Que México esté en el lugar 141 no es destino, es advertencia. Y la advertencia está hecha.
México volvió a reprobar. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 se ubicó en el lugar 141 de 182 países evaluados. La cifra no es solo un número frío en una tabla internacional; es el reflejo de una herida abierta que lleva al menos dos décadas sin cerrar. Veinte años atrapados en el mismo problema, con instituciones cuestionadas y con una ciudadanía que oscila entre la indignación y la resignación.
La expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Morales, no suaviza el diagnóstico. "Ocupar el lugar ciento cuarenta y uno de ciento ochenta y dos posibles países... nos ponen al último, g veintisiete de cien posibles, pues es una majadería por decirlo menos", afirma. El término es contundente porque la realidad lo es.
Más allá del ranking, el fenómeno tiene múltiples rostros. Está la corrupción monumental que ha marcado sexenios completos: casos como la Estafa Maestra, Segalmex, Odebrecht o los escándalos en la compra de medicamentos. Pero también está la corrupción cotidiana, esa que se normaliza y que muchos justifican como "pequeña ayuda" o "para agilizar el trámite".
"Somos responsables todas las personas", advierte Pérez Morales. Y la afirmación incomoda porque implica mirarnos en el espejo. Desde el soborno para evitar una infracción vial hasta el dinero que se entrega para asegurar un lugar en la escuela pública, el problema no es abstracto, es diario.
El costo económico es brutal. Según datos citados por la especialista, los mexicanos pagan en promedio tres mil quinientos pesos al año en actos de corrupción. Puede parecer una cifra menor para algunos sectores urbanos, pero en regiones donde una familia vive con lo mínimo, esa cantidad representa la canasta básica de varios meses.
"Eso es muchísimo dinero", subraya. Y añade un dato que golpea la conciencia: cuando el soborno significa obtener un acta de nacimiento o una credencial de elector, se están vulnerando derechos fundamentales. En comunidades donde apenas se come una vez al día, la corrupción no es una anécdota; es una barrera que puede costar vidas.
El daño no se limita a lo financiero. También erosiona la confianza en las instituciones. Cuando un ciudadano percibe que el sistema no castiga a los corruptos, que los grandes desvíos quedan impunes y que la justicia es selectiva, la credibilidad se desploma. Y sin confianza, el tejido democrático se debilita.
Uno de los ejemplos más dolorosos es el caso de Segalmex, institución creada para mejorar la política alimentaria y garantizar precios accesibles para los sectores más vulnerables. "Era una institución que se propuso cambiar la política alimentaria de nuestro país... y qué fue lo que pasó: se robaron el dinero", lamenta. El resultado no fue solo un desfalco; fue un golpe directo a quienes más necesitaban apoyo.
Pero el problema también se cuela en los detalles aparentemente inofensivos. El viene-viene que cobra por estacionar, la propina obligada en la gasolinera, la cuota "voluntaria" en la escuela pública. "Eso es corrupción, eso es un soborno", sostiene. En otros países, explica, estas prácticas resultarían inconcebibles. Aquí forman parte del paisaje urbano.
La pregunta inevitable es si las nuevas generaciones podrán vivir en un país distinto. La respuesta no es simple. "Tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno", afirma Pérez Morales. Sin embargo, ese derecho debe ejercerse y exigirse.
Existe el riesgo de que la corrupción se perciba como algo intrínseco al ADN nacional. La especialista rechaza esa idea con firmeza: "No está en nuestro ADN, somos igual de íntegros o igual de corruptos que los daneses o los finlandeses". La diferencia radica en las reglas, en la aplicación de la ley y en la presión ciudadana para que las instituciones funcionen.
La normalización es quizás el enemigo más peligroso. Cuando pagar un soborno para asegurar un lugar en la escuela se vuelve práctica común, cuando el policía que exige cuota diaria para tener patrulla se convierte en parte del sistema, la corrupción deja de ser excepción y se convierte en estructura.
Y una estructura corrupta tiene consecuencias concretas: hospitales sin medicamentos, carreteras deterioradas, servicios públicos deficientes. "Estas cosas se van repitiendo y forman parte de las estructuras de las instituciones que hacen que no se pueda obtener salud, educación, medicamentos", advierte.
México no puede darse el lujo de seguir veinte años más en el mismo lugar del ranking. El combate a la corrupción no se resuelve solo con discursos ni con nuevas leyes que no se aplican. Requiere voluntad política, sanciones ejemplares y, sobre todo, una ciudadanía que no tolere lo que antes consideraba normal.
La corrupción no es una maldición inevitable. Es un problema humano, institucional y cultural que puede enfrentarse. Pero para hacerlo, primero hay que dejar de minimizarlo. Mientras el soborno pequeño siga justificando el fraude grande, el país continuará atrapado en el mismo círculo.
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