LOS MUERTOS QUE NADIE QUIERE CONTAR
El caso de los siete cuerpos abandonados y presuntamente relacionados con oficiales de la Guardia Civil Estatal volvió a encender la discusión entre San Luis Potosí y Zacatecas, y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no dejó espacio para dudas: desde su perspectiva, la corporación zacatecana estaría “moviendo el tema” para evitar que esos homicidios se sumen a su propia estadística criminal. El mandatario fue enfático al señalar que en territorio potosino no se registran matanzas múltiples como las que ocurren en otros estados, y que las fichas de búsqueda de las víctimas apuntan a un origen zacatecano, lo que refuerza la versión de que los hechos no sucedieron en San Luis Potosí.
Aun con la crítica de fondo, Gallardo Cardona subrayó que la relación con el gobernador David Monreal sigue siendo buena y la coordinación interinstitucional se mantiene. Una postura que combina deslinde, respaldo a su corporación y un mensaje político hacia un estado vecino que arrastra una de las crisis de seguridad más profundas del país. Mientras tanto, el caso continúa como un recordatorio incómodo: en la frontera entre ambos estados, además de las víctimas, también se disputa quién carga con la cifra.

ARRANCA DICIEMBRE Y SUBEN LOS RIESGOS
Arranca diciembre y, como cada año, también empiezan a crecer los accidentes y las infracciones en Ciudad Valles. El juez calificador Néstor Yáñez Hernández encendió las alarmas: el consumo de alcohol y la conducción en estado de ebriedad siguen encabezando la lista de faltas administrativas, con sanciones que pueden alcanzar los 8 mil pesos. Aunque noviembre mostró una ligera baja en detenciones por alcohol y drogas, la realidad es que manejar borracho continúa siendo el principal detonante de incidentes viales en estas fechas.
A esto se suma otro problema que va al alza: el uso del celular al volante, una práctica que —según el juez— incrementó hasta 40% por semana y provoca choques y multas que superan los 4 mil pesos. Por ello, el exhorto es claro: evitar riesgos, regresar en taxi si se consumió alcohol y dejar de saturar el sistema con llamadas que no representan emergencias. Diciembre apenas comienza y la advertencia ya está hecha.

EL CRÉDITO QUE NADIE QUIERE TOMAR
En el Congreso del Estado quedó claro que San Luis Potosí tiene margen para contratar más financiamiento sin poner en riesgo sus finanzas, pero ese espacio simplemente no se está aprovechando. Durante la exposición de Antonio García Carreño, funcionario de Banobras, se evidenció que estados y municipios del país utilizan apenas una porción mínima de su techo de financiamiento. Aun así, el tema suele avanzar con cautela excesiva, incluso cuando la inversión en infraestructura podría beneficiarse de estas herramientas. De hecho, el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano, lanzó un mensaje directo a los “amigos de Finanzas” para que se animen a explorar créditos orientados a obra pública, recordando que la Ley de Disciplina Financiera ha reducido el endeudamiento, sí, pero también la inversión.
El planteamiento de Banobras fue puntual: no se trata de endeudarse por endeudarse, sino de buscar alternativas responsables para invertir. La normatividad es clara: los créditos sólo pueden destinarse a inversión pública productiva, no a gasto corriente, y cada financiamiento requiere aval de cabildo, mayoría calificada del Congreso, licitación entre bancos y revisión de los órganos de control. Aun así, la participación legislativa en la conferencia fue mínima, un reflejo quizá de la poca disposición para discutir un tema que podría detonar obra pública bajo reglas estrictas y sin poner en riesgo las finanzas estatales. El margen existe; falta ver si existe también la voluntad.

AGUINALDOS SIN SOBRESALTOS EN SOLEDAD
En Soledad de Graciano Sánchez no habrá sobresaltos decembrinos, al menos no en materia financiera. El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz presumió finanzas sanas y una planeación que —según afirma— permite garantizar el pago de aguinaldos sin necesidad de pedir auxilio al Gobierno del Estado. En un momento donde varios municipios recurren al crédito para cumplir con sus obligaciones, Soledad asegura tener listos cerca de 50 millones de pesos para trabajadores sindicalizados, de confianza y de honorarios. Una postura que busca mandar un mensaje de orden administrativo y distancia de cualquier señal de improvisación.
Pero lo que más ruido hace es el incremento salarial del 40 por ciento a los elementos de la Guardia Civil Municipal, un ajuste que no solo los coloca entre los mejores pagados del estado, sino que también engorda el monto de sus aguinaldos. Navarro Muñiz lo presenta como un acto de dignificación policial y no como un golpe al presupuesto, aunque el tiempo dirá si esta política resulta sostenible. Por ahora, el alcalde asegura que todo está etiquetado, calculado y listo para repartirse puntualmente, confiando en que la organización financiera alcanzará para cerrar el año sin tensiones ni sobresaltos.

