Semana del 15 de Junio al 21 de Junio de 2012

Evaluación politizada II

Evaluación politizada II

Luis Bárcenas Torres

Los maestros de las secciones controladas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que se opone a Elba Esther Gordillo, Presidenta vitalicia del sindicato de maestros, se han rebelado contra la aplicación del Examen Universal Docente y esto ha desatado una polémica de dimensiones nacionales y cuya generalización alcanza incluso a la gran mayoría de profesores leales a la dirigencia sindical.

El rechazo al instrumento de evaluación por parte de los docentes de Oaxaca, Michoacán y Chiapas y algunas secciones del D.F. parece más una reacción ante el manejo político que a una convicción. Sin embargo, en un país donde poco se sabe pero se protesta por todo, el paro de labores y los plantones en la Antigua Antequera y el Zócalo, desvirtúan los propósitos de la rebelión y la confinan a la desaprobación general.

Todo proceso de evaluación debe ser legítimo, dice Felipe Tirado, catedrático e investigador de la UNAM y miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la legitimidad de un acto se obtiene cuando éste es razonable, justo, cierto, ético y socialmente aceptable.

Al tenor de estas dimensiones podemos decir que si todo proceso debe ser evaluado cuantimás el educativo. Los maestros deben ser evaluados como conductores del proceso porque de sus habilidades depende en buena medida un buen resultado. Yo les escuché decir a los maestros en rebeldía que no están en si contra la evaluación, sino en la forma en que se pretende aplicar.

Por otra parte, una evaluación para que sea legítima debe ser justa, es decir, que todos los que desempeñen responsabilidades educativas , dicho sea de otra manera, todo el sistema, sea evaluado pero con equidad, reconociendo las diferencias existentes. Yo le pregunto: ¿será justo evaluar con el mismo instrumento a los maestros de la sierra de Oaxaca , la selva chiapaneca, de las zonas en conflicto de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Michoacán o Sinaloa que a los maestros y alumnos del D.F, por ejemplo?

Según algunas investigaciones, los factores socioculturales pueden determinar hasta en un 70% el logro escolar, incluso afirman que la escolaridad de los padres está relacionada con las calificaciones que obtienen los hijos. Entonces, la escuela y mucho menos el maestro parecen no ser los factores que determinan la formación de los alumnos. Si no reconocemos el poder de las influencias extraescolares en el proceso educativo, muy poco sabemos de educación.

Otro aspecto de la legitimación es la certeza, es decir, que los juicios de evaluación estén basados en hechos reales, verdaderos, verificables. Un instrumento elaborado en el D.F. por expertos académicos basados únicamente en los avances del programa educativo pero que ignore el avance real en las distintas regiones del país, no podrá arrojar resultados confiables.

Si el propósito de la evaluación es verificar los logros de un programa para aplicar acciones correctivas pertinentes, la dimensión ética establece que nunca se debe lesionar la dignidad de las personas, por lo que la exhibición pública es reprobable. Sin embargo, atendiendo a la retórica política, la SEP ofrece a la prensa resultados de exámenes sin rigor técnico indicando que “reprueban 7 de cada 10 maestros”. Este linchamiento en los medios aumenta el desprestigio docente. La rebelión de los maestros tiene lógica si los resultados van a servir más para satanizarlos que para corregir el proceso.

La oposición al examen estandarizado que pretende aplicar la SEP tiene como aval las argumentaciones de eminentes investigadores nacionales y extranjeros entre quienes destacan James Popham, Catedrático de la Universidad de California quien afirma que las pruebas estandarizadas como PISA o ENLACE, no evalúan la calidad educativa, es decir, la formación personal, social o cívica de los alumnos. Pero lo peor es el manejo político de sus resultados por parte de la SEP, pues al presentar sus gráficas comparativas no explican las causas que producen esos resultados y por lo tanto, desmoralizan al docente y afectan su autoestima al enfrentarlo al reclamo social que lo considera único culpable de los resultados.

Hay que decir que la aplicación del examen es uno de cinco puntos contemplados en el Acuerdo por la Calidad Educativa, de ellos, cuatro son de cumplimiento del Estado mexicano: Infraestructura y equipamiento; proveer a los estudiantes de salud y alimentación y reforma del currículum. Tampoco el gobierno de Calderón ha cumplido, de todos es sabido las condiciones de miseria en las que se desenvuelve el proceso educativo en Oaxaca.

Podrán no gustarnos los medios utilizados por los mentores oaxaqueños, pero después de treinta y dos años de una lucha que se ha radicalizado por la indiferencia e incomprensión oficiales primero y el linchamiento mediático después, ellos han entendido que la mejor forma de hacerse oír es la manifestación callejera.

Particularmente en los dos últimos sexenios, la Secretaría de Educación Pública se maneja más con criterios políticos que educativos, por eso hoy más que nunca cobra vigencia la crítica de Jaime Torres Bodet cuando afirma que llamarle “de Educación” a esta secretaría , no pasa de ser un alarde retórico.