Viernes, 24 de Noviembre de 2017
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 10 de Noviembre al 16 de Noviembre de 2017

Daniel Castro: Entre la impunidad y los errores

Daniel Castro: Entre la impunidad y los errores


Hace más de un mes fue asesinado el fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, lo cual generó una movilización importarte del gremio periodístico en San Luis Potosí. De botepronto, el gobernador Juan Manuel Carreras López atendió el asunto y puso a trabajar a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahora, a más de un mes del hecho, pesa sobre el mandatario una grave acusación que se suma a la falta de resultados en este caso.

La organización protectora de la actividad periodística, Artículo 19, acusó que el gobernador del Estado ha criminalizado a Esqueda Castro al mostrar ante funcionarios y empresarios el video donde aparece el fotoperiodista revelando supuestos actos criminales de otros integrantes del medio periodístico.

La organización publicó en el que acusa una estrategia por parte del Ejecutivo para criminalizar a Esqueda Castro: “fuentes anónimas corroboraron a ARTICLE 19 que el video fue presentado por el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, en actos a puerta cerrada en la casa de gobierno, donde asistieron personal de la PGE, la Secretaría de Gobierno del estado y empresarios. En dichos actos este material se ha presentado como legítimo”.

Advierte la organización que la criminalización de medios desde el Ejecutivo “es de suma gravedad, ya que la reproducción de mensajes de este tipo, abonan a la construcción de juicios mediáticos sin una previa investigación judicial exhaustiva, diligente e imparcial. Esto genera un ambiente adverso en la opinión pública y contraviene el acceso a la justicia”.

Además, acusa que la difusión mediática de este tipo de videos por parte de servidores públicos de alto nivel, “viola los derechos humanos y genera un efecto corruptor en el sistema de la justicia. Esto contrasta con la ausencia de información veraz y oportuna que imperan respecto al avance de las investigaciones de agresiones recientes contra la prensa en la entidad ya que fomenta la elucubración y la formulación de hipótesis desviadas respecto de los hechos ocurridos, sin garantizar el derecho a la verdad”.

Para Artículo 19, la libertad de expresión está bajo asedio y califica la actualidad del periodismo potosino como “el momento más bajo” para ejercerlo, pues el caso de Esqueda Castro es solo el principio de una serie de acciones intimidatorias contra periodistas por parte del propio Estado.

La organización también denunció “renuencia” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) para atraer la investigación del caso de Esqueda Castro.

“La situación se agrava cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí no han sido proactiva en acreditar las violaciones de derechos e implementar acciones efectivas tras el conocimiento de las agresiones reiteradas contra la prensa en el estado”.

Por lo anterior, el organismo hizo un enérgico llamado a Carreras López, la Feadle, la Procuraduría General de la República (PGR), el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que lleven a cabo acciones específicas en torno a este caso.

Pide que la Feadle atraiga la investigación de los crímenes en contra de Esqueda Castro y de otros periodistas en San Luis Potosí, “privilegiando las líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión sin descartar aquellas que vinculan a funcionarios públicos en la comisión de crímenes”.

“Al gobierno del estado de San Luis Potosí, en específico a su ejecutivo Juan Manuel Carreras, exige se abstenga de criminalizar y ejercer violaciones de derechos mediante la promoción de narrativas estigmatizadoras que generan condiciones negativas y obstaculicen la libertad de prensa, en especial la de medios que promueven la cobertura de temas de seguridad pública, transparencia y corrupción en la entidad, información de interés público relevante para las y los potosinos”, dice textualmente en torno al gobernador.

Al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, le pide implementar medidas coordinadas de protección, tanto colectivas para los medios como individuales que así lo requieran, contemplando medidas de reconocimiento como mandata la Ley Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “de tal manera que se revierta el impacto de campañas estigmatizadoras por parte de servidores públicos que ponen en riesgo a periodistas en San Luis Potosí”.

Por último, Artículo 19 pide que la CNDH, a través del “Programa de agravio a periodistas y defensores civiles”, atraiga la investigación por las posibles violaciones a derechos humanos y emita recomendaciones específicas dirigidas a autoridades estatales y federales para que se tomen medidas correctivas subsecuentes en el actuar de las mismas.

Las acciones que en un principio Carreras López emprendió en torno a este asunto, poco a poco se han ido desvirtuando y salen a la luz actos fuera de norma que ahora ponen en duda si el Ejecutivo tienen un compromiso genuino con la libertad de expresión y con el esclarecimiento del crimen en contra de Esqueda Castro.

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