AGUINALDOS A LA CARTA EN VILLA DE POZOS
El intento de los concejales de Villa de Pozos por aprobarse un aguinaldo de 200 mil pesos abrió un nuevo frente legal, y desde el Congreso del Estado ya anticipan acciones en su contra. El diputado Héctor Serrano Cortés no solo calificó el hecho como “reprobable”, sino que recordó que el Concejo carece de las facultades de una administración electa, por lo que pretender asignarse prestaciones de esa magnitud es, además de indebido, jurídicamente insostenible. La advertencia es clara: el Congreso tiene la potestad para intervenir y frenar este tipo de excesos.
Serrano fue puntual al señalar que ninguna ley de ingresos puede usarse para justificar privilegios fuera de la norma, por lo que la revisión jurídica ya está en marcha y, según adelantó el propio Legislativo, el episodio no quedará sin sanción. El mensaje hacia Villa de Pozos es directo: los intentos por estirar los límites legales, y más cuando se trata de beneficios personales, no tendrán cabida bajo la supervisión del Congreso.

RIOVERDE Y EL CULTO AL EGO
Pues resulta que en Rioverde el culto al egocentrismo sigue su curso, esta vez con una postal que no sorprende, pero sí confirma la ruta que se ha tomado desde la presidencia municipal. El alcalde Arnulfo Urbiola decidió no invitar a regidores ni a funcionarios a la clausura de la Feria; el acto oficial, que debería ser un espacio institucional y representativo, terminó siendo un evento familiar donde quienes llevaron la batuta fueron los hijos del alcalde. Más que protocolo, pareció pasarela política, un intento desesperado por colocar reflectores rumbo a una sucesión que, francamente, se ve muy cuesta arriba.
Porque por más que busquen heredar la presidencia, los resultados están a la vista. Rioverde sigue siendo epicentro de inseguridad, desapariciones y una violencia que no se maquilla con escenarios de feria ni con discursos triunfalistas. La distancia entre la realidad y la narrativa oficial crece, y la ausencia de diálogo con el propio Cabildo refleja más una administración encapsulada que una que gobierna para la gente. En Rioverde no falta cierre de feria; lo que falta es rumbo, transparencia y resultados. Y eso, a diferencia de un evento protocolario, no se puede ocultar detrás de una tarima.

¿LIMPIEZA POLICIAL EN LA GCE?
La indignación popular ante un video que exhibe a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) pidiendo “para el refresco” en un retén ha sido respondida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el anuncio de un despido “fulminante y en automático”. Sin embargo, más que un acto de verdadera "cero tolerancia", esta reacción huele a una tardía puesta en escena.
Es profundamente decepcionante que, tras una supuesta inversión "sin precedentes" en salarios, prestaciones y equipamiento para "dignificar la labor policial", la máxima autoridad tenga que depender de la difusión de un video en redes sociales —es decir, de la fiscalización ciudadana— para reaccionar ante una práctica tan añeja y visible como la mordida.
Atribuir la responsabilidad a los "viejos elementos" de administraciones pasadas es un argumento gastado y pueril que desvía la atención de la falla sistémica y actual en la supervisión, el mando y, lo más grave, en los cacareados y supuestamente "rigurosos" exámenes de control y confianza. Si los nuevos sueldos, bonos y seguros de gastos médicos no logran evitar el cohecho de unos cuantos pesos, el problema no es solo de los agentes, sino de una política de seguridad que confunde inversión material con integridad institucional.
La promesa de continuar la "limpia" con la incorporación de nuevos elementos es, en el mejor de los casos, una admisión de fracaso y, en el peor, una garantía de que la corrupción simplemente está siendo reciclada. El gobernador descarta la necesidad de nuevos filtros de ingreso, asegurando que los actuales —incluyendo los exámenes de control y confianza y los toxicológicos— son “los más rigurosos”.
Esta afirmación resulta ofensiva. O los filtros no son tan rigurosos como se presume, o la corrupción es tan profunda que logra burlarlos sistemáticamente. En cualquier caso, el despido mediático de unos cuantos uniformados no soluciona la cultura de la extorsión que, lejos de ser un rezago del pasado, sigue siendo un componente activo en las calles bajo la GCE actual. La corrupción se combate con mecanismos internos de supervisión inquebrantables, denuncias protegidas y una verdadera rendición de cuentas, no con amenazas de despido anunciadas solo después de que el escándalo se vuelve viral. La medida de “se tienen que ir en automático” solo es efectiva si la vigilancia fuera automática también; mientras no lo sea, esto es solo una cortina de humo para ocultar las grietas de una corporación que sigue oliendo a viejas y tristes prácticas.

