Semana del 12 de Mayo al 18 de Mayo de 2023

Colectivos de búsqueda de personas exponen falta de avances

Colectivos de búsqueda de personas exponen falta de avances

María José Puente Zavala

En SLP, simulación y desinterés oficial por la búsqueda de personas desaparecidas

"Desde que se fundó la Comisión Estatal de Búsqueda, nunca vimos al Ejecutivo en un evento de ustedes. La maldita herencia siempre fue omisa a todo lo que sucedía en San Luis Potosí", dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el 24 de abril, durante un evento en el que fueron entregados diversos equipos a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la capital de San Luis Potosí.

Por su parte, Leobardo Aguilar Orihuela, titular de la Comisión desde mediados de 2022, adjudicó prácticamente todo el crédito sobre la entrega de dichos apoyos al gobierno estatal que encabeza Gallardo Cardona, cuyo interés en el tema, dijo "se ve reflejado en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027"; aunque en dicho documento no se menciona en ningún momento la búsqueda de persona desaparecidas como un eje prioritario.

"Es indudable que el Estado ha adoptado medidas para mejorar y avanzar constantemente", presumió Orihuela y pasó a enlistar los que consideró ejemplos de ello: la creación del Centro de Identificación Humana y de Búsqueda, la participación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y las herramientas de nuevas tecnologías", que se entregaron ese día, pese a que ninguna de las tres iniciativas es proveniente del gobierno estatal.

Al respecto, Voz y Dignidad por los Nuestros, uno de los principales colectivos enfocados en la búsqueda de personas desaparecidas en San Luis Potosí, así como los propios datos y reportes oficiales sobre la implementación de políticas federales en torno a la búsqueda de personas, desmienten la versión del gobierno estatal y más bien le exhiben como un agente que ha obstaculizado los avances en esa materia, revictimizado a las familias de personas desaparecidas y aprovechado la transferencia de recursos federales destinados a ese rubro, para hacerse propaganda.

PRESUMIENDO "CON SOMBRERO AJENO"
El 29 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el "Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de San Luis Potosí"; y no fue, sino hasta un mes después, el 1 de junio, cuando el gobierno estatal lo publicó en el Periódico Oficial del Estado.

A diferencia de lo dicho por el funcionariado público estatal en la ceremonia de entrega de los equipos, en el convenio se establece que el gobierno federal aportaría 18 millones 868 mil 175 pesos "para contribuir a las acciones de búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas en el Estado de San Luis Potosí", a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; y se obligó al gobierno estatal a contribuir con el 10% del subsidio autorizado, es decir que, del total del recurso invertido, solo 3 millones 526 mil 215 pesos provinieron de las arcas locales.

Esa disparidad entre la realidad y el discurso oficial fue evidenciada por Voz y Dignidad por los Nuestros, a través de sus redes sociales, donde criticaron el uso de la expresión "herencia maldita", empleado por el gobernador Ricardo Gallardo en el evento del 24 de abril, para culpar por la falta de resultados a la anterior administración estatal encabezada por Juan Manuel Carreras.

"No se trata de una "herencia maldita"; los problemas relacionados con los recursos y el presupuesto para su ejecución en tiempo y forma son responsabilidad de la actual administración, que no ha sido transparente en cuanto a los recursos ni a sus proveedores", denunció el colectivo de buscadores y buscadoras, cuya presidenta Edith Pérez Rodríguez se negó a asistir al evento de entrega de los equipos.

Los integrantes del colectivo también denunciaron que, pese a no haber asistido una representación suya al evento organizado por las autoridades estatales, estas presumieron lo contrario en un boletín oficial replicado en diversos medios de comunicación:

"Es FALSO que la organización VOZ Y DIGNIDAD POR LOS NUESTROS haya estado presente. Por el contrario, solicitó que no se adquirieran productos de baja calidad y que no se malgastaran los recursos", indicaron.

EQUIPOS DE MALA CALIDAD... O INSERVIBLES
"Las fotos demuestran que se compraron productos de pésima calidad y a precios superiores a los del mercado", denunciaron las y los buscadores en su cuenta de Facebook; mientras que además, según revelaron a Emsavalles, la cámara sumergible, cuyo costo alcanza los cien mil pesos, no funcionó cuando intentó utilizarse en un recorrido de búsqueda en la Zona Media.

De acuerdo con el comunicado emitido por el gobierno estatal, el 24 de abril se entregaron "tres camionetas, 10 equipos de cómputo, ocho de rapel, ocho de respiración autónoma, ocho de extracción de aire, uno de detección multigases, dos cámaras de video, un georradar, una red de comunicaciones, dos drones (acuático y aéreo), tres software, dos discos duros y pantalones, camisolas, botas pantaneras y tácticas".

