Semana del 11 de Octubre al 17 de Octubre de 2019

Daniel Esqueda y la justicia que no llega

Daniel Esqueda y la justicia que no llega

Fernando Garduza

El pasado domingo se cumplieron dos años del asesinato del fotoperiodista, Daniel Esqueda Castro y a la fecha las autoridades siguen sin esclarecer el caso, lo cual para algunos representantes de los medios es una muestra de que en San Luis Potosí no existen garantías para desarrollar la labor periodística. La Fiscalía General del Estado y el propio Poder Ejecutivo han sido omisos en resolver este caso que genera incertidumbre entre el gremio.

A dos años, el asesinato sigue sin resolución y aunque desde un inicio hubo sospechas y señalados dado que el propio Esqueda Castro había denunciado amenazas por parte de policías municipales a causa de su labor, no hay indicios de que las investigaciones hayan avanzado pese a la promesa del ahora fiscal general del Estado, Federico Garza Herrera de que este crimen no quedaría impune.

MUJERES PERIODISTAS EXIGEN JUSTICIA
En el marco del segundo aniversario del crimen, la Red de Mujeres Periodistas del Estado publicó el Facebook un posicionamiento en el que advierte que se desconoce el avance de las investigaciones, por lo que exigen a las autoridades que garanticen el libre ejercicio del periodismo.

“Las integrantes de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí exigimos justicia para el fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, pues a dos años de su asesinato no hay personas vinculadas a proceso, ni certeza en el avance en las investigaciones”, dice el escrito publicado en redes sociales.

Entre otras cosas, detallan que Esqueda Castro había denunciado amenazas por parte de elementos de la Policía Ministerial ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía, antes del 5 de octubre de 2017, fecha en la que sujetos que se identificaron como policías ministeriales irrumpieron en su vivienda y se lo llevaron. Horas más tarde se confirmó su homicidio.

“Para la Red queda claro que la justicia no es una constante en la entidad potosina como tampoco lo es la transparencia en el avance de las investigaciones. Han sido dos años de exigir, desde el gremio, conocer los progresos en las labores de indagación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el momento no se sabe si el proceso avanza o se encuentra archivado”.

Agrega, que es evidente que los mecanismos de protección a periodistas con los que cuenta el estado “no son los ideales para garantizar la integridad de las y los periodistas perseguidos por el ejercicio libre de su labor”.

Además, a estas fechas son dos años de incertidumbre para todo el gremio periodístico en San Luis Potosí, pues no hay garantías de seguridad “por lo que mañana las víctimas podríamos ser una de nosotras”.

Por ello, la exigencia de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, para las autoridades, es esclarecer el homicidio de Esqueda Castro, garantizar el libre ejercicio de la actividad periodística en San Luis Potosí, revisar el correcto funcionamiento de los mecanismos activos a nivel local, y coordinar esfuerzos con el mecanismo federal de protección a periodistas, para que ningún comunicador sea otra vez vulnerado.

SIN AVANCE PESE A SEÑALAMIENTOS
Cuando Esqueda Castro fue secuestrado el 5 de octubre de 2017, su familia denunció que quienes acudieron a su domicilio se identificaron como policías ministeriales, lo que generó una escueta respuesta por parte del jefe de la corporación, José Guadalupe Castillo Celestino.

“La Policía Ministerial del Estado informa que no se ha realizado ninguna acción policial en contra de un reportero de la ciudad capital, quien fue sacado de su domicilio la mañana de este jueves, por presuntas personas que dijeron ser de esta corporación. La Procuraduría General de Justicia del San Luis Potosí investiga estos hechos y apoya a la familia de la víctima en los trámites necesarios para su localización”, fue el posicionamiento.

Después del hecho se supo que el foro periodista solicitó protección a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación, pues en julio anterior fue amenazado por agentes ministeriales cuando cubría un evento de violentos en la capital.

Uno de los hechos reportado por Esqueda Castro previo a esas fechas fue el asesinato, de Enrique N., un chico de 16 años a manos de agentes ministeriales, quienes lo confundieron con un delincuente que días antes estuvo involucrado en un ataque al domicilio del comandante Antonio Varela López.

A pesar de que el propio secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, ha declarado que en este caso no existe impunidad, sino que la tardanza es atribuible a que este tipo de casos llevan investigaciones muy largas, es natural pensar que la justicia, que debiera ser pronta y expedita, en San Luis Potosí es a conveniencia y sin la menor garantía de que alcalde a quienes forman parte del poder.

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