SERVICIOS EN CRISIS Y DISCURSOS QUE NO ALCANZAN
Las declaraciones del diputado Cuauhtli Badillo Moreno terminaron exhibiendo algo que el propio Ayuntamiento de la capital ha intentado maquillar: los servicios municipales no están funcionando. Que un legislador afín a la administración federal reconozca públicamente que “los servicios no están al 100%” justo cuando Enrique Galindo impulsa incrementos en la Ley de Ingresos, deja claro el descontento que ya es inocultable. Mientras el alcalde insiste en nuevos cobros, multas más altas y ajustes que afectarían el bolsillo de los potosinos, su propia bancada hace evidente lo que la ciudadanía vive todos los días: baches, inseguridad, basura acumulada y una gestión que ha priorizado el reflector antes que la atención básica. El discurso de que primero debe haber “más y mejores servicios” antes de pedir más dinero no solo contradice la lógica recaudatoria del Ayuntamiento, sino que subraya el desgaste político de Galindo, atrapado entre su narrativa de eficiencia y una realidad que no respalda sus dichos.
La postura del secretario de Seguridad, Juan Antonio Villa Gutiérrez, tampoco ayuda a recomponer la confianza. Calificar como “tranquilo” un fin de semana marcado por homicidios, asaltos y episodios de violencia solo alimenta la percepción de un gobierno desconectado de la ciudad que gobierna. Mientras se presumen operativos, detenciones y reducciones difíciles de comprobar, los potosinos conviven con colonias inseguras, comercios en riesgo y la necesidad de organizar rondines vecinales. A ello se suma el intento de trasladar la responsabilidad al ciudadano con recomendaciones básicas para el manejo del aguinaldo, como si la prevención individual sustituyera el deber institucional. La capital vive un deterioro evidente, y frente a ello, el Ayuntamiento apuesta por ceremonias, encendidos navideños y un optimismo que no alcanza para tapar los problemas de fondo. Aquí, la realidad termina imponiéndose al discurso.

“FUEGO AMIGO” QUE INCENDIA AL PVEM EN ÉBANO
En Ébano, el Partido Verde enfrenta una tormenta interna que no nació de una disputa política formal, sino de los pleitos familiares del referente local, Darío del Ángel Cervantes. Las confrontaciones que su esposa Blanca Zúñiga y su hija Dariana han protagonizado en redes sociales —con insultos, acusaciones y descalificaciones dirigidas incluso a funcionarias públicas— terminaron por exhibir un descontrol que incomoda a la militancia y golpea la imagen del propio partido. Lo que comenzó como un pleito doméstico escaló a un conflicto político que salpica, de paso, al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, debido a que las involucradas presumen un respaldo del que nadie quiere hacerse responsable.
El problema dejó de ser un chisme digital para convertirse en un foco rojo dentro del PVEM. Las críticas se extendieron hasta el delegado de SEDESORE, Antonio Herrera Posadas, elevando la tensión entre grupos locales y confirmando que se trata de un caso de “fuego amigo” en toda regla. Ante el desgaste interno y el daño reputacional que ya se percibe en un momento preelectoral, las voces del propio partido han pedido que la dirigencia estatal —encabezada por Ignacio Morquecho— tome cartas en el asunto y ponga freno a una escalada que amenaza con fracturar más de lo necesario.

