Semana del 27 de Septiembre al 03 de Octubre de 2024

Militarización de la Guardia Nacional: ¿Un estado superado?

Militarización de la Guardia Nacional: ¿Un estado superado?

Armando Vargas

El próximo gobierno deberá enfrentarse a un panorama complicado, donde el crimen organizado, la violencia y la militarización seguirán siendo los principales desafíos.

En los últimos años, México ha enfrentado una de las crisis más complejas en términos de seguridad pública. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno federal para mitigar los niveles de violencia, los resultados no han sido satisfactorios. La reciente decisión del Presidente López Obrador de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha provocado un amplio debate sobre las consecuencias de esta medida para el país, especialmente en el contexto de los derechos humanos y la gobernabilidad.

Recientemente, la Cámara de Diputados formalizó la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que ha suscitado una ola de críticas. El principal argumento es que esta medida perpetúa la militarización de la seguridad pública, algo que, en la práctica, ya ocurría desde la creación de este cuerpo en 2019, pues el 90% de sus miembros provenían de las fuerzas armadas. Sin embargo, el cambio reciente da un paso más hacia la consolidación de un aparato de control militarizado, lo cual plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y el futuro de la seguridad pública en México.

¿MILITARIZACIÓN O CONTROL POLÍTICO?
Este movimiento no solo implica un cambio estructural, sino que refuerza la concentración de poder en las fuerzas armadas y, en última instancia, en el ejecutivo federal. Al adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena, no solo se le confieren facultades militares, sino que también los miembros de este cuerpo serán juzgados por tribunales militares, y las acciones de la Guardia Nacional estarán reguladas por sus propias leyes internas. Este hecho abre la puerta a la opacidad y, más alarmante aún, a la impunidad.

El proceso de pacificación que el Presidente López Obrador ha promovido no ha mostrado los resultados esperados. Aunque se ha registrado una ligera disminución en la violencia homicida, no existe evidencia que vincule directamente esta reducción con las políticas implementadas por el gobierno, particularmente las relacionadas con la Guardia Nacional. De hecho, lo que hemos observado en estados como Sinaloa es que la violencia continúa siendo impulsada principalmente por las dinámicas del crimen organizado, y no por las políticas gubernamentales.

UN ESTADO SUPERADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO
El caso reciente de Sinaloa, donde facciones del cártel dominante han desatado una ola de violencia, es un claro ejemplo de cómo el crimen organizado sigue imponiéndose en diversas regiones del país. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, la violencia en el estado ha escalado, y las instituciones parecen incapaces de recuperar el control.

La situación es tan grave que, en algunos casos, los propios jefes militares han admitido que la violencia cesará solo en la medida en que los líderes de las facciones en disputa ejerzan prudencia. Este tipo de declaraciones no solo evidencia la falta de control del Estado sobre estos territorios, sino que también refleja la creciente influencia del narcotráfico en la vida política y social de varias regiones del país.

El Estado mexicano, en este sentido, ha claudicado en su responsabilidad principal: garantizar la seguridad de su población. Lo que hemos presenciado en Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Chiapas, entre otros estados, es la materialización de un proceso donde el crimen organizado ha ganado terreno frente al Estado. Cada vez más, vemos territorios donde la ley del narcotráfico prevalece sobre el Estado de derecho.

¿QUÉ IMPLICACIONES TIENE ESTA MILITARIZACIÓN PARA EL FUTURO?
Las implicaciones de la militarización de la seguridad pública son profundas. En primer lugar, la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena erosiona el concepto de un cuerpo civil de seguridad, alejando a México de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones internacionales ya han expresado su preocupación sobre este cambio, advirtiendo que podría derivar en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Por otro lado, la decisión de que el titular de la Guardia Nacional sea propuesto por el Presidente de la República y ratificado por el titular de la Sedena crea un escenario propicio para que este cuerpo responda más a intereses políticos que a las necesidades de seguridad de la población. En este sentido, el riesgo de que la Guardia Nacional se convierta en un instrumento de control político es real, especialmente en un contexto donde los contrapesos institucionales han sido debilitados.

LA HERENCIA DE LÓPEZ OBRADOR Y LOS DESAFÍOS PARA EL FUTURO
Al finalizar el sexenio de López Obrador, queda claro que la seguridad pública seguirá siendo uno de los principales retos para su sucesora, Claudia Sheinbaum. El Presidente dejará un país fragmentado, con regiones enteras dominadas por el crimen organizado y una creciente militarización de la seguridad pública. La presidenta electa enfrentará la difícil tarea de administrar una crisis que abarca no solo la seguridad, sino también la incertidumbre económica, la falta de confianza en las instituciones y la polarización política.

En lugar de asumir el gobierno en un contexto de estabilidad, Sheinbaum deberá lidiar con un país que enfrenta múltiples crisis. Aunque es cierto que algunas regiones del país mantienen una relativa estabilidad, en amplias zonas, la gobernabilidad es inexistente. En estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero, el crimen organizado ha consolidado su control, y la violencia es el pan de cada día para miles de ciudadanos.

La militarización de la Guardia Nacional es solo un síntoma de un problema más profundo: la falta de control del Estado sobre amplias regiones del país. En lugar de fortalecer las instituciones civiles de seguridad, el gobierno ha optado por una estrategia que centraliza el poder en las fuerzas armadas, lo que genera serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la viabilidad de esta política a largo plazo.

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