Emsavalles| Ciudad Valles, S.L.P.| Lunes, 09 de Agosto de 2021| 08:49
La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas es un intento por visibilizar a los pueblos originarios y a las comunidades que los integran, lamentablemente, aún predomina la asimilación y la discriminación histórica y estructural de una sociedad y sus gobiernos, que más apuestan por la homogenización, que por la diversidad cultural, social y política de nuestro país, consideró el activista e integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano, Juan Felipe Cisneros Sánchez.
"El momento sociopolítico que afronta México y San Luis Potosí en materia indigena, resulta de gran complejidad, mientras el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) impulsa una reforma constitucional con una consulta a medias tintas, los pueblos y comunidades ya no apuestan por más espera, ni simulaciones legislativas. Entre los temas que se exigen por los pueblos y comunidades tanto al ámbito federal como estatal, están: que se incluya en la constitución en el artículo 1º un NO rotundo a la asimilación, describiéndola como la madre de la discriminación y de un conjunto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y colectivos", sostuvo.
Agregó que respecto del presupuesto este debe ser asignado directamente a las comunidades que exigen la atención a su desarrollo y con ello dar fin a la corrupción que lamentablemente caracteriza a las administraciones municipales.
"Se exige que en los territorios y municipios donde predomina la presencia de la población indígena en un porcentaje de 50 más uno, se concrete la elección del gobierno municipal por la vía de sus sistemas normativos (usos y costumbres), así como de sus representantes populares. Demandan que se respete su derecho a ser consultados de buena fe, en su idioma, con tiempo, con información previa, ante toda acción prospectiva y de impulso de proyectos que ponen en riesgo su uso preferente sobre los recursos naturales, enfatizando que no aceptan la privatización de agua, pues tanto la tierra como el agua son sagradas, también agregan que debe impulsarse la educación en sus idiomas, pues hasta ahora el Gobierno en general no respeta los derechos de identidad y los derechos culturales y lingüísticos".
Asimismo, Juan Felipe Cisneros Sanchez, recordó que la materia indígena no sólo es de competencia federal, sino también del Gobierno del Estado y los gobiernos municipales "ahora mismo afrontamos el reto de que el Gobierno electo en el Estado de San Luis Potosí no repita los errores del pasado y menos aún ponga a cargo de las instituciones a funcionarios reciclados del viejo régimen que impuso la exclusión y la asimilación como norma. Los errores graves del pasado fueron: no consultar a los pueblos y comunidades los planes de desarrollo tanto a nivel estatal como municipal, y sólo simular; hubo impusición de Directores de Asuntos Indígenas en las administraciones municipales en contra de la opinión y la voluntad de cientos de comunidades, violentando su derecho a elegir a sus representantes ante el Ayuntamiento. Peor aún, impuso a personas de dudosa calidad moral en las instituciones clave del desarrollo indígena que sólo trabajan para las empresas constructoras, turísticas, agropecuarias, eléctricas, etc, todas privadas; o bien para los intereses políticos de algún partido o grupo de presión. Dichos puestos sólo se otorgaron para el pago de facturas políticas sin importar el fin social de las instituciones. Se agrega el despropósito de impulsar reformas legales a modo en detrimiento de los derechos humanos e indígenas, las cuales merecieron acciones jurisdiccionales cuyas sentencias impidieron la regresión y el abuso", manifestó enérgico.
En este sentido, el activista argumentó que el Gobierno electo tiene un bono de confianza de los pueblos y comunidades indígenas al iniciar su gestión, pero debe evitar a toda costa los errores del pasado, sino más bien, cumplir la Ley y consultar a los pueblos y comunidades en los planes de desarrollo.
"No puede apostar por la simulación que seguramente le recomendarán los que aún aspiran quedarse en la nómina; deberá coadyuvar en que se respete la elección de los representantes indígenas en las diversas instancias de participación, como lo son el Consejo Consultivo del INDEPI, cuyos consejeros en realidad ya no tienen vigencia pues terminó su periodo, aunque el INDEPI obstinadamente los mantiene para intentar legitimar sus abusos. También deberá observar y coadyuvar a que las direcciones de asuntos indígenas en las administraciones municipales sean electas por propia voluntad de las comunidades, sin meter la mano de nadie, pues se sabe, que hay quienes ya les recomiendan a los presidentes electos imponer a sus operadores políticos como en viejos tiempos", enfatizó.
Otro de los puntos señalados por Cisneros, es que es urgente un necesario que haya un cuidado referente a los perfiles de los funcionarios que ocuparán las distintas áreas del gobierno entrante, lo que consideró, será clave para el desarrollo indígena y la transversalización de la política pública hacia pueblos y comunidades indígenas.
"Con tales cargos no se debe pagar factura políticas, sino debe apostarse por la honestidad, la capacidad y entrega de personas que están estrechamente vinculadas con las comunidades y la defensa de sus derechos, pues hasta ahora los nombres de las personas que empujan por figurar en la nomina indígena, simplemente dejan mucho que desear y más aún sus vínculos con las practicas funestas y los "emisarios del pasado autoritario". El nuevo Gobierno deberá ser cuidadoso en no impulsar a contentillo reformas legales a modo en detrimiento de los derechos humanos e indígenas y mejor buscar el consenso, observando la progresividad en las reformas legales", insistió.
Finalmente, Juan Felipe Cisneros, remarcó que si se quiere honrar a los pueblos y comunidades indígenas, debe apostarse por buscar resarcir la deuda histórica que se tiene con este sector, pues "ya no bastan bonitos discursos, ni planes de desarrollo fastuosos y que no se cumplen; es vital no dejar a nadie atrás y estamos obligados a impulsar un nuevo contrato social con los pueblos y comunidades indígenas, basado en el respeto absoluto de sus derechos humanos y colectivos", mencionó finalmente.
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