Todo ese equipamiento, más tres acciones de capacitación en materia de desaparición forzada de personas, antropología forense, así como en situaciones de riesgo y extorsión; tuvieron un costo de 18 millones 868 mil 175 pesos; es decir, el total del presupuesto proveniente del gobierno federal, según consta en el Proyecto Ejecutivo del convenio, en poder de este medio.

Al respecto, Voz y Dignidad denunció que el equipo de respiración fue entregado incompleto, mientras que algunos artículos como las botas tácticas (cuyo costo ascendió a 3 mil 200 pesos por par) eran de mala calidad y no fueron cambiadas por otras mejores, incluso cuando el colectivo hizo la petición expresa; además, apuntaron que uno de los dos drones, con un costo de 245 mil 326 pesos, no cuenta con las características necesarias para las labores de búsqueda.

Finalmente, el Proyecto Ejecutivo detalla que con los más de tres millones de pesos que el gobierno estatal se comprometió a aportar para las labores de búsqueda durante 2022, se pagaría combustible para los recorridos alrededor del estado y se pagarían los honorarios, durante nueve meses, de un coordinador de laboratorio, un genetista, un abogado, un arquitecto, cinco buscadores, siete auxiliares de buscadores, y dos arqueólogos.

La calidad de los contratos para quienes laboran en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha sido un aspecto que las familias de las víctimas han señalado como una de las necesidades más apremiantes.

En su reclamo sobre el evento del 24 de abril, el colectivo recalcó la importancia de que "el personal operativo de la Comisión de Búsqueda pueda tener base y no sean de HONORARIOS, trabajando sin seguridad social, ni prestaciones y con el ALTO riesgo de lo que hacen".

Las y los buscadores, reconocen los activistas, "la verdad realizan un trabajo más que por paga, por amor a la causa. Sin reconocimientos ni bonos".

RESERVAS A CONVENIENCIA
Un acuerdo tomado el 11 d enero de 2023 en el Comité de Transparencia de la Secretaría General del gobierno estatal determinó reservar todos "los documentos que guardan relación con todos los datos de la plantilla de personal" de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

La reserva tendrá efecto hasta el 10 de enero de 2028; es decir, meses después de concluido el período de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona; pero además, sin mediar solicitud alguna, el Comité tomó la iniciativa de "reservar todas las actuaciones, documentos, escritos o cualquier otra información que forme parte del Programa Estatal de Búsquedas, datos relacionados con los grupos de búsqueda, vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de acciones relacionadas a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, documentos relacionados con el parque vehicular y sus características, datos de las cuentas bancarias y sus movimientos y, los juicios o procedimientos administrativos que no han causado estado por ministerio de ley o resolución judicial, que obran en los archivos de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEBP), asó como la autorización de la reserva de datos personales de los documentos que por su naturaleza los requieran".

Lo anterior se contrapone con las cláusulas del convenio celebrado entre el gobierno estatal y el federal para la ministración de los recursos; por ejemplo, la quinta, donde se establece que la entidad federativa divulgará la información sobre el ejercicio de los recursos en su portal de gobierno en el apartado de Transparencia, atendiendo al principio de máxima publicidad.

Por otro lado, mientras se niega a entregar información sobre la plantilla de personal que labora en la CEBP, la Secretaría General del gobierno estatal, encabezada por José Guadalupe Torres Sánchez, no tuvo empacho en revelar los nombres completos de algunos miembros de dicha plantilla durante el evento de entrega de los equipos adquiridos a través del convenio con el gobierno federal.

Tampoco en mostrar los detalles técnicos de los equipos entregados a la CEBP en el mismo evento, donde estos fueron colocados en mesas con etiquetas que describían su marca y características.

EJERCICIO TARDÍO DE LOS RECURSOS
De acuerdo con el convenio firmado entre el gobierno de Ricardo Gallardo y la Comisión Nacional de Búsqueda, que encabeza Karla Quintana Osuna, el recurso destinado para su implementación debió ejercerse durante todo 2022, teniendo como máximo el 31 de diciembre de ese año; sin embargo, algunas compras se habrían llevado a cabo hasta los primeros meses de 2023.

"El recurso de 2022 yo estuve solicitando las compras", indica Edith Pérez. "En diciembre me dijeron que no habían hecho la licitación y que por eso no habían comprado. Pregunté al de Finanzas en una reunión en la que exigí que él estuviera.

Dijo que la iban a hacer en enero, y en enero yo estuve detrás hasta que me dijeron que ya se había comprado y eso fue en febrero. Me dijeron que ya estaba comprada la gran mayoría pero que les hacían falta las cámaras sumergibles".

En esos casos, según lo que establece el convenio, los recursos no ejercidos en el tiempo reglamentario deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

"Si no estamos, no se compran las cosas. Incluso fui con la queja a la Comisión Nacional de Búsqueda, para que viniera la comisionada", lamenta Edith.

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