Semana del 17 de Junio al 23 de Junio de 2022

Marquesina

Marquesina

INSEGURIDAD EN AUMENTO.
Los últimos hechos delictivos que se han presentado en la entidad potosina deben activar a los 3 niveles de gobierno sobre la urgencia de que algo se tiene que hacer, pasar del discurso de" abrazos no balazos" a la acción y castigo, es algo que debe ser prioridad.
Situaciones como las del "Jabalí" o como el alto índice de ejecuciones extra judiciales deben poner en alerta a la autoridad, es casi un hecho que el país ha sido hipotecado al crimen organizado, la ley del caos es lo que se ha venido imponiendo en los últimos días sin que nadie haga algo para remediarlo.
La inversión privada no llega cuando existe desacato a la ley o los índices delictivos afectan a la población vulnerable, de la mano de los altos índices delictivos están los niveles de pobreza que siguen en aumento ante la mirada de las instituciones.
Urge reconstruir el tejido social, la necesidad de establecer un orden en país es cada vez más frecuente, si la clase política se preocupara por hacer una sociedad más justa y no pelearse por el botín otro gallo nos cantaría.

EJEMPLO.
Bien dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el ejemplo es una de las mejores estrategias para erradicar la corrupción y otras malas prácticas en la función pública, pero obvio de forma positiva.
Sin embargo, parece que la titular de la SEDUVUOP Isabel Leticia Vargas Tinajero se le "chispoteo", al contrario, porque de forma injustificada, inconstitucionalidad y fuera de toda lógica diversas dependencias escoden la información sobre distintas obras.
En qué parte de la Ley de Transparencia permite que una institución pública se niegue a revelar el nombre de una empresa que ejecuta infraestructura básica y sencilla como las del parque Tangamanga I...es de preocuparse lo que pasa en la SEDUVOP que sigue si dar a conocer las empresas beneficiadas con eso trabajos.
Tal vez sea "normal" esa actitud opaca, porque si el propio gobierno no le importa mucho menos a sus subordinados ¿No que la herencia maldita ya había acabado?

LA QUINTA OLA.
Tarde o temprano el Gobierno del Estado iba tener que asumir de lleno la pandemia de la Covid-19 que no termina de concluir, ya que, de acuerdo con las autoridades locales, está por entrar la quinta ola.
Después de la conclusión de la administración carrerista se pensaba que todo había pasado, pero la actual administración se ha dado cuenta que sí es complejo el manejo de un virus con esas magnitudes... sin considerar que en las campañas políticas no importó, pero ahora sí.

EL GOBIERNO DE LA CHIMOLTRUFIA.
En donde las grillas dominan es nada menos que en el Gobierno Municipal de Ciudad Valles, no terminan de salir de una cuando ya entran en otra, esta situación se ve en los constantes cambios de titulares y donde es evidente que el Alcalde David Medina Salazar no ha logrado dar con el orden adecuado para mantener una consistencia en las acciones.
Es común ver que el común denominador de las destituciones que se han dado, la mano de la secretaria del Ayuntamiento Claudia Isabel Huerta es la que sale a relucir, muchos han optado por mejor pintar su raya y salir de la nómina municipal.
Las constantes actitudes de la funcionaria lejos de generar un clima de estabilidad solo reflejan una lucha por quien lleva el primer chisme al edil vállense, en gran medida siempre Medina es quien se entera al último de las cosas y poco puede hacer para evitar confrontaciones.

¿DELITOS ELECTORALES?
Las constantes apariciones públicas de la delegada de Morena Rita Ozalia Rodríguez "La Patrona" podrían constituir un delito electoral o podría iniciar una confrontación con el actual Gobierno del Estado ya que se asume como una "Gobernadora de Facto" aprovechando la posición de su hermana Rosa Icela Rodríguez en el Gabinete del Presidente López Obrador.
Una de las reglas del poder es que no se le debe hacer sombra al rey y esto sin duda no lo ha entendido doña Rita porque lo mismo ofrece sus servicios de "cabildera" para bajar recursos que para conseguir en donación patrullas de la extinta policía federal, las cuales muchas son bajo el esquema de arrendamiento.