Simón Vargas Aguilar
Nuestro país está expuesto a un alto nivel de amenazas de relativa frecuencia a causa de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos que hoy -debido a las características geográficas y topográficas de su territorio; el cambio climático y a la actividad humana- son cada vez más potentes y devastadores. Es cierto que nuestro país ha enfrentado una y otra vez situaciones de desastre en las últimas cuatro décadas, y según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre 1970 y el 2011, las tormentas (38 por ciento) fueron el fenómeno natural de mayor ocurrencia, seguido de inundaciones (28 por ciento) y sismos (12 por ciento).
Inundaciones y tormentas han cobrado la vida de 4 mil 834 personas, y han generado pérdidas económicas cercanas a los 25 mil millones de dólares. Sin embargo, la actual contingencia en la que se encuentra casi un millón 600 mil personas en 20 entidades, debido al paso de los fenómenos meteorológicos gemelos Ingrid y Manuel, evidencia que ni los organismos de protección civil ni los tres niveles de gobierno han aprendido la lección.
Óscar Ishizawa, experto en manejo del riesgo de desastres del Banco Mundial, señaló recientemente en una entrevista que el paso de Ingrid y Manuel reveló los dos grandes problemas que enfrenta México: la falta de planeación territorial y urbana; y la ausencia de programas de reducción y mitigación de riesgos. En ese sentido, el estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en México, establece que una inadecuada planeación urbana/territorial, y de uso de suelo contribuye en gran medida a la vulnerabilidad de la población.
Y es que, ante la rápida y continua urbanización de las zonas metropolitanas que ha aumentado el número de asentamientos informales en áreas vulnerables, el Sinaproc enfrenta un déficit de gobernanza: el uso de suelo y la planeación urbana son responsabilidad de los municipios, mientras que los cauces de los ríos y sus alrededores están bajo la esfera de competencia de la Comisión Nacional del Agua. Esta situación ha generado una laguna entre ambos marcos legales e institucionales, y en consecuencia, limita el espectro de actuación del Sinaproc.
Asimismo, el estudio precisa que una gran cantidad de municipios no cuentan con códigos de construcción, y aquellos que sí cuentan con éste instrumento, centran sus disposiciones sobre la mitigación de riesgos en aquellos asociados a los terremotos, ignorando las medidas adecuadas para contrarrestar inundaciones, huracanes y tsunamis con base en el nivel local de riesgo.
Por otra parte, vale la pena precisar que en lo que respecta a los Atlas de Riesgos –instrumentos que evalúan 28 escenarios ante los riesgos y posibilitan el direccionamiento de las políticas públicas de prevención y mitigación–sólo el Distrito Federal, Jalisco, Querétaro y Veracruz presentan un grado avanzado en su elaboración; mientras que Baja California Sur, Durango, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, no cuentan con información sobre los posibles riesgos que pueden enfrentar.
La falta de planeación urbana y territorial ha deteriorado profundamente las áreas naturales que en antaño protegían a la población de los embates de los fenómenos hidrometeorológicos. A este respecto, Julia Carabias Lillo, la primera secretaria de Medio Ambiente, recordó que en el caso de Acapulco, tras el paso del huracán Paulina en 1997, se sentaron las bases para su ordenamiento ecológico y urbano, pero las autoridades no le dieron continuidad a éste y lo olvidaron. Paralelamente, Carabias precisó que en los últimos 10 años se urbanizaron los humedales, los cuales un día fueron zonas de desbordamiento de la laguna de Tres Palos, y hoy son tiendas departamentales, hoteles y fraccionamientos. “El agua no perdona, y va a salir por donde pueda”, enfatizó.
En tanto, Enrique Soto Ávila, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, Urbanismo y Diseño Urbano, indicó que el actual desastre comenzó años atrás, cuando autoridades, constructores y desarrolladores permitieron y promovieron la ocupación de zonas de alto riesgo; e hizo un llamado a las autoridades para promover la integración de especialistas en los procesos de diseño urbano y territorial.
En este contexto, de no fortalecer los esfuerzos para reorganizar el entramado urbano y territorial de las zonas más vulnerables a los fenómenos naturales, adaptar el marco legal que lo rige, y combatir la corrupción imperante en la materia, las nuevas generaciones continuarán inmersas en el círculo vicioso de los desastres naturales, y serán obligadas por las circunstancias a reconstruir sus viviendas en las mismas zonas endebles, en las que vivieron sus abuelos y sus padres.
La agenda del desarrollo nacional debe orientarse a generar una mayor resiliencia a los desastres, con base en la prevención, la educación ante los fenómenos naturales y el fortalecimiento de los instrumentos de reducción y mitigación de riesgos, así como la cooperación entre los tres niveles de gobierno. Sólo así, podremos frenar el retroceso periódico que representan las contingencias ante los desastres, tanto en el ámbito social como en el económico.
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