Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Lunes, 15 de Enero de 2018| 14:51
El incremento a la tarifa del transporte público que se comenzó a aplicar a partir de este día, fue avalado por la Secretaría de Transporte de acuerdo a lo establecido en la legislación en la materia, con base en el incremento al Índice Nacional de Precios al Consumidor, manifestaron las legisladoras Lucila Nava Piña y Josefina Salazar Báez.
Coincidieron en que este incremento si afecta los bolsillos de los trabajadores, sin embargo, su actualización, con base en lo establecido en la legislación, corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el propio Consejo Estatal de Transporte en el que participan representantes del estudiantado potosino, permisionarios y autoridades.
"Son cosas que ya están establecidas en la Ley de Transporte, yo creo que cuando se afecta el bolsillo en nada ayuda, pero no podemos hacer más que lo que compete en ley, que ya está establecido, es una ley que ya tiene varios años, y se ha estado aplicando así la fórmula", manifestó la diputada Lucila Nava Piña.
Dijo que, hasta el momento, no se ha presentado una modificación a la ley para considerar otro tipo de método para definir la tarifa, dado que en su momento se desecharon otras propuestas para definir dicha fórmula.
En el mismo tema, la diputada Josefina Salazar indicó que la aplicación de la ley en cuanto a la autorización de un incremento a la tarifa de transporte público es responsabilidad del Ejecutivo del Estado, donde el Congreso del Estado no tiene injerencia sobre este asunto.
"Son facultades netamente del Ejecutivo y de Consejo de Transporte precisamente, de las mesas que se dieron dentro de estos diálogos, donde participan estudiantes, permisionarios, el Ejecutivo principalmente, nosotros como Congreso del Estado no tenemos participación en esta mesa de diálogo".
Resaltó que es un tema delicado, ya que este incremento sin duda afecta a la ciudadanía en su economía, más si se toma en cuenta los recientes incrementos a hidrocarburos, y alimentos de la canasta básica, en contraste con el salario mínimo.
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