Un peligro amenaza el proceso electoral en curso: La tentación de convertir los comicios en una guerra de exterminio para ganar el poder a como dé lugar.

Ante el temor de perder, el gobierno federal y los gobiernos locales podrían intentar una estafa a nuestra democracia.

De ocurrir esta maquinación regresaríamos a tiempos oscuros. Sería un atentado a nuestra transición democrática que tantas décadas de lucha costó a los demócratas de este país.

Comprar votos, condicionar la entrega de apoyos sociales o utilizar el aparato represivo del gobierno para perseguir o desprestigiar adversarios sería una regresión autoritaria.

Si permitimos que esto ocurra no tardaran en empezar a oprimir a líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y a todo aquel que sea señalado como un peligro para sus intereses.

Desgraciadamente hemos sido testigos en los últimos días del uso de la PGR, el SAT, el CISEN y la Secretaria de Hacienda como armas de guerra para intentar sacar de la contienda a Ricardo Anaya, candidato de “Por México, al Frente”.

El uso faccioso de las instituciones del Estado puede pervertir las elecciones. La voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas debe ser lo único que debe definir la representación política y no las distorsiones que le quieran imponer a nuestra democracia los grupos en pugna, sean del color que sean.

El presidente de la república, los gobernadores, los alcaldes y todos los funcionarios deben sacar las manos del proceso electoral.

Por su parte los árbitros y jueces de la contienda deben garantizar que los principios que rigen la materia electoral (legalidad, certeza, autonomía y transparencia) garanticen piso parejo a todos los contendientes. Estas autoridades electorales deben vigilar que los distintos órdenes de gobierno no intervengan para influir en beneficio de sus partidos.

El uso de la justicia con fines electorales.

En los últimos quince días Ricardo Anaya ha sido sometido a despiadados ataques que buscan desprestigiarlo para sacarlo de la contienda electoral.

No sabemos en este momento si Anaya es o no culpable del delito que se le acusa (lavado de dinero). La última palabra la tienen las autoridades competentes. Lo que provoca inquietud y rechazo es el uso perverso de la Procuraduría General de la República (PGR) para lastimar a un candidato que les resulta incómodo. El Ministerio Público representa a la sociedad y no a un partido político.

En el caso de Ricardo Anaya la maldad con que ha actuado la PRG deja evidencia de que hay un uso indebido de las instituciones del Estado para golpear a un adversario.

Anaya ha prometido que de llegar a Los Pinos combatirá el pacto de impunidad que propicia la corrupción. Eso bastó para que desde el gobierno federal le soltaran los perros de guerra con la intención de destruirlo.

Estos ataques mantuvieron al panista arrinconado por unos días. Pero el pasado 4 de marzo Anaya inicio la contraofensiva y atacó de manera directa al presidente de la república pidiéndole con firmeza que sacara las manos de la contienda electoral.

El desplegado de los intelectuales y de COPARMEX.

El contraataque de Anaya recibió el apoyo de intelectuales, empresarios y de buena parte de la opinión pública. Sobre todo porque resulta inadmisible que el gobierno utilice con fines electorales a la PRG, al CISEN y a la Secretaria de Hacienda.

El lunes 5 de marzo, un grupo de 60 intelectuales de la talla de Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Denise Dresser, Enrique Krauze, Francisco Martín Moreno, Federico Reyes Heroles, Arturo Sarukhán y José Woldenberg, publicaron una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para exigir que se frene el uso de las instituciones del gobierno con el fin de perjudicar a los adversarios políticos.

Le dicen al presidente: “El uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales”.

Precisaron que su exigencia no era un apoyo tácito a la candidatura del panista, sino una preocupación por el uso del poder para vulnerar el proceso electoral.

Por su parte la COPARMEX denunció en un desplegado el uso sistemático de entidades del gobierno como “instrumentos auxiliares de la competencia electoral” para “favorecer a partidos y candidatos”.

La COPARMEX hizo “un firme llamado al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación que provoque sospecha, indicio o evidencia, de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en treinta entidades federativas”.

Ante una problemática como está bien harían el gobierno del estado y los 58 presidentes municipales en comprometerse a ser imparciales y respetuosos de los procesos electorales que ya han comenzado.