UASLP, UNA TRAGEDIA ANUNCIADA ENTRE CÁMARAS QUE NO VIGILAN Y UNA SALUD MENTAL IGNORADA
San Luis Potosí, S.L.P.- Otra vez la UASLP está de luto. Y otra vez, la respuesta es la misma: un pésame, un boletín y la promesa de esperar a que la Fiscalía haga su trabajo. Desde Tamazunchale, a kilómetros del lugar de los hechos, el rector Alejandro Zermeño Guerra dio sus primeras declaraciones sobre la muerte de un estudiante al interior de la Facultad de Ingeniería. Dijo que se solidarizan con la familia. Que avisaron a la Abogacía General. Que la Fiscalía ya investiga. Lo que no dijo es lo importante: ¿Dónde estaba la seguridad universitaria? La UASLP presume en cada informe que cuenta con un sistema de videovigilancia, con arcos, con personal de seguridad privada en cada facultad. Entonces, la pregunta es obligada: ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de que un joven estaba en una zona altamente peligrosa y de riesgo dentro de su propia facultad? ¿Para qué sirven cientos de cámaras si no hay nadie que las monitoree en tiempo real? Esta no es la primera vez. El año pasado, en la Facultad de Derecho, ocurrieron hechos similares que también evidenciaron la omisión total de la vigilancia universitaria. Nadie vio nada. Nadie supo nada. Hasta que fue demasiado tarde. Pero hay un segundo fracaso aún más grave y que la rectoría se niega a ver: la salud mental. La salud mental de los jóvenes universitarios hoy es extremadamente delicada. Vivimos una generación con niveles alarmantes de ansiedad, depresión, presión académica y soledad. Y la máxima casa de estudios no tiene un programa real, visible y eficaz para atenderlos. ¿Dónde están los psicólogos por facultad? ¿Dónde están los protocolos de detección de riesgo? ¿Dónde están las campañas de prevención del suicidio? La UASLP tiene un departamento psicopedagógico que es insuficiente, burocrático y que la mayoría de los estudiantes ni siquiera conoce. No se puede tener un sistema de videovigilancia que no vigila y, al mismo tiempo, una universidad que no escucha a sus estudiantes. Esa doble omisión es letal. Lo ocurrido en Ingeniería no puede minimizarse como un hecho aislado. Es el reflejo de un modelo de seguridad que no sirve para nada y de una política de salud mental inexistente. Es una omisión institucional grave. Y lo más indignante es la rueda de prensa para no decir nada. El rector no explica, no asume, no da la cara en la capital, se escuda en una gira en la Huasteca y lanza un mensaje protocolario que no justifica el mal trabajo que se está realizando. Por dignidad, por responsabilidad y por respeto a la familia del joven fallecido, el rector Alejandro Zermeño Guerra debería valorar seriamente su permanencia al frente de la Universidad. Su ciclo está agotado, su modelo de seguridad ha fracasado y su deuda en materia de salud mental es impagable. La UASLP no puede seguir siendo una institución acéfala donde mueren estudiantes y nadie es responsable. Si nos ponemos a pensar, ¿sabe usted cuánto paga la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por su seguridad privada, donde supuestamente cuentan con cámaras en los diferentes planteles universitarios? ¿Dónde estaban? Hoy la universidad cubrirá una vez más a esa empresa que tienen como seguridad y hoy el joven pudo haber tenido un mejor momento de reflexión si hubieran existido los protocolos necesarios para detener esta situación.

LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS EN SAN LUIS POTOSÍ
San Luis Potosí, S.L.P.- El 15 de noviembre no es una fecha más en el calendario. Ese día arranca formalmente el proceso electoral más grande, más caro y más complejo en la historia moderna de San Luis Potosí. Y aunque la consejera presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco López, lo diga en tono técnico, lo que viene es una guerra política total.
En juego no es solo una elección. En 2027 se renovarán 1 gubernatura, 27 diputaciones locales, 15 diputaciones federales y 59 ayuntamientos. Más de 2 mil cargos si se cuentan regidurías y sindicaturas. Todo en un mismo día: el primer domingo de junio de 2027. El dato que nadie quiere decir en voz alta es el costo. El CEEPAC alista su proyecto de presupuesto que presentará la primera semana de octubre, pero solo como referencia: en 2024 el organismo ejerció más de 350 millones de pesos. Para 2027, con el crecimiento del padrón —hoy superior a los 2.1 millones de potosinos— y la necesidad de imprimir más de 6 millones de boletas, el presupuesto se disparará por encima de los 500 millones, aunque no ha sido confirmado. Y hay otro dato clave que Blanco López ya anticipó: desde enero el INE y el CEEPAC trabajan en la instalación de comités municipales, en la ubicación de casillas y en el material electoral. ¿Por qué con tanta anticipación? Porque San Luis Potosí es hoy uno de los 5 estados con mayor riesgo de conflictividad electoral según el propio INE, por la presencia del crimen organizado en la Huasteca, la Zona Media y el Altiplano. A eso hay que sumarle la fragmentación partidista. Morena llega dividido entre el grupo de Rita Ozalia Rodríguez y otros morenistas, así como la alianza no pactada por el Partido Verde Ecologista. El PAN busca sobrevivir con perfiles como Enrique Galindo, y el PRI intenta no desaparecer. Todos se pelearán por el mismo pastel, sin alianzas claras. Lo que Paloma Blanco no dice, pero todos en el CEEPAC saben, es que esta elección no se ganará en las urnas, se judicializará. Se espera una lluvia de impugnaciones, recuentos voto por voto y denuncias por rebase de topes de campaña. El 15 de noviembre inicia el proceso. Pero la guerra ya empezó.

CÓMO SE VAN A INTEGRAR LOS CABILDOS EN 2027
La reforma del 29 de junio de 2026 a la Ley Orgánica del Municipio Libre pasó casi desapercibida, pero define algo fundamental: cuántos y cómo se integran los Ayuntamientos que elegiremos el 7 de junio de 2027. La ley ahora divide a San Luis Potosí en tres bloques. El primero es la capital. Por su tamaño, tendrá un Presidente o Presidenta, una regiduría y una sindicatura de mayoría relativa, que son los que llegan con la planilla ganadora, más hasta 14 regidurías de representación proporcional, que son los espacios que se reparten a los demás partidos según su votación. Antes eran dos sindicaturas y hasta 16 plurinominales. Ahora es una sindicatura y 14.
El segundo bloque es donde está el cambio más profundo: Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y, por primera vez con este nivel, Villa de Pozos. Estos seis municipios ahora tendrán una integración de un Presidente o Presidenta, una regiduría y una sindicatura de mayoría relativa, y hasta 11 regidurías de representación proporcional. Hay que dimensionar el salto: hasta la elección pasada, estos ayuntamientos solo tenían hasta 4 regidores de oposición. Pasar de 4 a 11 significa que sus Cabildos dejarán de ser de 7 integrantes para ser de hasta 14. Será un Cabildo mucho más plural, donde la oposición tendrá peso real en comisiones, votaciones y vigilancia del gasto.
El tercer bloque son los 52 municipios restantes. Para ellos no hay cambios: un Presidente, un regidor y un síndico de mayoría relativa y hasta 5 regidores de representación proporcional. La ley conserva dos candados importantes que no son nuevos, pero vale la pena recordar. Uno, que cada propietario debe tener suplente, lo que da estabilidad si hay licencias o renuncias. Y dos, que para ser síndico se exige título y cédula de abogado o licenciado en derecho con al menos tres años de ejercicio. No es un requisito menor, porque el síndico es el abogado del municipio, el que firma y revisa juicios, contratos y convenios. En términos simples, la reforma de 2026 hace dos cosas: compacta ligeramente el Cabildo de la capital y fortalece y amplía la representación en los municipios grandes, incluyendo a Villa de Pozos, que estrenará esta figura como municipio número 59.

EL MONTAJE PANISTA: TRES DENUNCIAS PARA TAPAR LA DESBANDADA RUMBO A 2027
Ahora resulta que el PAN en San Luis Potosí sale con la denuncia de las agresiones del 22 de agosto en el foro "Voces por la Capital". Tres denuncias ante la Fiscalía, dice Enrique Dahud Uresti. Que ya dieron acompañamiento, que los agresores son ajenos al partido, que se investigue. El discurso de siempre, el que se saca cuando no hay nada más que informar. Pero la realidad es que en el PAN quieren distraer. Quieren tapar con una denuncia lo que todos en la militancia ya saben: están quebrados por dentro.
No tienen estructura. No tienen operación. No tienen partido en las calles. Lo que tienen es un grupo cerrado de dirigentes y sus más cercanos que ya se repartieron todos los cargos para el 2027 y que ven al resto de la militancia como relleno para tomarse la foto en los foros. Por eso los panistas se siguen saliendo. Porque mientras Dahud Uresti sale a decir que la única encuesta válida será la del CEN a finales de septiembre y que Santiago Taboada ya habló con los aspirantes, adentro la militancia sabe que la coordinación municipal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad ya está negociada.
¿De qué sirve presumir que cumplieron dos etapas, respaldo ciudadano y foros, si no hay piso parejo? ¿De qué sirve hablar de respaldo del partido a su militancia cuando a esa misma militancia no la dejan participar? El PAN en la capital está roto. Y lo más grave es que lo saben. Por eso ahora salen con el tema de la Fiscalía. Para victimizarse, para decir que hay un enemigo externo, cuando el verdadero enemigo lo tienen adentro: una dirigencia sin legitimidad que quiere quedarse con todo en 2027.

