"La Ley de Aguas de Morena es control político, no solución hídrica": David Azuara Zúñiga alza la voz en San Lázaro

"La Ley de Aguas de Morena es control político, no solución hídrica": David Azuara Zúñiga alza la voz en San Lázaro

Emsavalles| | Martes, 02 de Diciembre de 2025| 13:29

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El diputado federal del PAN, David Azuara Zúñiga, fijó una postura firme en contra del nuevo dictamen de la Ley General de Aguas, al asegurar que la propuesta del Gobierno Federal no garantiza agua para todos, sino control para unos cuantos. Señaló que la iniciativa concentra el poder hídrico en la Federación, elimina derechos adquiridos y coloca nuevas cargas operativas y económicas sobre municipios, productores e industrias sin otorgar recursos adicionales para cumplirlas.

Azuara enfatizó que la ley llega en un momento especialmente crítico para el país, pues el campo enfrenta abandono institucional, recortes de más del 30% y la desaparición de más de 18 programas claves desde 2018. A su juicio, el dictamen no resuelve la crisis hídrica actual, que incluye infraestructura obsoleta, plantas de tratamiento inoperantes y una CONAGUA debilitada. "Mientras el país se queda sin agua, Morena presenta una ley sin presupuesto, sin técnica y con un solo objetivo: concentrar el control", afirmó.

Uno de los puntos que más preocupan al legislador panista es la incertidumbre que la ley generaría sobre la propiedad y los derechos del agua. Explicó que la transmisión de derechos quedaría sujeta a autorizaciones federales incluso en casos cotidianos como la venta de un predio, una herencia o un cambio de razón social.

Esto, dijo, afecta el valor de tierras agrícolas, naves industriales y pozos, e inhibe inversiones porque las concesiones serían reemplazadas por permisos renovables cada dos años, insuficientes para planear proyectos productivos. También alertó que la autoridad federal podría modificar o retirar permisos bajo criterios poco claros, abriendo espacio a la discrecionalidad.

Azuara Zúñiga condenó que el dictamen incluya penas de cárcel de hasta 12 años por conductas comunes en zonas rurales, como mover un medidor descompuesto o transportar agua sin permisos actualizados. Consideró que la propuesta criminaliza actividades productivas sin distinguir entre delito y necesidad.

Además, señaló que la ley mantiene fuertes restricciones para reponer o reubicar pozos colapsados, un fenómeno natural frecuente, lo que pone en riesgo cultivos, servicios municipales e industrias. Para las familias, añadió, tampoco es viable la exigencia de instalar sistemas de captación pluvial capaces de generar 150 litros por persona al día, una obligación que calificó como técnica y económicamente inviable para amplias regiones del país.

El diputado lamentó que la iniciativa imponga nuevas obligaciones a los municipios sin otorgarles presupuesto adicional, lo que, aseguró, agravará problemas de fugas, cortes y deficiencias en el servicio. "No se puede exigir más a los municipios cuando el Gobierno Federal les quita recursos y pretende controlar todo desde la Ciudad de México", sostuvo.

"Las y los diputados del PAN defendemos a las familias, a los municipios y a México. Queremos una Ley de Aguas justa, humana y con presupuesto real, no un instrumento de control político. Por México, por la patria, por tu familia y por tu libertad: defendamos el agua de todos", afirmó el legislador.