Se ha eliminado en San Luis Potosí el fuero que como manto protector utilizaron durante décadas diputados y funcionarios de alto nivel para cometer excesos. Por décadas la inmunidad que suministró el fuero se convirtió en impunidad. Las arbitrariedades y despropósitos que al amparo de este privilegio se cometieron terminaron por colmar la paciencia de los ciudadanos.

Fue así que poco a poco empezó a germinar un movimiento social cuya bandera de lucha fue exigir la desaparición de este amuleto que protegía de todo mal a los hombres del poder.

El fuero es una figura jurídica que se creó para proteger las opiniones e ideologías de senadores y diputados. Surgió en 1812 con la Constitución de Cádiz y su existencia buscó garantizar un equilibrio entre poderes del Estado. Brindaba a los legisladores protección cuando expresaban sus ideas o críticas en el ejercicio de su función. En México se haya inscrito en el artículo 111 de nuestra Constitución.

“La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados -así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución- que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea”.

El fuero, también conocido como inmunidad parlamentaria protegía hasta hace poco a cinco mil funcionarios públicos. Entre otros al Presidente de la República, 500 diputados federales, 128 senadores, 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siete Consejeros de la Judicatura Federal, 20 secretarios de Estado, 66 integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), al Procurador General de la República; al Procurador de Justicia del Distrito Federal, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los nueve integrantes del Instituto Nacional de Elecciones (INE), a los mil 1337 diputados estatales de las 31 entidades, así como los 31 gobernadores y a los 2 mil 456 presidentes municipales del país.

El fuero ha sido un talismán que custodia los privilegios de nuestra clase política. Aunque también se ha manipulado para destruir a quienes desde el poder son percibidos como una amenaza a sus intereses.

Tres casos célebres de utilización abusiva del fuero y que quedaron registrados en la historia fueron los del siniestro alcalde de Iguala, José Luis Abarca, el del diputado federal Julio Cesar Godoy Toscano y el relativo al intento fallido de Fox contra Andrés Manuel López Obrador en abril de 2005.

En el primer caso, el del perverso José Luís Abarca Velázquez señalado como actor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrió que por el hecho de contar con la protección del fuero se facilitó su fuga.

Resulta que cuando se tuvo la certeza de que era el autor intelectual de esta masacre y mientras los diputados locales de Guerrero deliberaban con pachorra si procedía el desafuero, el pájaro de cuenta se les escapó. Lugo lo apañaron pero la protección que le brindó el fuero por ser alcalde le permitió escapar temporalmente del brazo de la justicia.

Otro caso fue el del diputado federal por Michoacán Julio César Godoy Toscano, quien ya electo entró a San Lázaro escondido en la camioneta de un diputado alcahuete para evitar la orden de aprehensión que pesaba sobre su cabeza. Al diputado de marras se le tomó protesta y automáticamente obtuvo la inmunidad procesal por los cargos de delincuencia organizada. A la fecha no ha sido capturado el angelito y quizás nunca será llevado ante la justicia para que responda por los delitos que se le imputan.

Pero el caso más patético por el uso político que se le dio al fuero fue el intento frustrado de Vicente Fox cuando en complicidad con una jauría de cómplices logró que la Cámara de diputados separara del cargo al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador para impedir que fuera candidato a la presidencia de la república.

El primero de abril de 2005 la Cámara diputados decretó que AMLO era culpable y procedió a separarlo del cargo. Pero este retorcido episodio acabaría mal. Al “bato con Botas” (Fox) y a sus compinches les dio miedo dar el zarpazo final y la Procuraduría General de la República ya no procedió a enjuiciarlo por la vía penal.

Resistencias y apoyos en San Luis.

Aunque algunos aprovechados se han querido colgar la medalla por la desaparición del fuero en nuestro estado, la verdad es que el triunfo es de la sociedad.

Por eso cuando algún diputado o diputada se auto elogian presentándose ante el público como “parteros de la historia”, causan risa.

Así lo pudimos atestiguar cuando desde el Congreso un diputado en un arrebato de éxtasis afirmó que con la eliminación del fuero en la entidad, San Luis Potosí volvió a hacer historia a nivel nacional (obviamente insinuando que los diputados locales fueron los protagonistas de esta epopeya). Error y apología vana.

Antes de nosotros trece estados de la república y la Ciudad de México (CdMX) ya habían eliminado el fuero de sus respectivas Constituciones locales.

Campeche, Coahuila, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Morelos y la CDMX fueron pioneros en la derogación de la figura del fuero. Así que campeones de la democracia no son nuestros diputados.

Hay registro de que durante meses estuvieron resistiéndose a aprobar esta iniciativa. Quién no recuerda las tácticas dilatorias en las Comisiones de dictamen que impidieron en más de una ocasión suprimir la repudiada figura. O cuando aquel 20 de julio organizaciones de la sociedad civil promovieron un foro en el Congreso

local para discutir la eliminación del fuero y sólo asistieron 8 de los 27 legisladores, por cierto ninguno del PRI.

En estricta justicia hay que decir que sólo cuatro legisladores estuvieron presionando para que se dictaminará la desaparición del fuero: Josefina Salazar, Xitlálic Sánchez, Lucila Nava y Gerardo Serrano.

Fue sólo hasta que explotó el escándalo de “La Ecuación de la Corrupción” que nuestros diputados se vieron obligados a dictaminar su desaparición.

Así que insistimos: este avance en nuestro desarrollo político es de la sociedad civil y no de nuestros diputados locales. Y lo hicieron porque no les quedo de otra. No por convicción.