GALINDO: EL BARRIO SE QUEDA ESPERANDO
En el Barrio de San Juan de Guadalupe el hartazgo ya tocó la puerta del Ayuntamiento de Enrique Galindo Ceballos, pero parece que la respuesta sigue sin llegar. En apenas una semana, vecinos reportan al menos seis hechos delictivos, entre robos, asaltos y apertura de vehículos, además de una motocicleta que fue robada. Los habitantes aseguran tener videos de cámaras de seguridad que evidenciarían que serían los mismos responsables, mientras la Policía Municipal es señalada por la falta de patrullajes y atención oportuna a los reportes. Y aquí viene lo preocupante: los vecinos ya dicen “Ya estamos hartos” y advierten que, si las autoridades no cuidan su barrio, les tocará defender su patrimonio entre ellos. Bonito sería que no tuvieran que llegar a eso, porque para eso existe una Policía Municipal y para eso también hay un Ayuntamiento que cobra, administra y promete seguridad. Mientras Galindo sigue hablando de estrategias, en San Juan de Guadalupe los ciudadanos están haciendo sus propias cuentas: seis hechos en una semana y una paciencia que ya está llegando al límite.

PREVENCIÓN EN EL DISCURSO, SALUD MENTAL EN EL OLVIDO
En pleno mes de la prevención del suicidio, la Zona Universitaria de la UASLP se vio sacudida por la muerte de un alumno de la Facultad de Ingeniería, quien, de acuerdo con los primeros informes, habría caído desde uno de los niveles superiores de la Torre de Ingeniería. El hecho provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y seguridad, además de la evacuación de facultades para realizar las investigaciones correspondientes. Y mientras se habla de protocolos y de prevención, queda una pregunta incómoda: ¿qué tanto se está haciendo realmente por la salud mental de los estudiantes antes de que ocurra una tragedia? Porque la salud mental no debería estar contemplada solamente cuando ya existe una emergencia. También queda para la sociedad una reflexión todavía más dura: ¿qué pasó con la reacción ante el hecho y por qué nadie ayudó? En tiempos donde parece importar más ganar likes, tomar fotos y generar contenido, la tragedia puede terminar convertida en espectáculo mientras se pierde de vista lo verdaderamente importante: ayudar. La prevención no puede quedarse en campañas, carteles o discursos; también exige sensibilidad, atención y una sociedad capaz de reaccionar como comunidad cuando alguien atraviesa una crisis.

EL HUACHICOL FISCAL QUE PUDO FRENARSE
El huachicol fiscal no apareció de la nada y, según el exlegislador federal Ricardo del Sol Estrada, desde el Congreso pudo haberse frenado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando una iniciativa para combatirlo fue presentada, pero los diputados morenistas votaron en contra. Los prianistas sí apoyaron la propuesta, pero no alcanzaron la mayoría. Si aquella iniciativa hubiera sido aprobada, asegura Del Sol, quizá hoy no estaríamos hablando de una actividad en la que, según sus señalamientos, están involucrados actuales gobernantes, incluidos potosinos. Y mientras unos votaron a favor y otros en contra, el exlegislador sostiene que las consecuencias terminan pagándolas los ciudadanos, al señalar que por el huachicol fiscal hay problemas para contar con medicamentos en hospitales y clínicas, además de obras de carreteras y construcción de nosocomios que se han frenado. Eso sí, las acusaciones sobre gobernantes y refinerías clandestinas son señalamientos que tendrán que comprobarse, porque una cosa es aventar la marquesita política y otra muy distinta que las autoridades investiguen hasta dónde llega el negocio. Al final, queda la pregunta incómoda: ¿cuántas veces se pudieron tomar decisiones desde el Congreso y se dejó pasar la oportunidad?

