Miércoles, 29 de Noviembre de 2023
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Confrontación entre el Presidente y la SCJN: ¿Venganza Política o Caos Jurídico y Social?

Confrontación entre el Presidente y la SCJN: ¿Venganza Política o Caos Jurídico y Social?



La tensión entre el presidente de México y el Poder Judicial de la Federación ha estado en aumento, y las medidas propuestas para reducir los recursos de la SCJN han llevado a preguntarse si esto es simplemente una venganza política por parte del presidente López Obrador. En la entrevista, el abogado Jorge Chessal Palau proporcionó una perspectiva clave sobre esta situación.

Según el abogado, las acciones dirigidas hacia la SCJN y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto no son más que una represalia después de que el gobierno de la república se encontrara en el lado perdedor en numerosos casos de amparo. Es importante destacar que los juicios de amparo se inician cuando se percibe un abuso de autoridad, y si un amparo es concedido, implica que se ha confirmado una violación constitucional por parte de la autoridad.

"Todos los amparos concedidos contra leyes, reglamentos, acuerdos y acciones del gobierno federal demuestran que ha habido violaciones a la Constitución", enfatizó el abogado Chessal Palau. Estas victorias legales en contra del gobierno no han sido bien recibidas por la presidencia de la república, lo que ha llevado a la propuesta de reducir el presupuesto del Poder Judicial.

Esta medida, según Chessal Palau, tendría un impacto negativo en todos los mexicanos. Los juicios de amparo no se limitan a casos que involucran al gobierno federal, sino que también afectan a presidencias municipales, policías, gobernadores, congresos estatales y autoridades fiscales que violan la Constitución. Al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, se corre el riesgo de disminuir la eficiencia del único órgano del Estado Mexicano que tiene la capacidad de salvaguardar la constitucionalidad y proteger los derechos humanos de los ciudadanos.

La controversia entre el presidente López Obrador y la SCJN continúa generando preocupación en la sociedad mexicana, ya que la eficacia del sistema judicial y la protección de los derechos constitucionales están en juego. La pregunta persistente es si esta confrontación es una venganza política o si realmente podría desencadenar un caos jurídico y social en el país. La respuesta a esta pregunta sigue siendo incierta, pero sin duda es un tema que requerirá una atención constante en los próximos meses.

El presidente ha afirmado en repetidas ocasiones su admiración por Benito Juárez, un icónico presidente de México conocido por su defensa de la corte contra las embestidas del poder. Sin embargo, en la actualidad, se encuentra en el epicentro de una de las embestidas más históricas contra el Poder Judicial de México.

Es de señalarse la ironía de esta situación al recordar que Benito Juárez también ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su confrontación con gobernantes de la época se debía a su lucha por mantener la independencia del poder judicial de la federación. Chessal Palau destacó un detalle interesante al mencionar que el presidente actual ha propuesto que los ministros de la corte sean elegidos por voto popular, una medida que va en contra de los principios de Juárez, quien buscaba evitar la politización del poder judicial y mantenerlo al margen de los procesos políticos y electorales.

En la práctica, el estilo de gobierno del presidente López Obrador se asemeja más al de Antonio López de Santa Anna que al de Benito Juárez. Santa Anna, a lo largo de su carrera política, mostró una disposición a pasar por encima de los poderes constitucionales y a ejercer un fuerte liderazgo centralizado.

El abogado Chessal Palau advirtió sobre la simplificación excesiva de la historia política mexicana y de la figura de los líderes históricos. Destacó que tanto Juárez como Santa Anna tenían facetas complejas y que es incorrecto ver a los políticos en términos absolutos de "héroes" o "villanos". Además, mencionó que la historia de México está llena de matices y grises que a menudo se pasan por alto en la narrativa histórica.

Se destaca una preocupación fundamental: la división y fragmentación que se ha experimentado en la nación mexicana durante este gobierno. Señaló que el presidente López Obrador ha polarizado a la sociedad y ha fomentado una visión binaria de la política, sin reconocer las gamas de grises que existen en la realidad política y en su propio liderazgo. Esta división, según Chessal Palau, ha debilitado la unidad nacional.

La estrategia del presidente de responsabilizar a la SCJN por la liberación de presuntos narcotraficantes ha generado debate en México. El presidente ha enfatizado que el "dolor" de la población debe atribuirse a la corte, utilizándolo como una herramienta para movilizar a su base de apoyo. Sin embargo, esta narrativa omite una parte esencial de la ecuación: la responsabilidad de las autoridades en el proceso legal.

En muchos casos, los narcotraficantes son liberados debido a fallas en el procedimiento legal, incluida la falta de un debido proceso por parte de las autoridades, como la Guardia Nacional, la policía estatal y la policía municipal. Es imperativo respetar los derechos constitucionales de todos los individuos, incluso de aquellos acusados de delitos graves, y pregunta si alguien estaría de acuerdo con ser juzgado sin pruebas sólidas y con una investigación sesgada. Esta perspectiva subraya la importancia de mantener un sistema judicial que garantice un proceso legal justo.

Según estadísticas, el sexenio actual ha experimentado un aumento en desapariciones forzadas y homicidios dolosos en comparación con administraciones anteriores. Estos problemas han llevado a la percepción de una creciente tolerancia hacia la delincuencia.

La reducción del presupuesto, junto con la disminución de salarios, plantea preocupaciones sobre la capacidad y la eficiencia del sistema judicial. Además, se hizo hincapié en la implementación de un nuevo sistema de justicia civil y familiar que debe entrar en vigor en los próximos años. La falta de recursos para capacitar al personal y establecer las salas de juicios orales podría obstaculizar gravemente la implementación de estas reformas necesarias.

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