HONORES ENTRE LA LLUVIA Y EL DESORDEN MUNICIPAL
Lo ocurrido este lunes en Ciudad Valles dejó claro que algunos departamentos del Ayuntamiento simplemente no están haciendo su trabajo. En plena lluvia, dos escuelas llegaron puntuales a la Presidencia Municipal creyendo que les correspondía participar en los honores a la Bandera, solo para descubrir que Acción Cívica había citado —o confirmado— a ambas para la misma fecha. Mientras la Primaria Leona Vicario fue resguardada en el salón de cabildos para iniciar la ceremonia, la Secundaria Federal No. 5 quedó en medio de la confusión: acudieron con alumnos, maestros y padres bajo el mal clima, pero terminaron retirándose porque “no estaban programados”, pese a haber recibido confirmación por escrito.
El desorden exhibió fallas internas que terminaron afectando a quienes menos deberían: los estudiantes. Los padres de familia, ya molestos por el clima y el tiempo perdido, reclamaron la falta de organización y el silencio de las autoridades responsables, que hasta ahora no han explicado cómo se generó tal confusión. Lo cierto es que esta falta de coordinación refleja un problema más profundo dentro del Ayuntamiento, donde áreas clave operan sin control ni responsabilidad, dejando en evidencia que no basta con discursos institucionales cuando la realidad muestra que ni siquiera pueden manejar un simple protocolo cívico.

REACTIVACIÓN VERDE
Hace unos días hablábamos de la situación en la segunda casa de los tucanes, el municipio de Villa de Pozos, considerado uno de los grandes bastiones verdes, razón por la cual el tucanismo decidió estratégicamente movilizarse a otras regiones para seguir fortaleciéndose mientras se estabiliza el panorama de este lado.
Para no variar, y después de varios meses de ausencia, nuevamente puso en el ruedo a la senadora Ruth Miriam González Silva, quien encabezó con firmeza y gran convocatoria la renovación de los Comités Municipales de Xilitla y Aquismón.
Desde el año pasado, cuando comenzó a sonar el nombre de la legisladora como posible sucesora de su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el Verde Ecologista de México ha movilizado de manera organizada y efectiva su maquinaria para posicionarla como la segunda líder moral y, bajo ese rumbo, encarrilarla a la candidatura de la gubernatura en 2027.
Sumado a la labor de tierra, ensuciarse los zapatos y figurar como representante del gobernador en eventos oficiales, destaca que comenzó a mejorar de forma sistemática su trabajo legislativo: de no sobresalir al inicio luego de asumir el cargo, ahora cada semana se difunde alguna iniciativa o actividad relevante en la Cámara Alta, mostrando crecimiento, compromiso y resultados.
Una de las más recientes representaciones obligadas fue durante la entrega de dos premios estatales en el Teatro de la Paz, uno de ellos a cargo de la Secretaría de Cultura. Por atender a la bancada morenista, Ricardo Gallardo no pudo acudir y designó a alguien más en su lugar... Mario García Valdez, secretario de Cultura, era el representante obvio, pero no: el protagonismo lo tuvo Ruth Miriam. Es tiempo de exponer a la inminente candidata, y todo el gabinete lo sabe.

PISO FIRME... PERO SOLO PARA LOS CERCANOS
En Tamuín, la indignación crece y con razón. El programa “Piso Firme”, que debió ser un apoyo directo para las familias más vulnerables —especialmente después de las recientes lluvias— terminó convertido en un escaparate de presunto tráfico de influencias que exhibe a la administración de Marcelino Bautista Rincón. Lo que tendría que ser política social se transformó en un catálogo de favores, donde el beneficio se habría entregado no a quienes viven en pisos de tierra, sino a quienes viven cerca... políticamente. Los nombres señalados no son menores: la directora de Turismo, Lucy Ramírez, el subdirector de Cultura, Cirilo Martínez, y personal de Comercio habrían intervenido para incluir a familiares y hasta viviendas que ya tenían concreto. Así, el programa pasó de ser un apoyo prioritario a convertirse en una pieza más del sospechoso engranaje institucional.
Las denuncias de los habitantes son contundentes: en lugar de atender a familias de colonias como Víctor Manuel Santos, que realmente necesitan mejoras básicas, los apoyos habrían sido dirigidos a quienes menos los requieren, e incluso —según se acusa— para ampliar cocheras en hogares de servidores públicos. Es un insulto para quienes viven en condiciones precarias y que aún esperan un verdadero respaldo del Ayuntamiento. Lo que se presentó como logro municipal hoy luce como un proyecto manipulado, con un padrón manoseado y una evidente discrecionalidad en la entrega de recursos. No se trata de rumores: los propios vecinos exigen que el IFSE audite domicilio por domicilio, para exhibir exactamente qué se hizo, dónde se aplicó y quién resultó favorecido.
Aquí, lo que está en juego no es un simple programa social, sino la credibilidad de toda una administración. Si el alcalde Marcelino Bautista no actúa con firmeza y transparencia total, este caso puede convertirse en el ejemplo perfecto del uso faccioso del poder en pleno 2025. La gente de Tamuín está cansada de ser ignorada mientras los recursos públicos se manejan como botín para unos cuantos. Hoy el reclamo es uno: que se investigue, que se sancione y que se deje claro que programas como “Piso Firme” no deben ser terreno de privilegios, sino una herramienta real para quienes más lo necesitan. Porque cuando los apoyos se usan para favorecer a amigos y funcionarios, el piso que verdaderamente se quiebra es el de la confianza ciudadana.