¡ROBO AL AYUNTAMIENTO!
Ahora resulta que hasta la computadora del contralor Francisco Rafael Rodríguez Aguilar salió caminando de las oficinas del Ayuntamiento de Ciudad Valles. El alcalde David Armando Medina Salazar confirmó que el equipo fue robado y que ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Eso sí, el presidente municipal salió rápido a aclarar que la computadora contenía información personal y que, según sus palabras, “nada que comprometa al Ayuntamiento”. Así que tranquilidad en Palacio: la información del trabajo del contralor, dicen, está pública en las plataformas oficiales. La marquesita queda servida porque, aunque el equipo supuestamente no contenía información delicada del gobierno municipal, no deja de llamar la atención que una computadora de un funcionario pueda desaparecer así nomás. Ahora toca a la Fiscalía investigar cómo ocurrió el robo y, sobre todo, dónde terminó el equipo. Porque si hasta al Contralor le vuelan la computadora, habrá quienes se pregunten qué tan bien están vigiladas las oficinas municipales; eso sí, para tranquilidad de todos, al menos los datos públicos no se los llevaron, esos siguen en internet.

CERCO PREVENTIVO ANTE TEMPORADA DE LLUVIAS
El despliegue estratégico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en la Huasteca potosina representa un paso fundamental en la consolidación de un sistema de gestión integral de riesgos adaptado a la compleja geografía del oriente del estado. La cobertura operativa en municipios con alta vulnerabilidad climática como Xilitla, Tanquián de Escobedo, Ciudad Valles y El Naranjo —sumada a los antecedentes de trabajo preventivo en Villa de Reyes— refleja una apuesta institucional por anticiparse a las contingencias de la temporada de lluvias. La realización de simulacros y la auditoría técnica presencial a la red de refugios temporales trascienden la mera revisión de infraestructura, estableciendo protocolos homologados que garantizan espacios seguros, salubres y con abastecimiento oportuno para la población. El valor de esta gira de trabajo radica en la articulación interinstitucional entre la federación, el estado y las administraciones municipales para homogeneizar los criterios de atención ciudadana y evacuación. Al concentrar las capacitaciones regionales e integrar a cuerpos de auxilio en sedes estratégicas como Ciudad Valles, la dependencia estatal fortalece la capacidad de respuesta comunitaria y la logística de primera línea en zonas históricamente expuestas a crecidas de ríos y desgajamientos. Este cerco preventivo no solo reafirma el compromiso con la salvaguarda de la vida, sino que consolida una cultura de la protección civil basada en la preparación oportuna, la coordinación efectiva y la proximidad territorial.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL
La tragedia registrada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no solo enluta a una comunidad académica, sino que expone de forma cruda las profundas grietas y deficiencias de la administración encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra. Tras el lamentable fallecimiento del estudiante, la respuesta de la máxima casa de estudios se ha limitado al predecible protocolo burocrático: el acordonamiento del área, la emisión de comunicados de condolencia y la típica promesa de colaboración con las autoridades correspondientes. Sin embargo, en el fondo queda al descubierto la absoluta inoperancia de las políticas de prevención y la alarmante ausencia de mecanismos efectivos para la contención psicológica en los campus universitarios, donde el discurso institucional sobre el bienestar estudiantil contrasta drásticamente con la realidad operativa. Resulta inaceptable que, bajo la actual rectoría, la salud mental continúe tratándose como una asignatura secundaria o un simple requisito de adorno en la agenda universitaria. Hoy la comunidad potosina se cuestiona justificadamente en dónde estaban las brigadas de atención prioritaria, las alertas tempranas y las redes de apoyo psicopedagógico que teóricamente deberían proteger a los jóvenes en momentos de crisis. El llamado a la "responsabilidad social" para acallar la indignación no puede servir como escudo ante la falta de visión e inversión real en la integridad de las y los alumnos; lo ocurrido en la Zona Universitaria Poniente exige rendición de cuentas, la revisión urgente de los programas preventivos y una autocrítica profunda por parte de un mando institucional que no ha sabido responder a las demandas de su comunidad.

