Domingo, 19 de Noviembre de 2017
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 20 de Octubre al 26 de Octubre de 2017

La guerra por la ASE

La guerra por la ASE


En el Congreso del Estado se llevaron a cabo las entrevistas a los aspirantes a ocupar la silla más caliente del servicio público en el Estado, la de la Auditoría Superior del estado (ASE), a la par, en redes sociales hubo ataques contra uno y contra otro, principalmente contra quienes supuestamente tienen el apoyo del gobierno del Estado, sin embargo no hay certeza de quién es el favorito, y mientras tanto, la decisión está en manos de los diputados, ni más ni menos, quienes tienen al órgano fiscalizador hundido en su peor crisis.

Según medios y redes sociales, el favorito del Ejecutivo está entre José Mejía Lira y Jesús Motilla. El primero supuestamente también tiene el apoyo del PAN, contradictorio si se supone que tiene el apoyo del gobierno; mientras que el segundo, critican miembros del Frente Ciudadano Anticorrupción, está para encubrir al alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez.

Lo cierto es que ambos están lejos de ser el perfil idóneo, aunque en la entrevista de Motilla Martínez los diputados se vieron especialmente condescendientes, ni siquiera preguntaron y Lucila Nava Piña, del Movimiento Ciudadano, sirvió de tapete y se limitó a elogiar al presidente de la Comisión Ciudadano de Transparencia, donde ningún hecho destacado se le conoce.

En su ejercicio con los diputados fue apoyado por Jaime Chalita Zarur y Gustavo Puente Estrada, presidente y ex presidente de Coparmex respectivamente, así como de Carlos Torres Sandoval, ex presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).

Uno de los que llamaron la atención más allá de que antes de las entrevistas no estaba bajo los reflectores, fue Jesús Raymundo González Jiménez, quien tiene un curriculum que lo avala como persona capaz para ocupar el cargo aunque carece de las relaciones que tienen otros. Ese hecho parece ahora mismo más que una desventaja, un aliciente para lavarle la cara a la ASE.

González Jiménez reconoció que el modelo de trabajo actual de la ASE está rebasado. Propuso la certificación de procesos en colaboración con despachos externos, universidades y ONG´s. Sobre la crisis del órgano dijo que es necesario prevenir en vez de corregir, y que resulta impostergable una alianza con la ciudadanía.

Quien encendió el ejercicio fue Juan José Frías Aguilera, pues durante su entrevista denunció las irregularidades del ex auditor José de Jesús Martínez Loredo, como la existencia de aviadores, la usurpación de funciones y los altos finiquitos de los funcionarios de primer nivel de esa institución, por lo cual aseguró que fue perseguido.

Afirmó que el pasado Auditor Superior no debió haber sido electo y que actuó mal la pasada legislatura. Mencionó que llegará hasta sus últimas consecuencias en el caso de los malos manejos que se han presentado dentro de la ASE.

El diputado Héctor Mendizábal le cuestionó las razones por las que tiene demanda a la ASE, a lo que contestó que su finiquito fue injusto, ya que únicamente se le dieron 48 mil pesos, mientras que otras personas que laboraron menos tiempo, recibieron cantidades por arriba de los 300 mil pesos.

El supuesto candidato del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, Enrique Alfonso Obregón, aseguró que la corrupción se da porque entre los diferentes niveles de gobierno se dan tramos de control muy flexibles, que dan pauta a que las personas a cargo hagan una inadecuada interpretación de la ley.

El primer día de entrevistas concluyó con la queja de Manuel Nava, integrante del Frente Ciudadano Anticorrupción, de que las entrevistas son una simulación y una mentira de los diputados que difícilmente cambiaría las cosas dentro de la ASE.

El segundo día comenzó con Rocío Cervantes Salgado, actual encargada del despacho de la ASE y quien en poco tiempo se ha hecho notar por las difíciles situaciones que ha tenido que sortear y las decisiones que ha tenido que tomar en poco tiempo. Algunos diputados destacaron su accionar en temas como el de la nómina secreta, en el cual se ha puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para entregar la información que se requiera.

La aspirante rediseñó la comunicación interna de la dependencia para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales. De igual manera, aseguró que la ASE colaborará con el Congreso en la implementación de políticas públicas y fortalecerá una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Habló de estrategias como recuperar la credibilidad en la institución mejorando el clima organizacional, programas de capacitación y actualización para obtener trabajos de calidad, así como la instrumentación del servicio profesional de carrera y la actualización del reglamento interno de la ASE.

El diputado Héctor Mendizábal Pérez advirtió que en el capítulo 1000 existen compensaciones salariales que deben ser corregidas y al preguntarle cómo lo haría, Cervantes Salgado mencionó que ello se estipularía en el servicio profesional de carrera.

Ante los cuestionamientos entorno a que su participación en el proceso podría generar un conflicto de intereses, negó que existiera tal, ya que el Auditor no se revisa a sí mismo, sino es la Comisión de Vigilancia del Congreso quien se encarga de ello, y agregó que si existiera alguna controversia, el auditor superior del Estado no podría reelegirse.

José Mejía Lira quiere que la ASE de San Luis Potosí sea de los mejores organismos fiscalizadores del país. Mendizábal Pérez le cuestionó porqué renunció a su trabajo en la ASE en 2014, en tiempos ya de José de Jesús Martínez Loredo, a lo que respondió que lo hizo porque lo “saltaban” y que no requerían su firma, además refirió que el tiempo le dio la razón.

De los otros aspirantes hubo poco que destacar, tal vez sienten que son comparsas de un proceso poco robustecido para que quien sea electo pueda cortar de tajo con los vicios de la ASE. Lo cierto es que el ganador debe tener la voluntad de cambiar las cosas y el apoyo tanto del Congreso del Estado como del Gobernador, para hacerlo, o al menos, sentar las bases para que la revisión de cómo se usan los recursos públicos se haga de la manera más correcta.

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