El Senado de la República no la tiene fácil, pues es obvio que la persona ideal para nombrar a quien ocupe el cargo del primer Fiscal Anticorrupción, dadas las circunstancias, no existe, así que tendremos que conformarnos a partir de las posibilidades reales, partiendo de la base de que surgirán inconformidades, pues el tema se vincula a intereses de todo tipo.

En efecto, si el problema número uno en México se localiza en la fragilidad del Estado de Derecho, la impunidad y la corrupción, que han permeado a lo largo y ancho del país, su combate pega directamente al régimen político y puede llevarnos a destinos inesperados, sorpresivos e impredecibles, por otro lado, seguir postergando una decisión de tal magnitud, implica continuar solapando prácticas nocivas que provocan la autodestrucción.

No solamente es un tema sobre diagnosticado, se encuentra a ojos vistos por doquier, tampoco podemos afirmar que sea producto de la modernidad, ha estado presente permanentemente, aunque ahora con dimensiones mayúsculas que han puesto de cabeza la viabilidad y armonía del Estado e inclusive minado el prestigio internacional que teníamos ante el mundo.

Así nos dimos a la tarea de ir formando instituciones encaminadas a evitar el avance y crecimiento de la corrupción e impunidad, creando la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaria de la Función Pública; el Instituto Nacional de Acceso a la Información; así como la obligación a los servidores públicos de presentar declaraciones patrimoniales al inicio y conclusión del cargo, y otras acciones adicionales enfocadas al mismo objetivo, sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados.

En esa medida, se vio la necesidad de conformar todo un sistema nacional anticorrupción, que aún no termina de aterrizar para cerrar el círculo y, entre una de sus partes medulares se localiza la fiscalía especializada en la materia, como brazo esencial represivo para inhibir, perseguir y sancionar esas conductas, dotándolo de autonomía en el ejercicio de su función.

Ahora bien, como acostumbramos a hacer aquí las cosas, el camino se torna lento y tortuoso, lo que debería haberse consolidado desde hace años, aún se encuentra entre los pendientes del Senado y no faltará quien piense guardar el asunto en el cajón de los olvidos.

Han brincado ya más de una decena de senadores exigiendo el nombramiento del primer fiscal anticorrupción, lo que es significativo y llama poderosamente la atención, pues el periodo de sesiones avanza, los tiempos se consumen y seguimos en las mismas, me queda claro que al hacer un público llamado a sus pares es para poner presión social en el asunto, señal de que en corto, al interior del Senado vayan a cumplir con la ya de por sí demorada encomienda.

El caso, es que se requiere quien se haga cargo de esa fiscalía, el fenómeno de la corrupción sigue avanzando a pasos acelerados y de nada sirve tener un sistema específico para combatir esa lacra si no existe quien aplique el marco legal, por tal motivo.