ATAQUES SISTEMÁTICOS CONTRA LA GCE
Aunque las últimas incidencias no dejaron daños mortales en la Guardia Civil Estatal (GCE), es una verdad absoluta que la delincuencia organizada mantiene una guerra abierta contra la principal fuerza del orden del gobierno potosino, una situación que no debería ser minimizada. Si se realiza un conteo a detalle de las agresiones contra la corporación en lo que va del año, el número resulta bastante considerable, incluida la pérdida de vida de elementos durante el cumplimiento de su deber. Y ahí está precisamente el foco rojo: los ataques dejaron de ser esporádicos para volverse sistemáticos, guardando una lógica y una estrategia para obtener un objetivo en favor de los intereses delincuenciales. Esto genera un llamado para poner atención donde realmente hace falta: quienes salen a proteger la tranquilidad de las familias potosinas también necesitan protección. El autocuidado, los exámenes de control y confianza y los protocolos de actuación deben cumplirse realmente para reducir el impacto contra los oficiales. Porque el riesgo policial siempre ha existido, pero cuando las agresiones comienzan a repetirse con una lógica determinada, ya no se puede simplemente voltear para otro lado; toca reforzar medidas, revisar estrategias y evitar que quienes portan el uniforme terminen pagando el precio más alto.

SIN FIRMA, NO PASÓ NI EL PRIMER FILTRO
Por carecer de firma autógrafa, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) declaró improcedente el medio de impugnación promovido por Marisol Santillán Vázquez, Juana María Escobar Ochoa y Maribel Pérez Hernández, quienes buscaban recurrir el desechamiento del CEEPAC de una queja de violencia política en razón de género. El recurso TESLP/RR/04/2026 simplemente no pasó el primer filtro, pues la Ley de Justicia establece que los medios de impugnación deben contener nombre y firma autógrafa de quien los promueva. Aquí no fue cuestión de argumentos, debates o de quién tenía la razón de fondo: faltó la firma y con eso bastó para que el recurso se fuera por la puerta de atrás. Eso sí, el CEEPAC ya había determinado su incompetencia y dio vista al Conapred y a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGE para garantizar el acceso a la justicia. Así que, entre tanta vuelta jurídica, el detalle que terminó tumbando la inconformidad fue uno bastante básico: sin firma autógrafa, no hay recurso que avance.

¡HAY DINERO, HAY DEMANDA... AHORA QUE SE NOTE!
En la continuación de financiamiento federal para San Luis Potosí, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Rioverde resultó beneficiado con un millón 383 mil 823.50 pesos, mientras que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (SEMU), aportará otros 259 mil 584 pesos. El dinero tendrá destino en equipamiento tecnológico, informático y logístico, además de dos vehículos para los traslados estratégicos de mujeres usuarias víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos. Nada menor si se considera que el CJM atiende de manera permanente a mujeres de Rioverde, Ciudad Fernández, Cárdenas, Rayón, Lagunillas, Santa Catarina, Alaquines, San Ciro de Acosta y otros municipios de la Zona Media. Por lo que hay números que deberían convertirse en resultados visibles: durante 2024 se brindaron 18 mil 811 servicios de atención y asesoría psicológica, jurídica y de trabajo social, mientras que en 2025 fueron 19 mil 490. Es decir, trabajo y demanda hay de sobra, ahora toca que esos recursos realmente se traduzcan en mejor atención, traslados y apoyo para quienes llegan buscando ayuda. Porque millón y medio de pesos entre Federación y estado suena bonito en el papel, pero la verdadera medida será cuánto de esa lana termina haciendo la diferencia para las mujeres que necesitan al CJM.

INFORME SIN ACARREADOS NI PACHANGA
El alcalde David Armando Medina Salazar ya adelantó que su informe de Gobierno será entre el 25 y 26 de septiembre y, esta vez, no habrá evento masivo ni grandes reflectores. El edil quiere un ejercicio muy platicado, cercano y humano, con representantes de colonias, consejeros y distintos sectores de la sociedad, para que sean ellos quienes conozcan de primera mano los avances alcanzados durante estos cinco años de administración. Eso sí, por ley tendrán que aparecer representantes del Congreso del Estado y del gobernador. Así que, en lugar de llenar un recinto con porras, banderas y aplausómetros, Medina apuesta por sentarse a platicar con la ciudadanía y exponer lo que se ha hecho en Ciudad Valles. Un informe cercano también significa que los ciudadanos estarán cerquita para preguntar, reconocer lo que sí se hizo y, de paso, recordar lo que quedó pendiente. Porque sin evento masivo y sin tanto ruido habrá menos humo y más oportunidad de escuchar qué tanto avanzó realmente Ciudad Valles.

