimetral.

La misma táctica la pusieron en marcha el martes 25 de septiembre pero ahora a las afueras de la sede de la 35 zona militar en Chilpancingo, donde otro grupo de inconformes se manifestó y de nuevo arremetió con bombas molotov y petardos hacia el interior del cuartel.

Imágenes con llamas a las afueras del campo militar donde despacha el general de brigada José Terán Valle, dieron la vuelta al mundo por la red de Internet a unas horas de que se cumpliera el cuarto aniversario del regreso del 27 de infantería con una de sus tácticas de “Guerra Sucia” que lo volvió célebre.

twitter. @velediaz424
sitio web. estadomayor.mx

 


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