Lunes, 23 de Octubre de 2017
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO

Opinión

Impunidad y corrupción

Por Ángel Castillo Torres


Muchos de nuestros males en la vida pública nacen de la corrupción y la impunidad. Estas dos plagas afectan intensamente los espacios de gobierno. Es un rasgo cultural que nos viene desde la época colonial. Cotidianamente se reproduce como epidemia.

Porque la corrupción lleva infinitos disfraces. Cuando damos mordida a un agente de tránsito, cuando pagamos para agilizar un simple trámite en alguna dependencia de gobierno o cuando alteramos documentos para recibir una dádiva gubernamental, o cuando para adquirir un título profesional falsificamos documentos o cuando robamos el examen de un curso, etc. Las encuestas de cultura cívica reportan que los mexicanos opinan mayoritariamente que, cuando una ley se percibe como indebida hay justificación para violarla. Más vale pedir perdón que pedir permiso.

La corrupción es como un lubricante que hace funcionar la maquinaria de las instituciones públicas y privadas. No pidas que te den, sino que te pongan donde haya, recomiendan los teóricos de la podredumbre. En cuanto a la impunidad, los que violan la Ley saben que difícilmente recibirán el castigo que merecen. Por ello los malvados y violentos gozan de cabal salud y se pasean muy orondos, operando a sus anchas. No temen al escarmiento.

El porcentaje de delitos que terminan con una sentencia de parte de un juez o autoridad administrativa, es ridícula, menos del 10%. Por otro lado, cuando un ciudadano se ve en la necesidad de acudir a demandar Justicia ante alguna autoridad lo hace consciente de que entra a un mundo de ineficiencia y corrupción. Ministerios públicos y jueces indolentes, corruptibles. Burócratas que aplican un tratamiento humillante a los ciudadanos. Policías abusivos, violentos y poco respetuosos de los derechos humanos. Pedir Justicia demanda estar dispuesto a padecer un calvario y además con alta probabilidad de terminar crucificado. Por ello los aparatos de procuración e impartición de justicia no gozan de credibilidad entre los ciudadanos.

La sabiduría popular ha dado vida a frases lapidarias llenas de verdad cuando afirma que la justicia se vende al mejor postor o que las cárcel está hecha para los pobres y desamparados. Porque el que tiene dinero tiene con qué burlar la ley.

Quien tiene dinero suficiente para pagar un buen abogado y corromper autoridades sabe que la Justicia terrenal prodigara sus bondades. Por ello es que se ha arraigado un sentimiento de hartazgo hacia las autoridades responsables de procurar e impartir justicia. Esto explica por qué hay un debilitamiento de las instituciones del Estado y una acentuada descomposición en

la sociedad que se convierte en tierra fértil para la proliferación de la maldad organizada. Y aunque desde la sociedad se levantan cada vez más frecuentemente y con mayor vigor voces críticas para demandar el fin de este cuadro de desolación, todavía no se ve en el horizonte el día en que esto pueda cambiar. El combate a la impunidad y corrupción sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad.

Por eso será muy importante la entrada en vigor del Sistema Estatal Anticorrupción. Con este andamiaje institucional será más fácil para los ciudadanos exhibir y pedir castigo a los corruptos. Igual de importante será en qué personas se deposita la responsabilidad de hacer funcionar este Sistema Anticorrupción.

Ya está próximo el día en que el gobernador del estado deberá envía su propuesta (una terna) de las personas que a su consideración pueden ocupar el cargo de Fiscal General del estado y posteriormente a hacer la propuesta de los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la no menos importante Fiscalía de atención a delitos electorales.

Quienes sean propuestos deberán ser ciudadanos fuera de toda sospecha de parcialidad, con indiscutible probidad y sobre todo muy comprometidos con hacer valer el estado de Derecho, combatir la corrupción y obligar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios y también a los particulares que tengan contratos de obra o presten servicios con el gobierno.

La sociedad demanda que ya se ponga un alto a los altos índices de corrupción que se dan en los terrenos del gobierno, llámense municipales o estatales. También exige frenar el contubernio al que muchas veces se prestan los empresarios que realizan obra pública o que prestan algún bien o servicio a los gobiernos.

La falta de credibilidad y legitimación de los que gobiernan está muy dañada por la presencia de la corrupción. Por eso urgen leyes e instituciones que erradique este tumor canceroso. De ello dependerá la recuperación de la confianza y la fortaleza de nuestras instituciones gubernamentales.

P.D. Y también pienso que ¡Todos Somos Daniel!, y que pronto se dé con los responsables de su cobarde asesinato.

¡Ni un periodista más intimidado o asesinado!

¡No se mata la verdad asesinando periodistas!


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