GOLPES EN EL PAN Y ENCUESTA EN PUERTA
Tres militantes del PAN ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado por las agresiones ocurridas el pasado 22 de agosto durante el foro “Voces por la Capital”, y desde el partido exigen que los hechos no queden impunes. Enrique Dahud Uresti asegura que se brindó acompañamiento y asesoría a los afectados, además de señalar que quienes participaron son ajenos a Acción Nacional. Ahora toca a la autoridad investigar, identificar a los responsables y demostrar que una bronca política no puede terminar simplemente archivada. Y mientras el PAN pide justicia por las agresiones, por debajo de la mesa también se sigue cocinando otra disputa: quién encabezará la coordinación municipal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en la capital potosina. Los aspirantes ya cumplieron con respaldo ciudadano y foros, pero la verdadera hora de la verdad llegará a finales de septiembre, cuando el Comité Ejecutivo Nacional haga la encuesta. Dahud ya dejó el aviso clarito: “la única encuesta válida será la que realice el Comité Ejecutivo Nacional”; así que más de uno tendrá que bajarle a la porra y esperar a ver quién sale con la bendición de las urnas internas.

RIESGO DE ENFERMEDADES
Los corrales de ganado dentro de zonas habitacionales no deben verse como una costumbre del medio rural. Cuando las condiciones de higiene son deficientes y existen acumulaciones de estiércol, aguas residuales, desechos y malos olores, pueden convertirse en un problema de salud pública que afecta directamente a quienes viven alrededor. Un claro ejemplo es la denuncia ciudadana realizada por vecinos del ejido Los Llanitos, en el municipio de Ciudad Fernández, quienes expresaron su preocupación por los fétidos olores y las condiciones insalubres generadas por la presencia de ganado porcino, bovino y caprino en una vivienda ubicada en una zona habitacional. El problema no es la crianza de animales en sí, sino mantener corrales en condiciones que puedan favorecer la proliferación de moscas, roedores, microorganismos y otros agentes contaminantes, además de generar residuos que pueden terminar en el suelo o en fuentes de agua.
Aquí la pregunta es sobre cuánto tiempo tendrán que soportar los vecinos esta situación antes de que alguna autoridad intervenga. La exposición constante a ambientes insalubres puede incrementar riesgos sanitarios, incluyendo problemas gastrointestinales y algunas afecciones de la piel, particularmente cuando existen deficiencias en el manejo de excretas, agua contaminada o contacto con superficies contaminadas. No se trata de alarmar, sino de prevenir antes de que aparezca un brote o una enfermedad. Por ello, las autoridades municipales y sanitarias deben realizar una inspección formal, verificar las condiciones del lugar y determinar si cumple con las disposiciones de higiene, manejo de residuos y protección a la salud. Si se acredita que el sitio representa un riesgo para los habitantes, deberán establecerse las medidas correctivas correspondientes, incluida, de ser procedente, la reubicación de los corrales fuera de la zona habitacional.
Los vecinos tienen derecho a vivir en un entorno saludable y a no tener que soportar diariamente olores insoportables, fauna nociva y residuos provenientes de una actividad pecuaria desarrollada prácticamente al lado de sus viviendas. La prevención también es responsabilidad de las autoridades. Esperar a que alguien enferme para después actuar sería una grave omisión.

DÍAS DE SILENCIO
Transcurrieron ya 18 días desde la desaparición de tres jóvenes de Rioverde y Ciudad Fernández y, mientras sus familias continúan viviendo la angustia de no saber dónde están ni qué ocurrió con ellos, las respuestas de las autoridades simplemente no llegan. Cada día que pasa representa un golpe más para sus familiares, las horas se convierten en días y los días en semanas, mientras la incertidumbre crece y las esperanzas de encontrarlos con vida comienzan a desvanecerse. Lo más preocupante es el silencio oficial. Hasta ahora, los familiares y la sociedad no conocen públicamente avances concretos sobre las investigaciones, resultados de las búsquedas o alguna línea sólida que permita establecer qué ocurrió con los tres jóvenes y entonces surge una pregunta que las autoridades deberían responder sobre por qué en algunos casos sí parece existir presión social, movilización y seguimiento, mientras que en otros el silencio termina convirtiéndose en la respuesta. Actualmente existe atención y movilización alrededor de la búsqueda de otro joven desaparecido en San Ciro de Acosta, situación que genera una evidente presión social para que las corporaciones y autoridades de investigación actúen y qué bueno que se busque a toda persona desaparecida, porque cada vida importa, pero precisamente por eso resulta válido preguntar qué pasa con los tres jóvenes desaparecidos hace 18 días. ¿Acaso porque sus familias no realizan manifestaciones, bloqueos o protestas diariamente significa que el caso puede quedar relegado?
La Unidad de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), Tercera Delegación, con sede en Rioverde, encabezada por Roberto M., tiene una responsabilidad que no puede depender de cuánta presión exista en las calles. La búsqueda de una persona desaparecida no debería avanzar únicamente cuando hay cámaras, protestas o reclamos públicos, debe avanzar desde el primer minuto, porque las primeras horas son fundamentales y cada día perdido puede representar una oportunidad menos para localizar a una persona. Las familias de estos tres jóvenes merecen saber qué se está haciendo, qué líneas de investigación existen, qué lugares fueron revisados, qué diligencias realizadas y cuáles son los resultados obtenidos.
No se trata de exigir que la Fiscalía revele información que pueda poner en riesgo una investigación, se trata de pedir transparencia, sensibilidad y resultados, dentro de lo legalmente posible, porque detrás de cada carpeta de investigación hay una madre, un padre, hermanos, hijos, pareja y amigos que viven una pesadilla que parece no tener final. 18 días no son solamente una cifra, son días de angustia, incertidumbre y preguntas sin respuesta y, mientras las autoridades guardan silencio, las familias seguirán esperando. Ojalá que no sea necesario salir a las calles, bloquear carreteras o ejercer presión social para que un caso reciba la atención que merece, como ocurre en San Ciro de Acosta. Tres jóvenes siguen sin regresar a casa y, mientras no aparezcan, la obligación de buscarlos no termina.