EL EXPERIMENTO
Hace unos ayeres la estructura gallardista, encabezada por su líder Ricardo Gallardo Cardona, se pavoneaba por haber logrado municipalizar la delegación capitalina de Villa de Pozos; hoy lo cierto es que, pese al impulso y respaldo estatal, esa nueva administración local no encuentra cómo resolver la crisis de gobernabilidad existente.
Tiene mucha lógica que, a más de un año de que entró en funciones el Concejo Municipal, comiencen a visualizarse las fracturas de un proyecto que, pese al apoyo sólido del gobierno gallardista, todavía le faltaba incubar. Con una participación irrisoria en el plebiscito, negativa para reconocer deuda pública y sin haber previsto cómo solventar los servicios básicos, queda claro que Villa de Pozos no estaba preparada para convertirse en el nuevo paraíso verde que se esperaba impulsar desde el estado.
La revelación de que algunos concejales pretendían autorizarse un jugoso aguinaldo por algo que no han desquitado destapó el origen de la salida obligada de la concejala presidenta María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, porque da la casualidad de que el planteamiento se discutió cuando ella todavía gobernaba. Una muestra más de que el problema está en la administración local, no en el respaldo brindado desde el gobierno estatal.
Sumado a ello, el nombramiento de la diputada verde Martha Patricia Aradillas Aradillas como sustituta fue percibido como una medida autoritaria impuesta por las y los curuleros, ante el evidente descontrol con el que operaba Villa de Pozos.
Si tal vez hubieran sido más empáticos y sensibles, 8 habitantes poceños no habrían presentado una impugnación en el Tribunal Electoral del Estado para tumbar a su presidenta. Si bien todavía no se le da entrada al recurso, la sola judicialización del asunto comprueba que cuando la administración local no coopera, a la fuerza nada sale bien, mucho menos pretender conformar un segundo feudo gallardista sin demostrar primero gobernabilidad mínima.

REALIDAD CUATROTEISTA
Desde Palacio Nacional a diario se niega que existe una crisis de desabasto de medicamento y se sostiene que el IMSS-Bienestar es el mejor sistema de salud de la historia en el país, sin embargo, en territorio potosino hay pruebas de que todo es un chiste.
El caso viene del nivel más cercano a la ciudadanía, es decir, desde un municipio, específicamente Tanlajás, donde 9 clínicas de este esquema se encuentran sin medicamentos, a pesar de que cuentan con equipo y personal.
La denuncia emanó del presidente municipal, Humberto Lucero Magaña, quien describió que la omisión de la federación obliga al ayuntamiento a solventar las necesidades médicas de la población. Desde luego que puede cubrirlo, pero entonces para qué diantres existen estos complejos... son meros adornos de la 4T.
Si en el sexenio pasado Andrés Manuel López Obrador se asumía como populista porque destinaba financiamiento a grupos vulnerables, no lo era tanto por eso, sino porque parloteaba y presumía cosas imposibles de cumplir: un sistema de salud como el Noruega o acabar con el desabasto de medicamentos.
Su famosa Megafarmacia del Bienestar no ha logrado los objetivos planteados, dejando claro la ineptitud para gobernar. Con esas credenciales el cuatroteismo pretende gobernar el estado en el 2027, pues hará magia o brujería, porque con palabrerías no logrará mejorar su pésima gestión.

