Semana del 28 de Enero al 03 de Febrero de 2022

Sistema penitenciario en SLP; Pocas sentencias, mucha corrupción

Sistema penitenciario en SLP; Pocas sentencias, mucha corrupción

La segunda edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada por el INEGI en 54 centros penitenciaros de todo el país, arrojó que en San Luis Potosí, como en otros estados de la República, la población privada de la libertad enfrenta dificultades para obtener adecuada asesoría legal y que, en el proceso e incluso ya en reclusión, suelen enfrentarse a hechos de corrupción.

SÓLO 54% SENTENCIADOS... CON IRREGULARIDADES
De acuerdo con el documento, que extrajo datos de 4 centros penitenciarios ubicados en la entidad potosina y encuestó a 2698 personas privadas de la libertad, el 39.8% informó que no contó con la asesoría de un abogado antes de llegar con un juez de lo penal. Además, esa brecha es aún mayor en el caso de las mujeres (40%), que en el de los hombres (35%); y todavía más profunda en el caso de las personas mayores de 50 años, un grupo en el que un 42.6% se reconoció en dicha situación.

Incluso quienes acceden a asesoría legal enfrentan adversidades durante su proceso. Por ejemplo, la encuesta indica que solo el 31% de la población que sí recibió sentencia tuvo la posibilidad de contratar a un abogado privado, mientras que el 40% llevó su defensa con un abogado de oficio; y en ambos lados de la moneda, los defensores o defensoras generaron insatisfacción entre sus representados por su desempeño durante el caso.

32% de quienes contrataron a un abogado privado se dijeron insatisfechos con su trabajo durante el tiempo que estuvieron en el Ministerio Público y el porcentaje aumenta al 53% ya durante el proceso penal.

Los defensores de oficio todavía enfrentan un mayor descrédito, pues el 40% de sus representados ya sentenciados declararon sentirse insatisfechos con el seguimiento de sus casos ante el Ministerio, y un 60% durante el proceso penal.

Además, también durante el proceso penal, el 46% de la población privada de la libertad ya sentenciada también consideró que su abogado o abogada utilizó un lenguaje confuso para explicarle los detalles de su caso durante el proceso penal.

El desempeño de los jueces e incluso de los agentes del Ministerio Público también exhibe deficiencias en el sistema penitenciario. Por ejemplo, el 18% de las personas encuestadas dijeron que el juez no mencionó de qué estaban siendo acusados o acusadas durante el control de la detención.

También hicieron notar que solo en 27% de los casos, el juez le preguntó a la persona si tenía alguna queja sobre su detención y únicamente en el 63% de los casos les informó sobre sus derechos. Encima, en el 28% de las audiencias de control de la detención no se encontraba presente ningún abogado o abogada defensora.

Quizá entre los datos más escandalosos que arroja la ENPOL 2021 está el porcentaje de personas en reclusión que cuentan con una sentencia, pues únicamente el 54% se encuentra en ese caso y las mujeres están en mayor desventaja que los hombres, pues mientras que el 54.7% de los reclusos ya tienen sentencia, solo el 38.2% de las mujeres la ha conseguido.

Además, el 98.5% de las y los sentenciados declaró haber llevado en prisión su proceso penal, un prácticamente un 70% tuvo que esperar más de un año para recibir su sentencia.

Por otro lado, solo 26% de la población privada de la libertad, que ya tiene sentencia, optó por un procedimiento abreviado o juicio sumario y es mayor el porcentaje de mujeres (30%) que de hombres (25%) que aceptaron dicho tipo de proceso; sin embargo, del total, el 38% declararon haber enfrentado coerción para aceptarlo.

En el 65% de los casos, fue el o la abogada defensora quien ejerció dicha coerción; seguido del Ministerio Público, en el 32% de los casos; y el juez, casi en el 16% de los casos.

Otros datos preocupantes que arroja el estudio son que el 19% de la población privada de la libertad, y ya sentenciada, jamás vio a un juez. San Luis Potosí es el 9 estado con mayor incidencia de esta situación y además, entre quienes sí se presentaron ante el juez, el 21% consideró que el lenguaje que el servidor empleó durante su caso fue confuso.

46.6% de los sentenciados tuvo la percepción de que era considerado culpable desde antes de que se presentaran pruebas en su contra; y un porcentaje igual declaró no haberse sentido escuchado para nada durante su juicio por parte del juez. Quizá por esa razón el 71% considera que recibió un trato injusto durante su juicio y el 67% considera que recibió una sentencia nada justa por el delito cometido.

CORRUPCIÓN; PRESENTE ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL JUICIO
Beneficios durante la estancia en el penal o durante el proceso son activos en venta para algunos de los operadores del sistema penal mexicano, y es por eso que la corrupción es también uno de los fenómenos que explora el INEGI a lo largo de la ENPOL, donde se exhibe que, al menos en San Luis Potosí, el bien que más se oferta es la libertad. Un 69% de las personas procesadas declaró haber recibido ofertas para obtenerla... y no por la vía legal.

De acuerdo con el informe, 52 de cada 1000 personas privadas de la libertad en San Luis Potosí han sido víctimas de corrupción durante el juicio penal. Al 34%, una tercera persona le pidió algún beneficio durante el juicio, a cambio de otros como dejarla en libertad, disminuir la gravedad de los delitos, modificar la versión de los hechos, disminuir la sentencia, acelerar o alentar el proceso, etcétera; sin embargo, el 73.9% no tenía forma de pagar por ello.

Durante la reclusión también se presentan hechos de corrupción; por ejemplo, 104 de cada 1000 privadas de la libertad en SLP reportan haber sido víctimas de algún acto de corrupción en el penal:

90% le ha pagado a algún custodio o custodia por beneficios; 23% a otros internos; y 10% al personal técnico penitenciario, por beneficios tan elementales como pasar la comida, pasar ropa, obtener espacios para visita, conseguir el paso de otros objetos, incluso usar los sanitarios o tener visita conyugal.

El 34% pago entre 500 y 3000 pesos por ese beneficio, mientras que el 26% desembolsó más de tres mil pesos y, quizá lo peor: el 95% no presentó ninguna denuncia por ese hecho.

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