María José Puente Zavala
A nivel nacional, San Luis Potosí es el estado que mayor porcentaje del presupuesto destinado para compras públicas asignó por adjudicación directa durante 2021, de acuerdo con el informe Compras públicas estatales; ¿dónde quedaron los datos?, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
"Para realizar este análisis", indica la organización en la nota metodológica, "se utilizaron los datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de los registros de compras públicas realizados por las instituciones de los 32 estados durante 2021".
La PNT, detalla el IMCO, es el sistema donde se concentra la información gubernamental de las instituciones que ejercen recursos públicos, e incluye los contratos de obras, bienes y servicios, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Monitorear las cuentas públicas a nivel estatal también hace parte de la lucha contra la corrupción y un ejemplo de ello es que, entre los más de 251 mil 148 procesos de compra analizados, se encontró que en las 32 entidades persisten vicios que terminan por convertirse en riesgos de corrupción.
La información vertida en la PNT, exhiben, se presenta fragmentada, lo que dificulta su revisión; además, no hay un protocolo homologado para capturar los datos por lo que cada sujeto obligado lo hace de la forma que decide; hay errores en el registro de los datos; o simplemente se presenta información incorrecta, incompleta o inconsultable.
El informe también muestra que durante 2021 solo el 52% de las instituciones estatales registraron información de compras públicas en la PNT, mientras que el resto, 2 mil 423, sencillamente no publicaron ningún proceso de compra durante 2021, pese a que recibieron presupuesto para ello.
En el caso de San Luis Potosí, la entidad solo publicó el 55% de sus compras públicas, con lo que se colocó en el lugar 17, entre las 32. Después de Oaxaca y antes de Aguascalientes.
Lo anterior quiere decir que solo 47 instituciones públicas potosinas registraron compras, realizadas a través de 3 mil 660 contratos por un total de mil 479 millones 455 mil 160 pesos. En este ranking, San Luis ocupa la posición 29, después de Morelos y antes de Colima, Tamaulipas y el Estado de México.
Un ejemplo claro de dicha falta se pudo observar en la asignación de los contratos para las obras de remodelación del Parque Tangamanga I, una de las primeras obras anunciadas por la administración de Ricardo Gallardo Cardona y cuyo costo, de acuerdo con lo dicho por el mandatario, ronda los 200 millones de pesos.
Sin embargo, hasta el día de hoy, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública no ha transparentado ni los contratos, nombre de la empresa, condiciones e incluso el monto exacto de cada uno de los proyectos que conforman la obra.
En cuanto al porcentaje de contratos asignados por adjudicación directa, San Luis Potosí es el noveno estado de la República al haber incurrido en esa modalidad en el 84% de las compras; además, un 7% se asignó a través de procesos de invitación restringida y sólo el 9% a partir de una licitación pública.
En esas condiciones, de acuerdo con lo documentado en medios de comunicación locales, los Servicios de Salud del gobierno estatal adjudicaron más 401 millones de pesos, a través de 22 contratos, durante el último trimestre del año anterior, bajo el argumento de que, si no se erogaba rápidamente el recurso incurrirían en subejercicio y deberían devolverlo al gobierno federal.
Por otro lado, sobre el apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la entidad potosina destaca que el gobierno estatal publicó 6 de cada diez contratos por adjudicación directa sin un enlace directo y efectivo para consultar el contrato, un documento que, de acuerdo con el IMCO, "es elemental para conocer a detalle los productos o servicios contratados, los precios y las condiciones de la contratación"; sin embargo, en San Luis Potosí, el 41% de los contratos de 2021 presentan ese obstáculo para el acceso a la información.
A nivel nacional, cinco de cada diez licitaciones de obras que sí se concursaron y además se registraron en la PNT, no contaban con un enlace directo a la documentación completa, la cual incluye la convocatoria, junta de aclaraciones, apertura de propuestas, dictamen o fallo de adjudicación y contrato.
Los estados, indica el informe, tuvieron mayor transparencia y acceso a los contratos de adjudicaciones directas disponibles en la PNT fueron la Ciudad de México, con solo 1% de los enlaces inaccesibles o sin publicar, seguida de Guanajuato (10%), Nayarit (10%), Baja California (23%) y Morelos (28%).
Pero en San Luis Potosí, el 40% de los concursos realizados no se transparentaron con la documentación necesaria para conocer toda la información referente.
Por último, el IMCO también identifica una serie de riesgos de corrupción, entre ellos las compras realizadas a empresas de reciente creación; es decir, aquellas que se conformaron a menos de un año de haber firmado un contrato, las cuales recibieron 748 millones 737 mil pesos divididos en mil 13 contratos.
También los proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública recibieron dos mil 360 millones de pesos divididos entre 496 contratos a nivel nacional.
San Luis Potosí, por su parte, se ubica en la posición 22, de los 32 estados, en cuanto a la cantidad de recursos asignados a empresas de reciente creación, con menos de 20 millones de pesos; en cambio, ocupa la onceava posición por el monto asignado a empresas sancionadas, ya que asignó, a través de esa modalidad, menos de 200 millones de pesos.
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