Semana del 05 de Noviembre al 11 de Noviembre de 2021

La justicia en SLP es cara... y lenta: Impunidad cero

La justicia en SLP es cara... y lenta: Impunidad cero

María José Puente Zavala

San Luis Potosí es la segunda entidad que más dinero per cápita destinó en 2020 al Poder Judicial; sin embargo, la efectividad del aparato encargado de la procuración de justicia es baja, lo anterior de acuerdo con el informe PRESUPUESTO ESTATAL PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD, elaborado por la organización Impunidad Cero.

El estudio revela que en 2020 el gobierno estatal destinó un total de mil 316 millones 503 mil 084 pesos al Poder Judicial; es decir, un total de 459.33 pesos per cápita; y también apunta que dicho presupuesto se incrementó en 375 millones 813 mil 084 pesos durante el sexenio de Juan Manuel Carreras.

En cuanto a la inversión en Seguridad Pública, Impunidad Cero indica que San Luis Potosí destinó 903 pesos per cápita, lo que coloca a al estado en la quinta posición a nivel nacional; sin embargo, la falta de transparencia en cuanto al gasto en ese rubro, al inicio de la administración carrerista, impidió conocer cómo evolucionó el presupuesto entre 2015 y 2020.

La investigación establece que "en México es común escuchar o leer que las bases para poder corregir el problema de la impunidad pasan por la creación y el fortalecimiento de las instituciones, pero las discusiones sobre el monto de recursos públicos que se destinan a ese fin son mínimas. A pesar de su importancia, todavía no es claro cuántos recursos públicos se destinan al combate de la impunidad".

A lo largo de 42 páginas, el documento expone qué entidades ejercen más recursos relacionados con la reducción de la impunidad en sus Estados e intenta establecer si existe una relación entre lo que destinan las entidades a la lucha contra la impunidad y los niveles de impunidad observados.

En el caso de San Luis Potosí, la organización expone que el gasto estatal en el combate a la impunidad total es alto, lo que mantiene al estado en un nivel medio en el índice global de impunidad; sin embargo, también halló que, aunque el gasto que se hace en la operación de la Fiscalía General es alto, prevalece un algo nivel de impunidad particularmente en torno al homicidio doloso.

Para 2020, la entidad potosina fue la octava que más dinero per cápita destinó al gasto en la Fiscalía General del Estado. En total, la dependencia que dirigió Federico Garza Herrera ejerció mil 186 millones 411 mil 873 pesos ese año; es decir, 413 pesos per cápita, lo que representa un aumento de 143 pesos con respecto a lo que se ejerció en 2015, año en el que, por cada potosino, el gobierno estatal gastó 183 pesos para operar la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Aún así, tanto Juan Manuel Carreras, como Federico Garza, no lograron abatir durante sus gestiones el índice de impunidad en torno a la investigación y esclarecimiento de los casos de homicidio doloso, incluso cuando San Luis Potosí se encuentra entre los once estados que, de acuerdo con Impunidad Cero, sí incluyeron en el Plan Estatal de Desarrollo un rubro de combate a la impunidad asociado a un objetivo, estrategia o línea de acción particular.

La propia incidencia delictiva en torno a los homicidios dolosos se convirtió en una asignatura irresuelta y que se agravó, año con año, durante la gestión carrerista que, en su último mes a cargo, cerró con 53 homicidios, una cifra 33% por encima de la media nacional, de acuerdo con la iniciativa Semáforo Delictivo, y 11% mayor que la registrada en el mismo mes de 2020.

En vísperas de que Ricardo Gallardo Cardona presente su Plan Estatal de Desarrollo, Impunidad Cero establece que las administraciones estatales deben tomar en cuenta estudios como suyo para la planeación de políticas públicas y presupuestarias que tengan incidencia efectiva sobre los indicadores del aparato encargado de la procuración de Justicia.

El investigador Roberto Durán Fernández apunta que, en general, mayor gasto se relaciona con una mayor efectividad de procuración de justicia, lo que significa que los estados que más gastan son los que tienen un impacto positivo ese rubro, pero también establece la necesidad de que dicho gasto se haga de forma estratégica y transparente.

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