Nueva Ley de Aguas oficializaría expropiación de agua en pozos y concesiones

Nueva Ley de Aguas oficializaría expropiación de agua en pozos y concesiones

Emsavalles| San Luis Potosí, S.L.P.| Martes, 02 de Diciembre de 2025| 10:12

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La nueva Ley de Aguas impulsada por el Gobierno Federal encendió alertas en el sector productivo y en la oposición, que advierte que la reforma abre la puerta a la expropiación de concesiones de agua y centraliza el control total del recurso en la Federación.

Aunque el Ejecutivo la presenta como una legislación para "garantizar agua para todos", el análisis técnico revela que la iniciativa, de apenas 45 artículos y sin recursos presupuestales adicionales, elimina derechos adquiridos, impone cargas imposibles de cumplir para municipios y productores, y deja amplias facultades discrecionales a la autoridad federal.

Uno de los puntos más polémicos es la sustitución de las concesiones por permisos renovables cada dos años, lo que, según especialistas y legisladores, rompe la certeza jurídica que requieren la agricultura, la industria y los desarrollos urbanos.

Además, cualquier venta de predios, herencia, cambio de razón social o fusión empresarial deberá ser autorizada por el Gobierno Federal, afectando directamente el valor patrimonial de tierras, naves industriales y pozos.

El dictamen permite a la autoridad modificar o retirar permisos bajo criterios técnicos poco definidos, lo que, según PAN, PRI y PRD, podría convertirse en un mecanismo de control político y operativo sobre productores y gobiernos municipales.

La oposición sostiene que esta reforma "convierte el agua en un permiso revocable, no en un derecho", y advierte que, en la práctica, equivale a una expropiación progresiva de pozos y concesiones.

El proyecto también contempla penas de 2 a 12 años de cárcel por prácticas comunes en zonas rurales, como mover un medidor averiado o transportar agua sin permisos actualizados, sin distinguir entre necesidad y dolo.

A esto se suman restricciones casi totales para reponer o reubicar pozos colapsados, situaciones naturales y frecuentes que podrían dejar sin agua a municipios completos o zonas agrícolas.

La propuesta exige nuevas obligaciones técnicas y administrativas para las autoridades locales, pero no asigna presupuesto adicional, en un contexto donde la infraestructura hidráulica nacional está colapsada, la CONAGUA debilitada y más de 18 programas del sector se han eliminado desde 2018.

Incluso a familias y comercios se les obligaría a instalar sistemas de captación pluvial capaces de generar 150 litros por persona al día, una meta que especialistas consideran técnicamente inviable en gran parte del país.

El PAN afirma que la ley propuesta "no es hídrica, es política", y plantea un modelo alternativo con concesiones mínimas de 10 años, transmisión automática de derechos sin burocracia federal, reposición garantizada de pozos, un Fondo Nacional para infraestructura municipal y un sistema de sanciones proporcional, sin criminalizar al campo.

PRI y PRD coinciden en que la nueva Ley de Aguas "abre la puerta a la confiscación de pozos" y representaría un retroceso para la seguridad hídrica y alimentaria del país.