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Crimen organizado: el otro sistema de recaudación

Crimen organizado: el otro sistema de recaudación



México enfrenta así una doble tributación y un doble poder. Uno formal, con leyes e instituciones. Otro informal, armado y violento, que castiga la desobediencia.

La extorsión en México dejó de ser un delito aislado para convertirse en un modelo de negocio sistemático. Hoy opera como un sistema paralelo de recaudación que compite directamente con el propio Estado. No es exageración: aproximadamente el 15 por ciento de los negocios del país paga de manera regular "derecho de piso". Es decir, además de cumplir con el Servicio de Administración Tributaria, deben entregar una cuota a organizaciones criminales que, paradójicamente, ofrecen "protección" en territorios donde el Estado no logra garantizarla.

El investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez Valdez, lo resume con crudeza: "aproximadamente el quince por ciento de todos los negocios en México están pagando de forma regular derecho de piso, es decir una doble tributación además de lo que les cobra el gobierno por protegerlos y que no los protege".

El fenómeno no solo es socialmente devastador; es económicamente catastrófico. El costo agregado del crimen organizado representa hasta el 12 por ciento del Producto Interno Bruto. La cifra es brutal. "Si no hubiera crimen organizado el país ya hubiera creado cuatro millones más de empleo", advierte el especialista. Esa es la magnitud del lastre.

MINERÍA: BOTÍN Y VÍCTIMA
Uno de los sectores más golpeados es la industria minera. No es casualidad: es también uno de los más productivos. Con ingresos anuales cercanos a los 330 mil millones de pesos, se ha convertido en blanco estratégico para organizaciones criminales.

El esquema es claro. Según el investigador, si el crimen organizado captura entre el cinco y el diez por ciento de ese mercado a través de extorsiones, robos y control operativo, estaríamos hablando de entre 16 mil y 32 mil millones de pesos al año. Recursos que no pagan impuestos, que no generan desarrollo y que se redistribuyen en redes ilegales.

Las modalidades son tres. La primera, la más común, es el cobro periódico de cuotas. La segunda, el robo directo de cargamentos, como ocurrió recientemente en Zacatecas, donde fue interceptado un embarque de oro y plata valuado en tres millones de dólares. La tercera es aún más grave: el despojo total de minas para operarlas directamente bajo control criminal, algo documentado en Sonora, Guerrero y otras entidades.

Pero el impacto no se limita a la empresa. En algunos estados, como Zacatecas, el esquema de extorsión se ha ampliado a proveedores y hasta a trabajadores, a quienes se les descuenta un porcentaje de su salario. Es una red que asfixia toda la cadena productiva.

EL MIEDO COMO MECANISMO DE CONTROL
La gran pregunta es por qué este modelo sigue creciendo. La respuesta, aunque incómoda, es evidente: impunidad.

"Las autoridades saben cuáles empresas mineras han sido despojadas de minas... ¿las han recuperado? No", señala el investigador. El problema no es únicamente normativo; es operativo. Existen leyes y estrategias, pero sin aplicación efectiva son letra muerta.

El miedo termina por cerrar cualquier posibilidad de denuncia. El ejemplo de un líder limonero asesinado tras denunciar extorsiones en Michoacán es ilustrativo. "Bajo ese contexto yo no veo a ningún limonero que se vaya a atrever a denunciar", explica. La lógica es brutal: el riesgo de hablar es mayor que el costo de pagar.

Incluso en el caso del millonario robo en Zacatecas, la empresa afectada hizo público el hecho, pero posteriormente evitó formalizar la denuncia por temor a represalias. El silencio se convierte en mecanismo de supervivencia.

UN MODELO QUE SE REPLICA
El esquema no es nuevo. Comenzó a consolidarse alrededor de 2010, particularmente en la región carbonífera de Coahuila con Los Zetas y en la industria del hierro en Michoacán con Los Caballeros Templarios. Otras organizaciones observaron su rentabilidad y replicaron el modelo en sus territorios.

Hoy la extorsión se ha normalizado. Opera bajo fachadas de sindicatos, organizaciones civiles o grupos empresariales. Se sienta en mesas de negociación. Se infiltra en estructuras políticas locales. Y mientras tanto, la economía formal paga el precio.

La consecuencia es múltiple: menor inversión, deterioro de la imagen internacional del país y debilitamiento del estado de derecho. Se instala la percepción —y muchas veces la realidad— de que existe un "estado alterno" que recauda, impone reglas y castiga.

UN GRANITO EN EL DESIERTO
Casos recientes como el de un exalcalde detenido en Tequila por presuntos vínculos con actividades ilícitas muestran que el Estado puede actuar cuando hay voluntad política. Sin embargo, el propio investigador advierte que estos episodios son apenas "un granito en un mar de arena".

Para que el combate a la extorsión sea creíble, debe trascender colores partidistas y tocar incluso a figuras políticas encumbradas. "Hablaría muy bien de parte del gobierno actual si también actúa en contra de los de su propio partido... para que se vea que no es una cuestión solo política sino con visión de estado", sostiene.

LA ECONOMÍA DEL MIEDO
La llamada "industria del miedo" no solo extrae recursos; erosiona confianza, inhibe emprendimientos y obliga a empresarios a operar bajo reglas criminales. Cuando una organización delictiva cobra cuotas, no solo está obteniendo dinero: está imponiendo autoridad.

Mientras no se rompa el círculo de impunidad y miedo, el modelo seguirá expandiéndose. Y cada negocio que paga, cada trabajador que entrega parte de su salario y cada empresa que calla para sobrevivir, alimenta un sistema que compite con el Estado y lo debilita desde dentro.

La pregunta ya no es si la extorsión es un problema de seguridad. Es si el país está dispuesto a recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y la recaudación antes de que la industria del miedo termine por institucionalizarse.


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