SIN DERECHOS SOBRE LA MUJER
Ser esposo no convierte a un hombre en dueño de su pareja, ni le otorga derecho alguno para decidir sobre su cuerpo, su libertad o su voluntad. En pleno siglo XXI, todavía existen quienes creen que dentro del matrimonio todo está permitido, nada más alejado de la realidad. Una mujer tiene derecho a decidir libremente si quiere o no sostener una relación sexual, aun cuando el hombre sea su esposo o pareja.
Cuando una persona es obligada mediante violencia, amenazas, intimidación o cualquier otra forma de coerción a mantener una relación sin su consentimiento, puede configurarse un delito sexual. El vínculo matrimonial no elimina el consentimiento ni constituye una autorización permanente y, en Rioverde, existen casos que deben llamar poderosamente la atención de las autoridades y de la sociedad. Uno de ellos es el ocurrido en el fraccionamiento Gabriel Martínez, donde, de acuerdo con los hechos denunciados, Miguel Arturo S. presuntamente habría golpeado y amenazado a su esposa y, además, la habría privado de la libertad. Si estos hechos son acreditados por la autoridad investigadora, no estaríamos simplemente ante una discusión de pareja o un problema doméstico. La violencia física, privación de la libertad y cualquier eventual violencia sexual son conductas que pueden constituir delitos y deben investigarse con toda seriedad. Además, cuando existen antecedentes y circunstancias que permitan advertir una agresión dirigida contra una mujer por razones de género y un riesgo grave para su vida, la autoridad debe analizar el caso bajo los protocolos de investigación correspondientes, incluyendo la posibilidad de que los hechos pudieran ser jurídicamente considerados como feminicidio en grado de tentativa, si los elementos de la investigación así lo sustentan. Aquí no hay que minimizar, no es correcto decir que "son problemas de matrimonio", ni justificar la violencia porque existe una relación sentimental y mucho menos pensar que una mujer tiene la obligación de someterse sexualmente por el simple hecho de estar casada. El matrimonio no es una carta de propiedad. Una relación de pareja debe estar basada en respeto y consentimiento. Cuando aparece la violencia, amenazas, el sometimiento o encierro, el Estado tiene la obligación de intervenir y proteger a la víctima. Por eso, resulta indispensable que las autoridades investiguen cada caso con perspectiva de género, valoren correctamente el nivel de riesgo y adopten las medidas de protección necesarias para evitar que una agresión termine en una tragedia, porque muchas veces la violencia extrema no comienza con un homicidio, puede comenzar con golpes, amenazas, aislamiento, control, privación de la libertad y agresiones sexuales.
No esperemos a que una víctima aparezca muerta para entonces preguntarnos qué se pudo haber hecho. La violencia contra las mujeres no debe normalizarse, justificarse ni esconderse detrás de la palabra "esposo". Ser esposo no exime a nadie de enfrentar la ley y ser pareja tampoco significa tener derecho sobre la vida, libertad o cuerpo de otra persona.

