¿Cárcel por usar IA? Héctor Serrano aclara alcance de la polémica ley en SLP

¿Cárcel por usar IA? Héctor Serrano aclara alcance de la polémica ley en SLP

Lucina López| Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Martes, 26 de Mayo de 2026| 10:47

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El diputado local Héctor Serrano Cortés salió al paso de las críticas generadas por recientes acciones penales relacionadas con el uso de inteligencia artificial, al asegurar que la norma vigente no busca censurar opiniones ni limitar la libertad de expresión, sino impedir el uso malicioso de herramientas tecnológicas para generar desinformación y afectar la seguridad pública.

El legislador explicó que la iniciativa no surgió de una sola persona, sino que se trata de una ley aprobada por mayoría dentro del Congreso, por lo que enfatizó que responde a un proceso legislativo respaldado por diversas fuerzas políticas.

"Es una ley que regula la inteligencia artificial y que fue votada por mayoría. No es una ley impulsada únicamente por un diputado", declaró.

Serrano Cortés insistió en que la intención de la legislación es sancionar casos donde la inteligencia artificial sea utilizada para alterar voces, imágenes o videos y presentarlos como hechos reales cuando no lo son.

El diputado señaló que cuando se modifica la voz de una persona, se alteran imágenes o se manipulan videos con fines de generar confusión social, se incurre en una falsificación que puede afectar a la población.

Uno de los temas que más cuestionamientos ha generado es el criterio relacionado con la llamada "alarma social", un concepto que algunos consideran ambiguo. Sobre ello, Serrano explicó que no existe un número específico de personas afectadas para determinar esa condición, sino que el factor central es el alcance masivo de la difusión.

"No es si engañas a diez personas o más; el problema es cuando la difusión tiene un carácter masivo y puede generar incertidumbre o poner a personas en una situación de riesgo", afirmó.

Respecto a las críticas sobre que las sanciones contemplan procesos penales y prisión, en lugar de medidas administrativas como el retiro del contenido, el legislador indicó que el Congreso únicamente construyó la norma y que su aplicación corresponde a las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Subrayó que será el Ministerio Público quien reúna los elementos necesarios para judicializar los casos y posteriormente un juez será quien determine si existe responsabilidad.

Además, recordó que actualmente existe una controversia pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia, la cual podría definir el futuro jurídico de la legislación. "Mientras la Corte no resuelva, es una norma vigente", puntualizó.

 

LL