ENTRE “RESPONSABILIDADES” SIMULADAS Y CULTO POLÍTICO
El intento de los concejales de Villa de Pozos por adjudicarse un aguinaldo de 200 mil pesos dejó al descubierto no solo el abuso, sino también la posterior estrategia para presentarse como “responsables” tras cancelar el beneficio cuando ya habían sido exhibidos públicamente. Pese a ello, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno intentó suavizar el golpe, asegurando que “afortunadamente fueron responsables”, como si el retroceso borrara la intención inicial. Minimizar el episodio diciendo que “son prestaciones por ley” ignora el verdadero fondo del problema: la falta de resultados, la ausencia de rumbo y la incapacidad para justificar bonos de lujo frente a una comunidad con carencias palpables en servicios, seguridad y desarrollo. Y mientras el gobernador pide revisar su permanencia, el diputado prefiere la evasión jurídica bajo el pretexto de “no haber recibido solicitud alguna”. Autonomía no es patente de corso, y eso en Villa de Pozos parece no entenderse.
En paralelo, Cuauhtli Badillo volvió a mostrar una facción más preocupante: su incondicionalidad política. La presentación a distancia del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador sirvió como escenario para que el diputado desplegara un fervor que raya en devoción, declarando que “todos estaban contentos” y calificando al exmandatario como “el mejor presidente en la historia reciente”. No cuestionó cifras, ignoró críticas y repitió sin filtro los argumentos de siempre, mientras justificaba que AMLO evitara presentaciones públicas “para no opacar” a la presidenta. Peor aún, celebró que el expresidente “volverá a las calles” si considera que la democracia está en riesgo, contradiciendo el retiro que él mismo prometió. En un momento donde se exige mesura, análisis y criterio, Cuauhtli Badillo optó por la aclamación automática. Y así, entre concejales que rectifican solo cuando los descubren y diputados que aplauden sin pensar, la ciudadanía sigue esperando algo básico: representantes que estén del lado de sus problemas, no del lado de sus intereses ni de sus ídolos.

LA INFORMALIDAD QUE NO CEDE
Las cifras del INEGI vuelven a poner bajo la lupa una realidad persistente en San Luis Potosí: más de la mitad de la fuerza laboral sigue atrapada en la informalidad. Aunque el tercer trimestre de 2025 registró una ligera reducción —14 mil personas menos que en 2024— el número continúa siendo abrumador: 707 mil potosinos laboran sin prestaciones, sin seguridad social y sin un respaldo institucional que garantice estabilidad. El descenso es mínimo frente a la magnitud del problema, y si bien hay bajas marginales en el sector informal directo, el fenómeno está lejos de considerarse contenido.
El contraste por género evidencia además una dinámica desigual. Mientras la informalidad entre mujeres disminuyó de manera notable, en los hombres el aumento fue claro, lo que sugiere que los esfuerzos por cerrar la brecha laboral aún no alcanzan a equilibrar el panorama. Micronegocios no registrados, empleos sin contrato, agricultura de subsistencia y trabajos donde la relación laboral no se reconoce siguen alimentando un mercado que crece al margen de la formalidad. La ligera mejoría no oculta el reto de fondo: más de la mitad del estado trabaja sin una red de protección y sin las condiciones que permitan un desarrollo laboral digno y sostenible.

LICENCIAS SIN TRABAS, PERO BAJO LA LUPA
El Gobierno del Estado decidió meter orden en uno de los trámites más enredados y señalados por los propios ciudadanos: la obtención de licencias para la venta de alcohol. La revisión interna reveló un laberinto burocrático de 19 requisitos y procesos que podían tardar hasta 80 días hábiles, un retraso que frenaba operaciones, golpeaba a emprendedores y dejaba espacio para prácticas opacas. Con la reducción a 14 requisitos y una respuesta en 27 días hábiles, Gobernación busca alinearse al modelo de simplificación aplicado en Protección Civil y ofrecer una ruta más ágil para quienes requieren permisos en este giro.
Pero la limpia anunciada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona deja claro que la simplificación no solo pasa por recortar trámites, sino por depurar viejas inercias. La salida del director y la remoción de inspectores son señales de una dependencia que operaba bajo resistencias internas y un manejo poco claro. La apuesta ahora es transparente: menos obstáculos, reglas más claras y un proceso que no dependa de “gestiones especiales”. El reto será sostener esta dinámica y demostrar que la simplificación no se queda en el discurso, sino que se convierte en una práctica permanente que beneficie a ciudadanía y sector productivo por igual.

