Semana del 12 de Noviembre al 18 de Noviembre de 2021

San Luis Potosí, estado sin respeto por los Derechos Humanos

San Luis Potosí, estado sin respeto por los Derechos Humanos

Desde falta de armonización de leyes locales hasta desconocimiento nulo de las autoridades del concepto y aplicación de los Derechos Humanos, son algunas de las falencias que mantiene San Luis Potosí en su intento por hacer cumplir las mínimas garantías de los 2.8 millones de habitantes.

Carencia de una unidad Especializada para la investigación de feminicidios, falta de armonización de legislación local y alta concentración de quejas contra la Fiscalía General del Estado (FGE), son algunos de los hallazgos del Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021: una Radiografía Estatal.

El reporte elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), indica que el estado tiene un avance del 90.91% de armonización en las disposiciones jurídicas con respecto a la Reforma Constitucional de 2011.

Para el organismo nacional, la armonización contribuye a garantizar el respeto, reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, con el objetivo de contribuir al deber del Estado Mexicano de contar con un marco jurídico integrado y coherente; por ejemplo, en el sistema penitenciario.

Justamente en ese tenor, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona dio a conocer en semanas anteriores las condiciones inhumanas del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la capital potosina, complejo carente de las mínimas garantías a las y los internos.

Evidenció áreas de cocina insalubre, adultos mayores durmiendo en pedazos de bases de madera, hacinamiento y nulo acceso a insumos sanitarios para la menstruación de las mujeres, son parte de la radiografía encontrada solo en el principal penal del estado.

Al momento se desconoce si la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio, dadas las evidentes violaciones a las garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad (PPL).

LOS DESAPARECIDOS
Precisa que presenta un avance del 52% en cuanto a la armonización de sus disposiciones jurídicas que garantizan el derecho a la protección contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por

PARTICULARES.
Por lo anterior, aduce que se debe poner atención a las dimensiones políticas, jurídicas, sociales y económicas que hagan operacionalizable la garantía, respeto y promoción de este derecho.

Aclara que fortalecer los mecanismos normativos y administrativos que robustezcan la figura de la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema de Búsqueda de Personas y Alerta Amber, encaminándola a la creación de una Fiscalía Especializada en la materia.

En ese sentido, EMSAVALLES dio a conocer recientemente en exclusiva, que la Fiscalía General del Estado abrió 75 carpetas de investigación por delito de desaparición forzada, en más de seis años y medio.

Ejemplo de ese caso lo documentó la CEDH en la Recomendación 27/2018 emitida a la presidencia municipal de Ciudad Valles, pues el 11 de diciembre de 2016 abrió un expediente por la desaparición de los jóvenes Everardo Manuel González González e Iván Salas Solís.

Los hechos recabados en la investigación, informan que ocho personas, entre ellas cinco policías municipales con la función de "escoltas" del entonces alcalde Jorge Terán, privaron de la libertad a los dos hombres en diciembre de 2016.

Según lo recopilado, entre las 15:00 y 15:16 horas del 9 de diciembre de 2016, Salas Solís y González González se encontraban en una peluquería ubicada en la calle Pedro Antonio de los Santos, cuando se presentaron ocho personas, cinco identificadas como elementos en activo, quienes se los llevaron contra su voluntad.

ESTADO REPRESOR
La CNDH informa que los marcos normativos del estado cuentan con un 44.76% de avance en su adecuación para respetar, garantizar y promover el derecho de las personas a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Demanda que se debe dar impulso, atención y seguimiento a los esfuerzos encaminados a la incorporación de una Fiscalía Especializada en Tortura.

Trastornos evidenciados en estrés postraumático, depresión mayor, pánico, evitación y dependencia tipifican, fue el resultado de un hombre torturado por agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) en el 2015.

La agresión quedó evidenciada en la Recomendación 24/2019 de la CEDH dirigida a la FGE y la Dirección General de Métodos de Investigación, cuyo contenido narra que a uno de tres detenidos le echaron agua en la boca y nariz, diciéndole que no sabían en "el pedo en el que se metieron" y que se iban a morir, además de recibir amenaza de que iba a "acabar" con sus familiares.

LOS IRRESPETUOSOS DE LOS DDHH
Finalmente, concluye que las principales autoridades señaladas en los expedientes de queja fueron la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)y en tercer lugar, el gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí.

"El año 2021 conllevará múltiples retos en materia de Derechos Humanos en México. Al clima de indefensión generalizada, que ha sido denunciado sistemáticamente por diversos actores de la sociedad, se suman las dificultades vinculadas con una crisis de escala global generada por la pandemia del COVID-19, cuyos impactos aún son inciertos", establece.

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