Estamos frente a una extraña etapa de transición, sin la clara certeza de adónde nos dirigimos, lo único real es que la inercia de los acontecimientos y discursos nos arrastran por caminos desconocidos. Tenemos la sensación de que priva el desorden, el que manda aún no toma posesión y, el saliente prácticamente ya no ejerce la autoridad.

Es obvio que los esperados cambios están en marcha, lo que desde luego es algo ineludible, pues el electorado no votó por una alternancia sino por la transformación del sistema político; la reconstrucción del estado de derecho; la redignificacion de la política; el fortalecimiento del desarrollo democrático y; el establecimiento de instituciones sólidas, por decir lo menos.

No obstante las expectativas creadas y el bono democrático que goza la administración entrante, últimamente hemos visto de todo: desde la licencia otorgada de manera inescrupulosa a Manuel Velazco para permitirle su retorno al gobierno Chiapaneco; la ley mordaza impuesta en el Congreso; los conflictos en la UNAM, el tratado con Estados Unidos; la consulta pública sobre el nuevo aeropuerto; el anuncio para legalizar las drogas; la propuesta de inmunidad; la cancelación de la reforma educativa y; hasta la caravana de migrantes hondureños ingresando al país.

Entiendo que algunos de estos asuntos son coyunturales, otros tienen que ver con forma y fondo. Lo preocupante es la inexistencia de priorizar la agenda. Todo se hace al mismo tiempo, así el congestionamiento está provocando caos, desgastando instituciones respetables y eficaces.

Si ese es el objetivo, la estrategia va por buen camino, esa receta fue aplicada en algunos países latinoamericanos con resultados negativos visibles, pues destruir instituciones para crear otras a modo, sería edificar un régimen de tendencia autoritaria, de partido de estado, libertades acotadas y democracia desterrada.

En ese entendido crean suspicacias decisiones y acciones de la nueva administración, particularmente por poner un ejemplo, la anunciada cancelación de la reforma educativa, más se aprecia como un acuerdo entre el nuevo gobierno y los sindicatos magisteriales, que una solución de fondo.

Lo mismo ocurre con la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de Seguridad, presentada en la Cámara de Diputados por el grupo parlamentario de Morena. El rubro es sin duda crítico, las cifras dadas a conocer recientemente por el Observatorio Nacional Ciudadano son aterradoras. Me parece necesario crear nuevamente la Secretaria de Seguridad Pública, sin embargo, el documento en cita en su parte conceptual deja cajones abiertos sin distinción alguna entre seguridad pública, nacional o interior, lo que desde luego se presta a interpretaciones vagas, imprecisas, ambiguas, polémicas y sobre todo confusas, amén de involucrar temas que tradicionalmente están a cargo de respetables instituciones.

Tales cuestiones difícilmente pueden adjudicarse a coincidencias, probablemente algunas de ellas sean coyunturales, multifactoriales y ajenas a la voluntad de la administración entrante, sin embargo, se localizan temas de fondo y forma en los que no acabó de comprender si es falta de coordinación que provoca el desorden y se imponen las ocurrencias o, si se trata de una estrategia previamente establecida.