Diario Potosí
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales 2025 reveló avances en participación femenina, pero también desafíos en transparencia y recursos en el ámbito local.
Los resultados más recientes del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (CNGMD) 2025, publicados por el INEGI, destacan que San Luis Potosí ha dado pasos significativos en la integración de mujeres en puestos de alta dirección y en la profesionalización de la administración pública municipal, superando en varios rubros la media nacional en términos de representatividad.
De acuerdo con el documento, San Luis Potosí se posiciona como una de las entidades federativas con mayor dinamismo en la renovación de sus estructuras organizacionales. El censo indica que la participación femenina en las presidencias municipales ha mostrado un crecimiento sostenido. En cuanto a la composición de los cabildos, los datos del INEGI señalan que las regidurías y sindicaturas en territorio potosino han alcanzado niveles de paridad histórica
En el ámbito de la protección civil, el censo subraya que varios municipios potosinos han formalizado sus registros de asentamientos humanos en zonas de riesgo. A nivel nacional, existen 8,091 asentamientos en peligro, y San Luis Potosí aporta datos cruciales para la gestión de estos polígonos, permitiendo una mejor planificación urbana y seguridad para la población.
Un punto relevante de la gestión potosina es la disponibilidad y saneamiento del agua potable. El CNGMD 2025 detalla que la entidad ha priorizado la infraestructura de drenaje y tratamiento de aguas residuales. Los municipios potosinos han reportado un incremento en la eficiencia de la recaudación por estos servicios, lo que permite una reinversión en el mantenimiento de las redes de distribución.
En materia de residuos sólidos urbanos, San Luis Potosí destaca por sus esfuerzos en la recolección selectiva. A diferencia de otras regiones, los gobiernos municipales del estado han implementado centros de acopio y rutas de recolección especializadas, lo que contribuye a la reducción de la huella ambiental. El censo resalta que la gestión de estos residuos es una de las áreas con mayor personal operativo asignado, garantizando una cobertura amplia tanto en zonas urbanas como rurales.
La profesionalización del personal municipal es otro de los pilares evaluados. El INEGI informa que en San Luis Potosí, el porcentaje de titulares de áreas administrativas con estudios de nivel superior o posgrado es superior al promedio de la región Bajío. Esta especialización del funcionariado se traduce en una mayor capacidad para la tramitología y prestación de servicios, reduciendo los tiempos de espera para la ciudadanía potosina.
Sin embargo, San Luis Potosí se posiciona entre las entidades con menor presupuesto ejercido por sus gobiernos municipales en 2024, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que refleja importantes desafíos en la gestión pública local, particularmente en materia de recursos y control institucional.
Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025, los municipios potosinos ejercieron un presupuesto cercano a los 16 mil 263.9 millones de pesos, colocándose lejos de entidades como el Estado de México y Jalisco, que concentraron los mayores montos a nivel nacional.
Este nivel de recursos limita la capacidad de los ayuntamientos para fortalecer áreas clave como seguridad pública, servicios básicos y transparencia administrativa, en un contexto donde las exigencias ciudadanas continúan en aumento.
En materia de control interno, San Luis Potosí registró un presupuesto de poco más de 7 millones de pesos destinado a los órganos internos de control municipales, una cifra considerablemente baja frente a estados como Jalisco o Tabasco, que concentraron los mayores recursos en este rubro.
A pesar de estas limitaciones, el estado reportó 1,192 denuncias por posibles faltas administrativas de servidores públicos durante 2024. Sin embargo, llama la atención que la mayoría de estas denuncias fueron clasificadas como incompetentes, lo que podría reflejar debilidades en los procesos de atención o en la integración de expedientes.
En el contexto nacional, el informe señala que las denuncias por irregularidades disminuyeron 21.9 % respecto a 2022, lo que podría interpretarse como una mejora en la gestión pública o, por el contrario, una menor participación ciudadana en la denuncia de irregularidades.
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