¿INTERÉS O GANAS DE AYUDAR?
Desde hace ya tiempo, quienes no gobiernan el municipio de Alaquines, vienen haciendo una labor altruista en llevar ayuda a la población de las distintas localidades, lo que no suena a ganas de ayudar nada más porque sí, sino a un interés verdaderamente político.
Las actividades las encabeza el docente Pablo Arturo García Noyola juntó a su esposa y dos veces ex alcaldesa Florisela Hernández Chávez (2018-2021 y 2021-2024), el primero ha manifestado que no busca interés político como ser candidato a la presidencia municipal en el 2027 y que su ayuda es por acto de solidaridad. Pero, porque tanto show en los actos que ambos realizan pues para todo publican lo que hacen y, todo da a indicar, que su esposa volvería a contender en el 2027 con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no por algo en el proceso electoral del 2024 puso a su cuñada, la actual Edil Laura Moctezuma de la Cruz. Bien o mal ante estas situaciones políticas, es la gente de Alaquines que tiene la decisión de elegir a quien será su próximo gobernante, si los mismos o alguien diferente.

CONTRA EL GUSANO
Ciudad del Maíz sigue como el principal municipio, no solo a nivel estado sino de todo México, con mayor incidencia en casos de Gusano Barrenador. Pero, no porque este desatendido, sino todo lo contrario, desde finales de Febrero en que aparecieron los primeros casos se contó con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en coordinación con el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER). Así que todo caso que llegaba a darse, era atendido de inmediato y es así como la cantidad que hasta Agosto llegó a los 400 en promedio, fue considerada como de las cifras más elevadas detectadas a nivel estatal y nacional que incluso supera a otros municipios, pero es así porque a quienes les compete en sus respectivas zonas, realmente no hacen la chamba que les toca. Está semana en forma oficial, comenzó una nueva estrategia con apoyo del Gobierno Federal como es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) con la participación del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP) con 12 brigadas de especialistas, pero no para atender animales enfermos, sino para la captura de la mosca Cochliomyia Hominivorax, causante de este gusano. Por medio de trampas, capturarán está especie de mosca pero adultas, principalmente machos, para con ello reducir la plaga y evitar que siga reproduciéndose; está acción no será solo en el ejido Nuevo Centro Poblacional Ganadero Papagayos dónde se dió inicio, sino que abarcará todo Ciudad del Maíz y la estrategia suena interesante.

JUSTICIA DIVINA
Luego de un poco más de tres años, en qué la capilla del Barrio El Orégano, en Ciudad del Maíz permaneció cerrada por un conflicto legal, hoy por fin regresa a manos de quienes verdaderamente les corresponde, como es la feligresía católica.
Vaya polémica la generada a mediados del 2023, en qué un avecindado de la zona Shihues Hijos del Pueblo, pues llegó a ese sitio para cercar la capilla con una considerable extensión de terreno con el argumento que es un terreno de su propiedad y dejar afuera a los católicos.
Pero, ¿porque la población no pudo recuperar el inmueble?, por una sencilla razón y es que en forma por demás absurda, el mismo grupo Shihues logró comprar a su favor a algunas autoridades de dependencias del Gobierno Federal. Pero para todo hay justicia, al llegar el caso a manos del Juzgado del 5to Distrito con sede en el municipio de Ciudad Valles, lo cuál fue en Julio de este año, se determinó que el inmueble regresara a manos de la feligresía en forma temporal, hasta remediar conforme a la ley este caso. Hoy, la población con gran alegría festejó lo que es suyo, pues este día hicieron la reapertura de este inmueble para dar continuidad a sus tradiciones en honor a la Santa Cruz, como símbolo católico de este espacio.

EL VERDE ABRE LA PUERTA PARA GALLARDO
Los números de Consulta Mitofsky ponen una pieza interesante sobre el tablero rumbo a 2027: mientras Morena se mantiene prácticamente estancado, el Partido Verde Ecologista de México y el PT son quienes “oxigenan” al bloque oficialista y permiten que la coalición de la 4T alcance un 41.7% en conjunto. Ahí se pone bueno para Ricardo Gallardo, porque el crecimiento del Verde confirma que su estructura política sigue siendo un factor que pesa dentro y fuera de San Luis Potosí, abriendo todavía más la puerta para que el gallardismo juegue un papel determinante en la próxima sucesión. Eso sí, la oposición tampoco está dormida y logró recortar la distancia a un solo dígito, impulsada principalmente por el crecimiento del PAN. Pero mientras los indecisos comienzan a tomar partido y el escenario se vuelve más competitivo, el Verde aparece como una de las fuerzas que le mete oxígeno al oficialismo. Para Gallardo, estos números son una señal de que el partido sigue teniendo músculo y que, rumbo al 2027, quien quiera armar cuentas políticas tendrá que considerar al Verde, porque parece que la puerta no se le está cerrando... al contrario, se le está abriendo cada vez más.