DIGNIDAD QUE NO DEBE ESPERAR
El Congreso del Estado dio un paso firme al ampliar la cobertura de salud menstrual hacia un sector históricamente invisibilizado: las mujeres privadas de la libertad. La reciente reforma a la Ley de Salud garantiza que los centros penitenciarios formen parte de los programas de distribución gratuita de insumos como toallas higiénicas, tampones y copas menstruales, una acción que, aunque elemental, había sido ignorada por años. Con esta actualización, el estado reconoce que la dignidad no se suspende tras las rejas y que la pobreza menstrual también golpea en espacios donde la dependencia total de las instituciones es la norma.
Este ajuste legislativo obliga a la Secretaría de Salud y a la autoridad penitenciaria a coordinarse para asegurar que estos insumos lleguen realmente a quienes los necesitan. Más allá del trámite, la reforma refleja una deuda social que apenas comienza a saldarse. Avanzar en políticas de bienestar implica mirar donde pocos voltean, atender carencias básicas y reconocer derechos que durante décadas fueron postergados. En un contexto donde la justicia y la igualdad aún se disputan terreno, garantizar salud menstrual en los penales es un recordatorio de que la humanidad debe prevalecer incluso en los márgenes del sistema.

EL VIACRUCIS DEL CAMPO POTOSINO Y LA URGENCIA DE RESULTADOS
El diputado federal Óscar Bautista volvió a poner sobre la mesa la realidad que vive el campo potosino: un verdadero viacrucis para productores cañeros, ganaderos y horticultores que enfrentan costos elevados, infraestructura obsoleta y un abandono que ya se refleja en protestas y cierres carreteros. Bautista promete reforzar el presupuesto para sistemas de riego y extracción, modernizar pozos con fotoceldas y frenar el desperdicio de agua en comunidades como San Francisco de Asís, donde se pierde hasta el 60% del recurso. Insiste en que el agua del río Choy debe llegar a ejidatarios de Progreso, Pastora y Santo Domingo, y que defenderá en San Lázaro cada propuesta del Verde para mantener intacto el binomio tierra–agua.
Sin embargo, este discurso emerge justo después de que los propios productores tomaron carreteras en Rioverde, Villa de Arista y el Altiplano, reflejando el enojo y la incertidumbre que ha provocado la propuesta de la nueva Ley General de Aguas. Bautista asegura que “dialogaron y suavizaron” el conflicto llevando a los afectados a San Lázaro, donde se logró un encuentro con coordinadores de Morena, PVEM y PT. Pero más allá de las mesas de negociación, la exigencia es clara: que los derechos de preferencia y propiedad queden protegidos y que las soluciones no se queden solo en promesas. El campo potosino ya no necesita discursos tranquilizadores, sino resultados que se reflejen en agua, infraestructura y certeza para quienes producen.

REACOMODO EN LAS ALTURAS: ALERTAS ENCENDIDAS EN EL GOBIERNO FEDERAL
La abrupta renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República abrió un hueco que nadie esperaba y que, según el analista Javier Oliva, llega en el peor momento posible: sin explicaciones claras, sin información institucional y con una incertidumbre que mina la confianza en la procuración de justicia. Más aún, la llegada de la consejera jurídica de la Presidencia como suplente alimenta la percepción de que la autonomía de la FGR podría diluirse, replicando un modelo de control político que ya se ha visto en la capital del país. “¿Qué autonomía queda entonces?”, cuestiona Oliva, mientras la salida del fiscal sigue rodeada de rumores y opacidad.
Pero el movimiento no es aislado. En paralelo, la sorpresiva “licencia” del canciller Juan Ramón de la Fuente —una figura que ni siquiera existe para ese nivel— confirma, a decir del especialista, que se está reacomodando el poder en lo más alto del gobierno federal. Con el T-MEC potencialmente en manos de Marcelo Ebrard y Adán Augusto López recibiendo un respiro político, Oliva advierte que la presidenta estaría tomando control total de los núcleos estratégicos del gobierno, tensando aún más las fracturas internas de Morena. “No son movimientos comunes”, remata. “México está entrando en una etapa de reconfiguración profunda, con consecuencias inmediatas para la gobernabilidad.”

