A menos de un año de distancia de las elecciones presidenciales, muchos personajes se alistan para buscar la nominación en sus respectivos partidos; hacen fila esperando ver satisfechas sus expectativas, mientras eso ocurre; se mueven, opinan y procuran construir una imagen de transformadores del país.

No es para menos, el diagnóstico es desolador, hace seis años a estas alturas los candidatos estaban prácticamente definidos: Peña por el PRI; Josefina por el PAN y; López Obrador por el PRD. El principal problema consistía en la inseguridad derivada del combate al crimen organizado y la falta de voluntad de los gobernadores para coadyuvar en ello, ahora el único cierto es Andrés Manuel y, el tema: la corrupción.

A la distancia podemos ver que el tiempo va poniendo cada quien en su lugar: un buen número de ex gobernadores en la cárcel, investigados o prófugos de la justicia, que no solamente hicieron mal uso de los recursos públicos, sino que a algunos de ellos se les ha vinculado con el crimen organizado. La actual administración, completamente desprestigiada. Sin embargo, el tema no queda ahí, pues esas faltas han dejado como saldo la falta de confianza y credibilidad en las instituciones, aunado a una prevaleciente y excesiva corrupción que ha marcado el sexenio y trastocado el estado de derecho dejándolo en agonía.

Así se ha cuestionado severamente el sistema político mexicano y el funcionamiento de los Partidos Políticos, cuya imagen ha venido a la baja. Es de tal magnitud el deterioro, que fue necesario crear un Sistema Nacional Anticorrupción, que por cierto, ni siquiera ha comenzado a funcionar, razón por la cual se ha puesto en tela de duda sus posibles resultados. Todo aquello que provenga de la autoridad deja una estela de sospechosismo que cae inevitablemente en el terreno de la aversión: todo son componendas y acuerdos clandestinos, incluyendo las elecciones.

Nadie nos escapamos de esa inercia, ahora se cuestiona hasta el nuevo sistema penal, dejando entrever que es una puerta giratoria, no obstante, se soslaya la incapacidad y negligencia de quienes tienen la responsabilidad de aplicarlo con profesionalismo, lo que no hacen, se quedaron acostumbrados al viejo esquema de sembrar pruebas.

Ahora bien, dadas las circunstancias, el país requiere un giro brutal, enfrentar los retos y desafíos no es responsabilidad únicamente de quienes están formados en las filas y, me atrevo a decir, tampoco en particular de los Partidos Políticos, sino de todo un pacto social que involucre una propuesta común que pase por los jóvenes y las universidades, que contemple desde la justicia social hasta el Estado de Derecho, que atienda la seguridad y limpieza electoral y, centre la participación social, la transparencia y rendición de cuentas como premisas ineludibles.

Eso nos conduce a la propuesta y el compromiso de garantizar su cumplimiento, implica alianzas y gobierno en coalición para transformar el diseño político, el modelo institucional y fincar las bases de convivencia política, social y económica. El cambio no puede ser con improvisaciones, sino con experiencia, planeación y rumbo.