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Huachicol eléctrico: así funciona el negocio clandestino detrás de la minería de las criptomonedas

Huachicol eléctrico: así funciona el negocio clandestino detrás de la minería de las criptomonedas

Para los operadores, el negocio solo es rentable si la luz no se paga; por ello, recurran a conexiones clandestinas de alto voltaje y a técnicos especializados.

Milenio| | Lunes, 16 de Noviembre de 2026| 11:19


  • Para los operadores, el negocio solo es rentable si la luz no se paga; por ello, recurran a conexiones clandestinas de alto voltaje y a técnicos especializados.

    Grupos de la delincuencia organizada se colgaron de la red eléctrica nacional en la Sierra Norte de Puebla. Lo hicieron con servidores clandestinos que zumban día y noche para acuñar criptomonedas y que consumen la electricidad equivalente al gasto de miles de viviendas, sin pagar un solo peso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

    Un registro construido por MILENIO a partir de solicitudes de información, informes del Gabinete de Seguridad federal y una denuncia penal radicada ante la Fiscalía General de la República (FGR) confirma un acumulado histórico de 13 instalaciones de minería digital intervenidas por autoridades en el país entre marzo de 2022 y noviembre de 2026.

    La concentración territorial sitúa a Puebla a la cabeza del combate al huachicol eléctrico con cinco instalaciones desmanteladas; le siguen el Estado de México con dos, mientras que Hidalgo, Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, Tamaulipas y San Luis Potosí registran un evento cada una.

    Casi la mitad del fenómeno –seis de los 13 casos– se montó de forma directa sobre la estructura patrimonial, deportiva y de generación hidroeléctrica bajo control del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la empresa Generadora Fénix. 

    Las células involucradas aprovecharon el dominio de las instalaciones en la cuenca de Necaxa y el vacío de vigilancia administrativa derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009.

    ?El costo de un bitcoin: tres siglos de luz doméstica

    Para emitir estas monedas virtuales —que no cuentan con respaldo ni regulación de bancos centrales— se requiere un proceso informático denominado "minería": decenas o cientos de procesadores especializados que resuelven cálculos matemáticos de alta complejidad para validar transacciones en la red, una operación que demanda volúmenes industriales de electricidad.

    A tarifa comercial, el costo energético por criptomoneda superaría los 1.5 millones de pesos: el negocio solo resulta rentable si la luz no se paga.

    Estimaciones del Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index calculan que minar un solo bitcoin requiere cerca de 450 mil kilovatios-hora (kWh). 

    En México, donde una vivienda promedio en tarifa básica consume alrededor de 250 kWh al bimestre, generar una sola moneda equivaldría a mantener una casa con los focos encendidos durante 300 años.

    De ahí que los operadores recurran a conexiones clandestinas de alto voltaje y a técnicos especializados. Por ello, el delito que persigue el Ministerio Público de la Federación no es la actividad informática en sí, sino el robo de fluido eléctrico, al que se suman operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

    Frente a este fenómeno, la CFE no ha presentado denuncias penales específicas por el montaje de procesadores digitales. En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la empresa argumentó formalmente que carece de facultades periciales para clasificar si la energía sustraída se destina a granjas informáticas o a otros usos comerciales ilícitos, por lo que limita su acción a emitir exhortos a los usuarios para regularizar sus pagos.

    En su último reporte público —correspondiente al periodo de enero a julio de 2024—, la CFE registró una merma por pérdidas no técnicas de 6 mil 346 gigavatios-hora, rubro que concentra el robo directo, la manipulación de medidores y las conexiones clandestinas, lo que representa un boquete financiero estimado por la propia empresa en 13 mil 800 millones de pesos.

    Para emitir monedas digitales se requiere de un proceso denominado "minería". | Foto: Shutterstock

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    La mutación del negocio

    En 2022, autoridades educativas detectaron consumos excesivos en un plantel del Conalep en San Luis Potosí. Al inspeccionar el lugar, hallaron cuatro equipos adaptados en oficinas del plantel; el expediente concluyó apenas con sanciones administrativas.

    Entre 2024 y 2025, la operación escaló hacia inmuebles urbanos, deportivos y centrales hidroeléctricas bajo control del SME en Puebla, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

    En ese lapso, la CFE formalizó reclamos por 33.6 millones de pesos en pérdidas: 17 millones de pesos tasados en un dictamen pericial federal tras el desmantelamiento de una granja en la sede sindical de Nuevo Necaxa, Puebla; y 16.6 millones de pesos (16 millones 616 mil 167 pesos con 39 centavos) requeridos formalmente por consumo sin contrato en la hidroeléctrica de El Oro, Estado de México.

    Tras las clausuras en locales sindicales, las instalaciones se desplazaron hacia barrancas y zonas serranas de difícil acceso, como ocurrió con los recientes hallazgos en Tlaola, Puebla. En los predios "El Beneficio" y "La Gallera", células delictivas montaron megagranjas protegidas por hombres armados, enlaces satelitales y transformadores industriales conectados directamente a las líneas de transmisión.

    En el último año, la cuenca de Necaxa ha permanecido bajo el radar de la inteligencia naval por haberse convertido en un punto estratégico para la minería clandestina de criptomonedas. En el cateo más reciente en Tlaola —el 5 de noviembre en "La Gallera"—, los agentes encontraron pintas en las paredes que apuntan a la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el negocio.