NO HAY NINGÚN PROBLEMA PARA INICIAR EL PROCESO ELECTORAL EN 2026
En San Luis Potosí va bien, cerrando un año 2025 con números favorables en materia de inversiones, de seguridad y con resultados 100 por ciento que le dará certeza al estado de San Luis Potosí poder adelantar con la reforma electoral el proceso de elección en el mes de noviembre, siendo positivo para quien se podría proponer para ser elegido en el 2027 como Gobernador, como presidentes municipales y rumbo a las diputaciones locales, así lo consideró el Secretario General de Gobierno Guadalupe Torres Sánchez, y es que después de la petición del organismo electoral estatal en que la propuesta de reforma está considerando que el inicio del proceso sea en el mes de noviembre, se recordó que el proceso más reciente comenzó en el mes de enero, por lo cual ven más factible en el mes de noviembre. Octubre las consejeras y consejeros del Consejo Estatal Electoral expusieron que el proceso quedará a cauce en las elecciones del 2027 por aspectos administrativos y de organización, de debe de comenzar antes para que puedan tener la oportunidad de definir sedes, insacular a funcionarios, entre otros.
Por su parte, Torres Sánchez estimó que por lo tanto el proceso puede comenzar de manera formal hacia octubre o noviembre del 2026, previo a las elecciones del 2027, por lo que explicó que la ley puede estar antes de que concluya el 2025, principios del 2026. Asimismo, aseguró que el Gobernador del Estado tiene un estado consolidado a nivel nacional e internacional, relaciones bilaterales porque todo se encuentra correctamente.

TESORERO EXPERTO
Hasta el día de ayer, 11 presidentes municipales de San Luis Potosí pidieron un préstamo a la Secretaría de Finanzas, lo que acumula un total de 120 millones de pesos que solicitan para cubrir los pagos de aguinaldo y compromisos de fin de año, así lo informó el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien consideró que lamentablemente los presidentes municipales ocupan o contratan tesoreros que no son expertos en la materia y por lo cual no tienen una recaudación correcta para poder tener una buena administración financiera. Cuentan con prediales incorrectos; inclusive hay municipios que no cuentan ni con cobro de predial, y hay otros muy listos que cobran y cobran, pero el dinero se evapora en otros lados.
Señaló que presidentes municipales quienes ingresaron al proyecto de ahorro del Gobierno del Estado recibieron su ahorro a finales de noviembre para cubrir sus compromisos en diciembre, que solamente fue el 20% de ellos, por lo que el otro 80% pues hoy tiene problemas administrativos. Habría que analizar la situación ya que el Gobierno del Estado en estos momentos no cuenta con presupuesto para préstamos y sería un gran problema. El Gobernador del Estado exhortó a presidentes municipales a contratar tesoreros expertos en la materia, no dejar a los compadres o amigos que no saben sobre una buena administración, e indicó que estos municipios, que son 11, tienen en estos momentos un problema para cumplir con sus compromisos laborales.
Señaló, inclusive, que hay presidentas municipales que no han cambiado nada sobre el cobro de predial u otros servicios municipales, por lo que las cosas no las están haciendo correctamente. Hizo un llamado a ser revisados y a cambiar si no van a cerrar mal, tomando en cuenta que son los más observados.

C5 TESTIGO DE HUIDAS
Durante la semana que comprende 5 días, la Mesa de Seguridad y Paz se lleva con el objetivo de rendir números, estadísticas y estrategias para poder analizar la situación en materia de seguridad en el estado potosino. Sin embargo, también esta mesa se lleva a cabo los lunes, encabezada por el Secretario General de Gobierno, la Fiscal General del Estado, entre otros titulares, así como también el miércoles y el viernes con la presencia de altos mandos. Es escenario donde huyen algunos funcionarios con más frecuencia, como la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, quien prefiere salir por la parte trasera debido a que no quiere ser cuestionada sobre muchos temas que le corresponden como titular.
Asimismo, otros encargados como los Centros Penitenciarios, la Academia, el mismo secretario de Seguridad Jesús Juárez Hernández, quien solo sale a atender a los medios si el Secretario General de Gobierno sale por la parte de adelante, y si no, se esconde. Pero ahora se le ha hecho también ya costumbre al Secretario General de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, salir por la parte trasera del C5, pese a que no acostumbra hacer este tipo de situaciones, pues claro ejemplo les puso la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares. Y sin dejar de nombrar a la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Anahí Zarazúa, quien busca salir también por la parte trasera todos los días cuando es convocada debido a que tampoco le gusta ser cuestionada por los medios de comunicación ante los temas de seguridad. Así las cosas con la Mesa de Seguridad.