Semana del 15 de Julio al 21 de Julio de 2022

Detrás del quirófano también hay violencia

Detrás del quirófano también hay violencia

Las mujeres no solo padecen del patriarcado en casa, trabajo o en la vía público, inclusive cuando están siendo atendidas para traer vida pueden ser víctimas de agresiones, que, en muchas ocasiones las llevan a la muerte.

Entre el mes de enero del año 2015 al mes de diciembre del año 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí (CEDHSLP), dirigió 20 recomendaciones por violencia obstétrica.

Así lo da a conocer el informe "Justicia olvidada Violencia e impunidad en la salud reproductiva", cargo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Impunidad Cero.

Reporta que todas las documentaciones de violaciones a derechos humanos, se dirigieron a distintos hospitales y unidades médicas de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí (SSESLP),

De la misma forma, informa que la Comisión abrió una queja y dirigió 3 recomendaciones por muerte materna en el mismo período en cuestión, también a la misma dependencia estatal de sanidad.

La investigación advierte que, en los casos de violencia obstétrica, el tiempo promedio desde el registro de la queja hasta la emisión de una recomendación por parte de la CEDHSLP fue de 606 días, mientras que para los casos de muerte materna fue de 728 días.

Contrapone que, aunque la Comisión Estatal incluyó en algunas respuestas a solicitudes de información, vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el concepto de violencia obstétrica y muerte materna como hechos violatorios, en otros datos no los especifica.

Para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), ese tipo de prácticas de una institución como Derechos Humanos en una entidad federativa compromete la calidad de la información reportada.

FORMALIDAD VICTIMAL
De acuerdo con el seguimiento del estudio, en el mismo lapso de 6 años, en la entidad potosina se reportaron 23 personas en el Registro Estatal de Víctimas, por haber enfrentado una violación al derecho a la salud reproductiva (violencia obstétrica).

Con ese dato, la recopilación de información de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) fue la más alta de las 35 entidades federativas, pero considerando que otras homólogas estatales no respondieron.

Pero aquí viene lo cuestionable, pues solo 2 personas con registro en el Registro Estatal de Atención por violencia obstétrica lograron obtener una reparación, es decir, solo el 5.71 % se le reparó de alguna forma el daño causado.

Evidencia que, inclusive en aquellos casos en los que se logra la elaboración de dictámenes donde se ordenen medidas de reparación integral, no hay garantía de que estas se realicen como tal.

Ello, porque varias de las medidas de reparación corresponden a otras autoridades, sin que se cuente con la capacidad institucional para garantizar su cumplimiento. "Por este motivo, dichas reparaciones quedan sujetas a su disposición o suficiencia de recursos y no siempre se llevan a cabo", lamenta.

IMPUNES DE BATA BLANCA
GIRE aduce que quienes han enfrentado violencia obstétrica con frecuencia lo que buscan es una reparación integral y no una sanción penal. Para lograr estos objetivos, el Estado debe implementar vías de acceso a la justicia que no impliquen la revictimización ni otros obstáculos jurídicos.

Recuerda que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de delitos no denunciados se mantiene en un nivel muy alto, pues asciende a 93.3 %.

"El fenómeno de la impunidad en México es muy amplio y complejo. Hablar de él no solo evoca la ausencia de sanciones ante una falta o un delito, sino una serie de fallas sistémicas que imposibilitan el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos por parte del Estado y sus representantes", evalúan.

Sostiene que la tipificación del delito de violencia obstétrica no cubre las expectativas de las sobrevivientes de situaciones de esa índole en relación con sus procesos de acceso a la justicia.

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