    ?"Montar un transformador trifásico no lo hace un hojalatero"

    La infraestructura asegurada en la serranía poblana delató un nivel de especialización técnica que no corresponde a la delincuencia común, advirtió Mario Flavio Benítez Chávez, electricista con 25 años de servicio en Luz y Fuerza del Centro e integrante del Frente Amplio de Unidad (FAU).

    "¿Quién en Necaxa, en Juan Galindo o en Huauchinango sabe de electricidad para tender líneas de alta tensión? Tender una línea en la serranía y montar un transformador trifásico ¡no lo hace un hojalatero!; lo hacen quienes conocen la materia de trabajo por generaciones y tienen la infraestructura a la mano", afirmó Benítez.

    El 5 de junio de 2025, integrantes del FAU —corriente disidente creada tras la extinción de LyFC— presentaron una denuncia de hechos ante la oficina del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, expediente ratificado posteriormente durante la gestión de Ernestina Godoy y del cual MILENIO tiene una copia.

    Sobre los indicios localizados en la sierra, cuestionó Benítez: "Se me hace muy dudoso que lleguen con un spray y pinten las cuatro letras del Cártel Jalisco. Eso se presta a que usen esas siglas para desviar la atención y ocultar quién financió la obra, quién pagó los transformadores y quién autorizó el uso de los inmuebles".

    La denuncia señala formalmente a cuatro dirigentes gremiales: Martín Esparza Flores, secretario general del SME; José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior; Román Olvera García, subsecretario de la División Necaxa; y el diputado local poblano Miguel Márquez Ríos.

    Los denunciantes ubican operaciones de minado en la central Juandhó (Tetepango, Hidalgo), la hidroeléctrica San Simonito (Tenancingo, Estado de México) y el Deportivo Villa Coapa (al sur de la Ciudad de México), donde se documentó la instalación de transformadores de hasta 500 kVA acoplados a la red sin equipos de medición.

    "Esta historia no empezó cuando Miguel Márquez quiere ser presidente municipal. Esta historia empezó cuando pactan con (Enrique) Peña Nieto. Las generadoras, que en teoría tendrían que darnos trabajo a nosotros, que en teoría tendrían que ser un parque de generación para la nación, no para este tipo de actividades. Quien se está haciendo millonario de todo esto es la dirección del SME y Mota-Engil", denunció.

    En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto buscó cerrar el conflicto laboral abierto tras la extinción de LyFC. El pacto dio origen a Generadora Fénix, una sociedad integrada por la multinacional portuguesa Mota-Engil (51 por ciento del capital) y la cooperativa del SME (49 por ciento). 

    El Estado otorgó una concesión por 30 años para explotar 14 plantas hidroeléctricas —incluido el sistema Necaxa— y una termoeléctrica, además de ceder decenas de predios e inmuebles al sindicato.

    Células delictivas montaron megagranjas protegidas por hombres armados. | Foto: Especial

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    Dice diputado Márquez que 30% de la región no paga electricidad

    El diputado local por Huauchinango y aspirante a la presidencia municipal, Miguel Márquez Ríos, rechazó las acusaciones, negó cualquier vínculo con las granjas de criptomonedas y sostuvo que la supervisión de las redes eléctricas corresponde de forma exclusiva a la CFE.

    Márquez Ríos forma parte del Comité Central del SME como secretario de Fomento a la Salud y Previsión Social —y es considerado el dirigente regional del gremio en la División Necaxa-Huauchinango—; al mismo tiempo, funge como socio y representante de Generadora Fénix en la operación del complejo hidroeléctrico de la zona.

    "Ellos [CFE] son los encargados y los responsables de la distribución y de la comercialización. Ellos se encargan de darle mantenimiento a la red de media y baja tensión [...] Esa es una responsabilidad de ellos, no es una responsabilidad de nosotros como generadores de energía eléctrica.

    "La Comisión Federal de Electricidad sí tiene las herramientas para detectar dónde se están robando la energía porque en la subestación El Salto pueden estar midiendo las altas y las bajas", dijo ante medios de comunicación en Puebla.

    Pero el legislador expuso otra vertiente del conflicto por el robo de energía en la Sierra Norte de Puebla y reconoció que en municipios como Huauchinango y Juan Galindo prevalece una disputa social no resuelta que involucra a más de 32 mil usuarios sin contrato homologado desde la liquidación de 2009.

    "Podemos hablar de que a lo mejor un 30 por ciento no paga y un 10 por ciento sí está pagando. Entonces es un conflicto [...] La Fiscalía General de la República tiene que investigar, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias".

    En el municipio serrano de Tlaola, personal de inteligencia naval calculó ingresos brutos para los operadores por 4.5 millones de pesos mensuales (unos 250 mil dólares).

    Dicho margen no descontaba tarifas de energía debido a que los cinco transformadores del lugar estaban conectados a la red hidroeléctrica sin medidor.

    De las 11 personas detenidas, 10 fueron aseguradas en julio de 2026 durante un cateo en Guanajuato y una más cayó el 5 de noviembre en el predio "La Gallera", en Tlaola, donde fungía como custodio del inmueble. En los restantes centros de minería —incluidas todas las instalaciones bajo control sindical—, las autoridades aseguraron los transformadores y los procesadores en inmuebles vacíos.

    https://www.milenio.com/estados/grupos-delictivos-roban-energia-electrica-minar-criptomonedas

     


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